SiTEA denuncia pacto judicial-gobierno

La Suprema Corte de Justicia Mendoza declaró constitucional el congelamiento de la antigüedad que desde hace años decretó el gobierno provincial y que los estatales reclaman con insistencia por el derecho que les asiste de un beneficio que le es legítimo desde que lo lograron con su lucha. Son miles los empleados de la administración pública que esta resolución judicial les impide el goce de ese derecho.

Uno de los dirigentes gremiales más "picante", Víctor Hugo Dagfal, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, ha salido con los botines de punta contra esta decisión, denunciando que "es consecuencia de un pacto entre el Poder Judicial y el Gobierno...Lo dijo el presidente de la Corte cuando asumió, que iba a ser la Corte de Jaque como lo fue de Cobos. No conocen la división de poderes. Es clarito que se preparan los fallos a la medida del Gobierno. En general, los miembros de la Corte trabajan para los más ricos, como siempre". Para reafirmar estos conceptos, en una asamblea del SITEA para tratar esta cuestión, se distribuyeron fotocopias de los bonos de sueldos de algunos jueces, como el de Carlos Bohm y Aída Kemelmajer, ministros de la Corte. En el caso de Bohm , su salario de bolsillo en agosto fue de 26.294 pesos, 10.920 de los cuales corresponden al ítem antigüedad. Por su parte, la ministra Kemelmajer percibió 23.247 pesos, de los cuales 8.190 pesos corresponden al mismo rubro de la antigüedad. "Este fallo se produce justamente después que a los jueces le dieron el 82% móvil, lo que significa que cobran casi como los jueces federales, y les pagaron la vieja deuda que ellos habían reclamado en un juicio perdido en la Corte nacional. Se la pagaron contantes y sonantes. “Pareciera que ellos son los únicos que tienen derecho" agregó Dagfal, con mucha bronca, expresando lo que sienten la totalidad de los estatales que se quedan, al menos momentáneamente, sin este beneficio, porque, como también lo afirma el dirigente, se va a recurrir a todas las instancias, "incluso a la Suprema Corte de la Nación" en consonancia con el letrado patrocinante de los trabajadores, el abogado José Atilio Lucero: "...Tenemos confianza en que a nivel nacional se revierta la situación. El monto total que el Gobierno retiene a los trabajadores es de unos 240 millones de pesos, según lo admitió el ministro de Hacienda".

Por su parte, al ser consultado el dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Medoza, Ramón Ábalo, entidad que tiene una activa participación en la defensa de los derechos económicos-sociales de los sectores populares, expresó: "ratificamos lo tanta veces denunciado en cuanto analizamos la actitud de la justicia federal que interviene en las causas que los organismos humanitarios hemos interpuesto ante esos tribunales contra los genocidas de la dictadura militar del 76: es una justicia clasista, como lo son todas las expresiones de la estructura jurídica, desde la Constitución para abajo, y como en este caso que denuncia SiTEA, es también una clara expresión de lo que afirmamos".

La Quinta Pata, 22 – 09 – 09

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