Guatemala. Agitación social y los peores temores. Mientras la ex candidata presidencial y activista por los derechos humanos, Rigoberta Menchú, advierte sobre la posibilidad de que los sectores económicos más poderosos puedan orquestar un golpe de Estado contra el presidente Álvaro Colom, las organizaciones sociales salieron a la calle a reclamar por sus derechos expresando su rechazo a los proyectos de extracción minera. Mientras las comunidades Q’eqchís participaban en la concentración de rechazo a la explotación minera en el cruce de Entre Ríos Puerto Barrios Izabalel, trece elementos de la Policía Nacional Civil incursionaron en la comunidad Creek Maya.
Esta semana unos 15 mil indígenas iniciaron una movilización hasta la capital del país y tomaron carreteras para exigir, entre otras cosas, la suspensión de la nueva Ley de Minería, ya que esta es perjudicial para las comunidades rurales.
Es que la aprobación de esta normativa dejaría sin efecto a todas las consultas comunitarias que se han realizado en Guatemala, y en las que la población ha expresado su rechazo a los proyectos de extracción minera.
A eso se suma el pedido de la comunidad de San Juan Sacatepéquez, en el departamento central de Guatemala, para que la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso abandone sus territorios. Esta compañía de capitales suizos pretende instalar una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares.
Integrantes de la asociación Ceiba Guatemala comentaron que los pobladores que se verían afectados por este emprendimiento son principalmente artesanos de la mueblería y el telar, y cultivadores de flores.
Aseguran que los planes de la cementera para supuestamente “mitigar” los impactos ambientales incluyen la reforestación con eucaliptos, lo que tendría consecuencias aún más graves sobre las fuentes de agua, advierten los lugareños.
Por otra parte, Radio Mundo Real entrevistó a Alfonso Morales, líder de la coordinadora Maya Mam del departamento de Huehuetenango, en la frontera noroccidental con México, donde las organizaciones están pidiendo la suspensión inmediata de cincuenta licencias de minería, y también la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, que promueva la economía local y campesina.
Leer todo el artículo“Miles de compañeros indígenas han salido a la calles, para defender las 25 consultas mineras que se hicieron en Huehuetenango”, afirmó Morales, que advierte sobre el proceso de criminalización que están sufriendo los dirigentes sociales en Guatemala.
Solidaridad con comunidades y rechazo a la explotación minera
En el contexto de la Movilización Nacional por la Defensa del territorio y la Madre Tierra del 13 y 14 de julio de 2009, mientras las comunidades Q’eqchís participaban en la concentración de rechazo a la explotación minera y de solidaridad con las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, en el cruce de Entre Ríos Puerto Barrios Izabal; el martes 14 a eso de las 18:00 horas, trece elementos de la Policía Nacional Civil abordo de tres autopatrullas, incursionaron en la comunidad Creek Maya. Similar situación vivido el 5 de julio cuando hombres fuertemente armados dirigidos por el Militar Álvarez Noriega, incursionaran en el Barrio Buena Vista de Livingston, tierra q’eqchí que la Señora Ileana Lemus de Castellán intenta adueñarse.
La presencia de la PNC alarmó a los habitantes, debido a incursiones violentas que estos han realizado en las comunidades q’eqchís, meses anteriores cuando se detuvo ilegalmente al dirigente Ramiro Choc y posterior ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom.
Acción de clara provocación, sin embargo, la comunidad Creek Maya mantuvo la calma y cuestionó la incursión de los elementos de policía, pero no hubo explicación alguna; hombres, mujeres y niños pudieron controlar a los elementos de la PNC, mientras se realizaba los contactos con las autoridades departamentales correspondientes, sin que ninguno de ellos diera fe de haber ordenado su presencia en el área, por el cual la comunidad hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Luego de horas de verificación se logro contactar con la Policía Nacional Civil de la ciudad de Guatemala, donde se verificó que la orden fue emanada desde la ciudad capital para incursionar en el territorio Q’eqchí. Tal situación se pone en duda y la pregunta es ¿por qué se envían elementos fuertemente armados desde la ciudad capital para incursionar en las comunidades q’eqchí “sin” el conocimiento de las autoridades propias del departamento?
La experiencia de violencia en contra de las comunidades en meses recientes y la condena en contra de Ramiro Choc por un delito que no ha sido verificado y comprobado fehacientemente y ante la conspiración de las autoridades departamentales; Creek Maya verificó los registros del armamento y nombre de cada elemento de la PNC, para evitar cualquier acusación falsa del que muchos funcionarios públicos hacen uso, para criminalizar a las comunidades indígenas de Livingston, haciendo que se retiraran de la población a las 22:00 horas del mismo día.
Ante esta acción de intimidación, las comunidades Q’eqchis exigen:
* A las Instituciones gubernamentales, respeto a la dignidad y territorio de los habitantes de Livingston. Responsabilizamos al Ministerio de Gobernación de este hecho, por ser la autoridad competente de los elementos de la PNC.
* Al Presidente Álvaro Colom, su responsabilidad como gobernante del país para detener la criminalización hacia las comunidades.
A los mandos militares y Policía Nacional Civil les decimos
* ¡Fuera de nuestras tierras y alto a las intimidaciones!
* Que juzgue la historia,
* Castigue la Verdad,
* Que condene la justicia
* Encuentro campesino, Livingston Izabal
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
Radio Mundo Real y No a la mina, 17 – 07 – 09
La Quinta Pata
No hay comentarios :
Publicar un comentario