El derecho a la insurrección

Byron Barrera Ortiz

El golpe de Estado contra el presidente de Honduras de nuevo ha recordado en los países centroamericanos que los militares de viejo cuño continúan ahí, agazapados, junto con civiles oportunistas, esperando el momento para dar el zarpazo contra la democracia. Por supuesto, alentados por intereses de grupos minoritarios, pero poderosos económicamente, que se sienten afectados por las políticas de gobierno con más orientación social.

En Honduras era muy evidente que Zelaya rompió el compromiso con los grupos tradicionales de poder y se inclinó por una línea más popular y más independiente desde el punto de vista del Estado. Intentó abaratar las medicinas, cuyas compras son acaparadas siempre por las grandes farmacéuticas; promovió la competencia en el mercado de los combustibles; democratizó el crédito para los campesinos pobres; intentó que el Estado financiara a los partidos políticos para evitar el control de éstos por las élites poderosas y en política exterior se acercó al bloque liderado por Venezuela, que busca una integración de América Latina con autonomía del imperio estadounidense.

Tales políticas le valieron, por supuesto, la antipatía de los grandes medios corporativos, como parte que son, de las oligarquías locales.

La validez o no del estado de derecho, aunque afecte los privilegios oligárquicos en una democracia, es lo que está en juego. Si los intereses de minorías prevalecen por encima de la legalidad y el ejército se somete a sus propósitos, entonces habría que aceptar que el pueblo tiene derecho a la insurrección popular o armada. ¿Es así? Evidentemente ese sería el razonamiento lógico.

Para evitar dicho extremo, en cuyo caso la comunidad internacional debería aceptar la beligerancia de las fuerzas opositoras, armadas y no armadas, se impone el retorno a la institucionalidad democrática; es decir, de Zelaya y su gobierno.
Delitos cometidos por el Presidente de Honduras Manuel Zelaya durante su gobierno
Leer todo el artículo

1.- Reestructuró la formula de ganancias de las compañías transnacionales distribuidoras de petróleo Shell-Esso Estándar Oil. Introdujo la competencia de ALBA petróleo, en donde las ganancias de la actividad de venta de combustibles quedan en el gobierno de Honduras para obras de bien social.

2.- Convenio de colaboración con el gobierno de Cuba, para la importación de medicinas genéricas, a precios muy inferiores a los medicamentos de las compañías farmacéuticas transnacionales, 80% menor a medicinas de marca. La enorme mayoría de la población hondureña vive en niveles de pobreza y pobreza extrema, por lo cual no pueden acceder a servicios de salud y menos a medicamentos.

3. Canceló el otorgamiento de permisos de explotación minera a cielo abierto.

4.- Incrementó un 30% el salario mínimo de los trabajadores, permitiendo por primera vez a la clase trabajadora en Honduras, tener un salario que permite la compra de los productos de la canasta básica. Es decir que no se mueran de hambre.

5.- Destinó un 1% del presupuesto a programas de conservación del medio ambiente. La explotación sin control e inmisericorde de grandes áreas boscosas, son propiedad exclusiva de un minúsculo grupo de familias.

6.- 1200 profesores y trabajadores sociales de Cuba trabajan en zonas indígenas, rurales y garifunas, en redes comunitarias solidarias, algo que es fundamental para sacar a los sectores sociales de la extrema pobreza.

7.- Veto el aporte de dineros de empresas y personas extranjeras a los partidos políticos de Honduras, es decir eliminó la ingerencia de empresas transnacionales en la política de Honduras.

8.- Implementó Cajas de Ahorro Comunales para darle crédito a bajas tasas de intereses a quienes no son sujeto de crédito en el sistema financiero tradicional.

9.- Implementó el Programa de Participación Ciudadana para otorgarle poder de decisión a la población en general sobre temas vitales del diario vivir: Salud, Educación, Presupuesto, Gobierno.
Esto último constituye el delito mas grave, la gota que derramó el vaso, ya que en nuestras llamadas democracias al ciudadano solo se le llama para votar por alguien cada cuatro años y no para decidir sobre temas específicos de bienestar Político, Económico y Social.

La Quinta Pata