Palabra y memoria, armas contra la impunidad

Olivier Reboursin

Continúa juzgándose en Santa Fe al ex juez federal Víctor Brusa y a los represores que actuaron en el Centro Clandestino, que funcionaba en la Comisaría 4ta de la capital provincial.

El martes pasado, 22 de Septiembre, prestó declaración testimonial el querellante José Ernesto Schulman – actual Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Denunció allí la maquinaria de terror sembrada desde el Estado en tiempos de la Triple A y señaló las consecuencias vigentes del genocidio.

En este juicio, que se desarrolla en la capital provincial, están siendo juzgados, además del ex Juez Federal, Víctor Hermes Brusa, parte del personal de la Comisaría local, ex miembros de la Guardia de Infantería Reforzada – todos ex policías – y militares que operaban como parte del funcionamiento represivo en el marco del Cuarto Cuerpo de Ejército.

Las particularidades de este caso no son pocas, ya que es la primera vez que una mujer – la ex agente de policía María Eva Aebi, que oficiaba de carcelera de los presos políticos – es sometida a la decisión de un tribunal por su accionar durante la dictadura. Se encuentra también en el banquillo de los acusados quien fuera un alto funcionario judicial durante la década menemista: Víctor Hermes Brusa, quien participó como interrogador torturador de detenidos desaparecidos mientras era secretario del juzgado federal de la provincia en los años de la última dictadura militar. Además, están siendo juzgados varios integrantes de la policía provincial que actuaron como patota encargada de secuestrar, torturar y sembrar el terror en la población civil y la militancia política, algunos de ellos, como el caso de Mario Faccino y Eduardo Ramos, reciclados a la salida de la dictadura como políticos del sistema, ocupando el primero el cargo de Presidente de la Junta Comunal de Rincón y el segundo el de Concejal, ambos integrando las listas del Partido Justicialista.

Estos datos demuestran que este juicio se revela como un juicio – valga la redundancia – a la participación integral de los sectores del poder y sus herramientas en el genocidio, demostrando que no se trató de una acción llevada adelante sólo por militares.

El martes a la mañana, con una foto de la detenida desaparecida Alicia López sobre el pecho – por cuyo secuestro y asesinato también debía procesarse a los represores, pero que un tecnicismo arbitrario dejó el caso fuera del juicio –, Schulman comenzó su declaración testimonial contextualizando la época del gobierno de María Estela Martínez de Perón y la creciente actividad terrorista y represiva de las fuerzas armadas y de seguridad contra el movimiento popular en la ciudad de Santa Fe.
Leer todo el artículo

Relató así los pormenores del atentado sufrido por su familia en diciembre de 1975 cuando una bomba destruyó su casa, además de la detención ilegal de su hermano Pablo la misma noche del golpe del 24 de marzo de 1976, expresando en palabras la evidente persecución a él y su familia por ser integrantes del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista.

A lo largo de su alocución, Schulman explicó el funcionamiento metódico de la represión, dio cuenta de cómo algunos de los acusados, como Ramos, buscaban infiltrarse en las organizaciones populares, relató sus secuestros en noviembre de 1976 y abril de 1977, y las torturas y vejaciones a las que fue sometido al igual que los otros cientos de presos políticos y secuestrados que pasaron por la Cuarta y la cárcel de Coronda. Sobre este último lugar Schulman señaló: “Coronda era una máquina de destruir subjetividad, de destruir personalidades” y contó que el represor a cargo del establecimiento penitenciario le señalaba a los secuestrados que allí estaba prohibido hablar, comunicarse entre compañeros, cantar, hacer gimnasia, y que todo lo que no estaba específicamente permitido, estaba prohibido.

“La única manera de sobrevivir era mantener un espacio de libertad personal y en mi caso fue no permitirle a los represores que me transfirieran la culpabilidad”, dijo el actual responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, y explicó que esa búsqueda se volvió durante su cautiverio en una práctica colectiva en la que los presos construyeron una “radio” y, desafiando los estrictos controles de los carceleros, pusieron en marcha una colectivización de saberes populares que iban desde la filosofía marxista – tarea encomendada a Schulman – a cómo hacer un buen locro o realizar una instalación eléctrica.

Las palabras de Schulman fueron una acusación directa al poder real que generó el genocidio y puso a las fuerzas armadas y de seguridad como ejecutores del mismo, reclamando no solo por la ausencia de los sectores económicos que impulsaron la dictadura – “el robo no lo hacían los perejiles de la patota sino las multinacionales y el gran capital, en Santa Fe lo hizo Acindar” dijo – sino también por una pronta e imprescindible modificación en la política de organización de los juicios que permita su aceleración y condena de todos los involucrados. Citando a su abogada Jessica Pellegrini, que junto a su colega Leticia Faccendini – ambas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Rosario – ejercen la asistencia técnica, dijo: “Podemos luchar contra la impunidad pero no contra el cáncer”, en alusión al caso del represor del ejército Domingo Manuel Marcellini que había sido acusado, pero fue declarado “inimputable” en razón de su estado de salud.

“Durante treinta años hemos reconstruido colectivamente lo que pasó. Hemos armado un rompecabezas. Estos juicios los hemos construido nosotros – dijo finalmente involucrando en ese colectivo a sobrevivientes del Terrorismo de Estado, familiares, organismos de DDHH y organizaciones populares – la justicia argentina nos debe muchísimo, ratificando así ese concepto bajo la forma de un juramento en el que se comprometió a seguir peleando por Memoria, Verdad y Justicia.

Red Eco, 25 – 09 – 09

La Quinta Pata