Juan Manuel Fonrouge
*Sin libertad de información no hay democracia.
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales, que buscará terminar con el Decreto - Ley de Radiodifusión 22.285, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, no se trata de un mero hecho testimonial, ni de una embestida contra un actor en particular, se trata de empezar a democratizar la comunicación y lograr mayor pluralidad.
Es verdad que la Ley ha sido modificada en la democracia decena de veces, bandera que levantan los monopolios mediáticos y los sectores políticos neoliberales, pero lo que no explican es que las modificaciones realizadas solo han profundizado el proceso de concentración empresarial.
La vigente Ley de radiodifusión no considera a la comunicación como un derecho y al espectro de radio y televisión como patrimonio público.
Viola la libertad de expresión al impedir el acceso a licencias a todo aquel que no sea una sociedad comercial, y esto a la vez genera la violación al derecho a la información, en tanto un sector social minoritario que ostenta estas licencias en un sistema monopolizado reproduce un discurso único a lo largo y ancho del país.
Asistimos al mensaje monocorde de las empresas periodísticas, autorizadas desde la Capital Federal a transmitir en cadena, por lo que un jujeño se levanta a la mañana con un choque en la panamericana como si el país terminara en la autopista. El 80 % de los contenidos se produce en la Capital Federal, la nueva Ley buscará implantar pisos mínimos de producción local y nacional.
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