Mendoza tiene miles de niños en conflicto con la ley que no son contenidos

Carlos Fernández

Este es el panorama denunciado por los empleados de la Dinaf, desde donde alertaron sobre la inaplicabilidad de la ley 26.061 "por haber una desjudicialización de los casos de los niños y adolescentes", según Claudia Iturbe. Sobre este y otros asuntos clave deberá dar explicaciones hoy en la Legislatura la Ministra de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad local, Silvia Ruggeri.

Los niños y adolescentes de Mendoza que están en conflicto con la ley, y por lo tanto ante un gravísimo riesgo social, suman unos 1.200, según los números que maneja la Dirección de Infancia, Niñez y Adolescencia (Dinaf) de la provincia que dirige David Funes.

Esto fue denunciado por Claudia Iturbe, vocal de Ampros y trabajadora de la institución que recibe día a día casos de jóvenes que de diversas formas se encuentran en conflicto con la Ley. Precisamente con la Ley nacional 26.061.

“Estamos con un problema muy complejo para la aplicación de esta ley, por lo tanto estamos exigiendo que el Poder Ejecutivo garantice las condiciones para la aplicabilidad de esta ley ya que se observa una desjudicialización de los casos de los niños y adolescentes”, informó Iturbe pintando el grave panorama ante el que se encuentran los menores que delinquen y que no pueden ser recuperados socialmente por falta de estructura.

Por ello es que la vocal de Ampros alertó que “ante la desjudicialización” denunciada, a los casos “los está tomando un órgano administrativo”, dijo. Y añadió: “Ese órgano, que está compuesto por trabajadores sociales y psicólogas hoy atiende a todos los casos inimputables, generados por hechos de delitos a manos de menores de 13, 14 o más años”.

En tanto, Iturbe, informó que el problema es más complejo aún: “Porque ese órgano de profesionales está trabajando en una precariedad laboral en algunos casos muy grande y sin un real lineamiento político y una condición donde estén garantizadas las redes para poder saber dónde derivar a estos chicos para ofrecerles un tratamiento acorde y sin violar los derechos de los menores”, remarcó.

Por ello la profesional, quien en reiteradas ocasiones le ha llevado la novedad en distintas ocasiones a la Ministra de Desarrollo Humano, Silvia Ruggeri, manifestó que “estos chicos están más vulnerados que antes por lo que se está violando una ley nacional, porque no se están dando las condiciones mínimas”, enfatizó.
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En ese sentido Iturbe analizó que por el complejo problema “no sólo se está perjudicando a los niños en conflicto y la institución sino también a toda la sociedad, porque la ley no se está aplicando para darle seguridad a la población o para que tengan garantizada la seguridad los niños con algún tipo de maltrato, abuso o de violencia, porque en realidad los jueces al no tomar estos casos se ha perdido por ejemplo todo el cuerpo interdisciplinario que posee a más de cien profesionales”, apuntó.

Respecto a las falencias señaladas, además dijo que “el Ejecutivo –para atender los casos descriptos – no tiene movilidad , no tiene un fax, no tiene Internet, no tiene personal ya que hay departamentos donde la atención se presta con una sola persona de planta como ocurre en Tupungato, en Tunuyán, San Carlos o en San Rafael”, expresó. Y fue más lejos: “El resto del personal son contratados, con los famosos contratos basura, por supuesto y que cumplen 17 horas diarias y las dichosas guardias pasivas no se les pagan”, se quejó.

Asimismo Iturbe hizo hincapié en la problemática social actual, remarcando que “no hay una política social definida ya que lo único que nos dice Ruggeri es que la gente –por los profesionales – se organice y haga los informes de la problemática cuando lo que nosotros estamos exigiendo es una política de arriba para abajo”, lanzó.

“Por ejemplo que funcione la interministerial, por acá no participa sólo un ministerio, porque este problema no es sólo social, es de salud, de seguridad. Porque los profesionales pueden derivar un caso a un centro de salud y allí pueden decir que sí o que no lo aceptan. O lo derivan a una escuela donde pueden o no aceptar al chico, porque no se aplica la ley”, graficó.

Respecto a los casos, Iturbe informó que en lo va del año “la Dinaf lleva atendidos unos 3.500 casos de los cuales unos 1.200 son los de los chicos que están en conflicto con la ley, de los cuales son niños inimputables que sabemos que es un tema que está en la palestra actual y que realmente no se les está dando el tratamiento correspondiente porque no hay redes donde protegerlos”, remarcó. “Por no hay dónde derivar una adicción, por ejemplo”, amplió.

Según Iturbe, “desde Salud Mental han reconocido que tampoco existe dónde atender a un chico con una psicopatía”, aclaró.

MDZ Online, 04 – 05 – 09

La Quinta Pata