Emilio Marín
Se discute si existe o no una carrera armamentista en nuestra región. El debate es sano si parte de reconocer que el mayor gasto en armas corresponde a EE UU. Y que Hugo Chávez tiene derecho a defenderse.
Casi siempre aparecerá antipático la adquisición de armamento por distintos gobiernos, por el gasto de ingentes cantidades de dinero en vez de afectarlos al combate a la pobreza. Y más aún suena como un despilfarro cuando América Latina tendrá a fines de año un contingente de 18 millones de desocupados.
Ese preocupante dato estaba en enero de 2009 en el informe "Panorama Laboral", del director de la OIT para América Latina y El Caribe, Jean Maninat. Allí se informó que "el incremento – respecto al año anterior – puede llegar a 2.400.000".
Ante ese cuadro social y económico, es obvio que las noticias sobre gasto en armas en principio descorazonan.
De todos modos, no cabe limitarse a una primera mirada sobre el problema. Corresponde indagar quién y cuánto gasta, con qué objetivos políticos, porque no es lo mismo lo que dilapida la administración Obama, como antes la de Bush, que lo que invierta el gobierno de Venezuela. "No es lo mismo", para parafrasear al cantante Alejandro Sanz, el híper crítico de Hugo Chávez.
La aclaración es necesaria, porque los diarios alineados con las campañas del Departamento de Estado –los de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Grupo de Diarios de América – han puesto el foco sobre las adquisiciones que Chávez hizo en Rusia y simultáneamente silenciaron el gasto militar de Colombia. Esto último es lógico, si se tiene en cuenta que Enrique Santos, el presidente de la SIP, es a la vez el titular del diario colombiano El Tiempo de Bogotá, de la familia del vicepresidente Francisco Santos.
La secretaria de Estado Hillary Clinton quiso sentar al bolivariano en el banquillo de los acusados, diciendo que sus gastos militares "sobrepasan las del resto de la región". También le reclamó que "sea transparente en sus compras y claro en sus propósitos, para evitar que esas armas puedan terminar en manos de la guerrilla, el narcotráfico y organizaciones criminales".
Leer todo el artículoLlegado a ese punto, el cronista se ve obligado a recordar que el gasto mundial en armamentos supera el billón (millón de millones) de dólares anuales y que este ranking está encabezado por el imperio con capital en Washington.
El presupuesto del Pentágono, el último año de Bush, fue de 666.000 millones de dólares; en 2010, el primero de Obama, será de 654.000 millones (citado en "La industria militar enfrenta años flacos", The Economist-La Nación, 22/03).
Y no se trata sólo de una cuestión cuantitativa, de que EE UU gasta más. Es también, y sobre todo, un asunto cualitativo: el imperio gasta en ese rubro para hacer la guerra a otros países y sostener un orden mundial injusto. Más de un millón de muertos iraquíes desde 2003 así lo testimonian.
Las compras de Caracas
En el cotejo con lo gastado por la superpotencia, las compras de Caracas son notablemente inferiores. Se le reprocha que en cuatro años, desde 2005 a la fecha, compró material de defensa de origen ruso por 4.400 millones de dólares. Es una cifra de cierta importancia, aunque muy inferior a las millonadas del Pentágono e incluso de los 12.000 millones de dólares que el brasileño Lula da Silva acordó comprar en armamento fabricado por Francia. El anuncio fue refrendado el 7 de setiembre pasado, durante la visita de Nicolas Sarkozy a Brasilia.
No es lo mismo una superpotencia que hace dos guerras en simultáneo (Irak y Afganistán), bloquea Cuba y extiende la OTAN hacia la frontera de Rusia, que el programa de defensa de Chávez, que en abril de 2002 fue objeto de un golpe de Estado en su contra.
Las últimas adquisiciones de Venezuela fueron anunciadas en la primera quincena del corriente mes. El presidente llegó a Moscú y recibió de buen grado un crédito de Dimitri Medvedev por 2.000 millones de dólares, para adquirir sistemas misilísticos antiaéros y radares. De regreso a su país, en el programa Aló Presidente, aclaró: "nuestro objetivo es proteger elementos estratégicos como las grandes ciudades, las refinerías y otras instalaciones petroleras, además de las militares". Precisó que "el S-125 "Pechora", el S-300 "Antey-2500" y el N-2 se complementarán para detectar y batir blancos ubicados a diferentes distancias; será bien difícil que vengan aviones extranjeros a bombardearnos, porque los montaremos en los llanos, montañas, costas y hasta bajo tierra".
En los años anteriores, Caracas había hecho el pedido de compra de 92 tanques rusos T-72, argumentando que su parque de blindados data de 50 años atrás. Y anteriormente había encargado 24 aviones caza Sukhoi-30, 50 helicópteros de combate y 100 mil fusiles Kalashnikov.
Esas operaciones fueron absolutamente transparentes porque desde 1999, cuando llegó al Palacio de Miraflores, Chávez abolió el secreto militar. En eso cumplió con el pedido de las Naciones Unidas para todos los países, en el sentido de que la transparencia en este rubro ayuda a controlar el armamentismo. ¿Acaso los otros gobiernos actúan así?
El oscuro Uribe
Frente a esa transparencia venezolana se alza la opacidad de Álvaro Uribe, de Colombia. Este sí que está gastando a dos manos en armas, con la excusa de la guerra contra la guerrilla de las FARC y el ELN, y de su supuesta lucha contra los narcotraficantes.
El presupuesto anual de "Defensa" de quien iría por la re-reelección es de 5.500 millones de dólares, que son reforzados por los fondos inyectados por el "plan Colombia". Se estima que éstos fueron 5.500 millones de dólares desde su inicio en 2000 y hasta la fecha, en que podrían aumentar luego del anuncio de que el Comando Sur del ejército norteamericano dispondrá de 7 bases militares en territorio colombiano.
La salida de los estadounidenses de la base de Manta, en Ecuador, de la que dispusieron durante diez años, dio lugar a ese traslado hacia instalaciones en el país vecino. Sólo una de esas bases, la aérea de Palanquero, insumirá 46 millones de dólares para su ampliación y mejoras.
Ese anuncio del general colombiano Freddy Padilla y el titular del Comando Sur, Douglas Fraser, motivó una airada reacción en Latinoamérica. Así se patentizó en las dos últimas cumbres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) realizadas el 10 de agosto en Quito y el 28 del mismo mes en Bariloche, así como en la deliberación de ministros de Defensa de Unasur en Quito, el 15 de setiembre.
No solamente Chávez, Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Rafael Correa (Ecuador) rechazaron en forma total el plan de las 7 bases de EE UU sino que otros mandatarios, más moderados, como Lula y Cristina Fernández, también las cuestionaron.
El documento de la Fuerza Aérea norteamericana, aportado por Chávez a la cita de Bariloche, dejaba claro que el empleo de instalaciones en Colombia podía ir mucho más allá de sus "fines internos" y podía dar pie a acciones desestabilizadoras de la democracia en cualquier punto del subcontinente.
Ese es un riesgo directo para Chávez y Correa, vecinos de Uribe, pero también una amenaza para la Amazonia brasileña, las fuentes de agua dulce de la región fronteriza de Brasil, Paraguay y Argentina; las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela y Brasil, etcétera.
Merece remarcarse que los acuerdos de Bogotá con el Comando Sur de EE UU siguen bajo un espeso manto de clandestinidad. No fueron puestos en conocimiento de Unasur el 28 de agosto en el hotel Llao Llao ni más recientemente en la cita de ministros de Defensa en Quito. El programa de Uribe no es solo intervencionista, militarista y peligroso para la soberanía de los países de Latinoamérica. También, por eso mismo, es en gran medida secreto, como casi todas las cosas que salen de la cocina del Pentágono.
En síntesis, no habría que limitarse a citar que "Latinoamérica y el Caribe gastó 91 por ciento más entre 2003 y 2008, al pasar de 24.700 millones de dólares a 47.200" (Javier Lafuente, El País de Madrid, 29/8). Hay que saber sobre todo quién compra cuántas armas y para qué, si lo hace para agredir a otros países o para defender su soberanía y sus recursos naturales.
Por ejemplo, y el cronista no está abogando por una guerra allí, no es lo mismo que los británicos refuercen la guarnición Malvinas, donde son usurpadores, que Argentina adquiera o produzca material militar para forzar una negociación que recupere la soberanía sobre ese territorio patrio.
La Arena, 26 – 09 – 09
La Quinta Pata
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