El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) decidió ayer por 12 votos a 8 no aceptar $1.237.786 provenientes de las utilidades de la minera. Hasta aquí, sólo algunas facultades en el país habían tomado una decisión en ese sentido.
La Universidad Nacional de Río Cuarto se convirtió ayer en la primera en el país en rechazar los fondos provenientes de las utilidades de la minera La Alumbrera.
En la sesión del Consejo Superior, finalmente se impuso la moción de rechazar el dinero proveniente de la explotación a cielo abierto que se ejecuta en Belén, provincia de Catamarca.
Cuando hasta el fin de semana la decisión a tomar por el órgano de gobierno universitario parecía la opuesta, un puñado de votos se definieron por el rechazo, y así se terminó de constituir un resultado que al final pareció abultado: 12 en contra y 8 a favor de tomar esos fondos que llegan en base a la distribución prevista en la ley nacional 14.771.
Tras un extenso debate, el Consejo Superior decidió, con 12 votos a favor y 8 en contra, rechazar los 1.237.786 pesos que le corresponden a la Universidad Nacional de Río Cuarto como parte de la regalía proveniente de La Alumbrera, decisión que la destaca como la primera en el país en oponerse a los controvertidos fondos girados por esa minera -que tiene una causa abierta en la Justicia Federal- luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobara el ingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, después, de otros 36 millones 800 mil pesos.
El “no” del cuerpo colegiado de la UNRC fue para la primera remesa. Después deberá decidir respecto de los otros 965 mil de la segunda. En total, a le corresponden 2 millones 202 mil pesos.
El reparto entre las universidades nacionales de 86 millones 800 mil de pesos provenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presunta contaminación, generó en una encendida polémica en el ámbito universitario local, luego de que el pasado 8 de setiembre ingresara al Consejo Superior el proyecto por el que se propiciaba la incorporación al presupuesto de la UNRC de este primer envío de 1.237.786 pesos.
Leer todo el artículoAlrededor de la mesa decenas de estudiantes de diferentes agrupaciones habían llegado para participar de la sesión. También seguía de cerca el debate -que contó con pocos cruces de opiniones- la conducción de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD-CTA) y representantes de los trabajadores no docentes, incluidos los de la Agrupación Peco Duarte afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA). También estaba buena parte de los secretarios del Rectorado.
La votación
Desde el comienzo se intentó desmontar un enfrentamiento entre sectores y se buscó destacar la posibilidad de discusión que la Universidad Nacional se dio hacia su interior con este tema, que trascendió largamente las fronteras del campus. Incluso en el comienzo de la sesión se leyó la Resolución 381 que el Concejo Deliberante aprobó por mayoría donde expresó su disconformidad con el origen de los fondos.
La concejal Viviana Yawny, impulsora de esa declaración, fue la que se comunicó ayer por la mañana con el representante de los graduados en el Consejo Superior, integrante del Partido Socialista, para que estuviera presente en la sesión y votara contra la aceptación. Así, Raúl Héctor Garay, que en un momento fue el voto clave que podía empatar las posiciones, también integró la mayoría.
Lo cierto es que los dos sectores se basaron en posiciones bien claras. El oficialismo, al que se sumaron cuatro decanos (Económicas, Exactas, Agronomía y Veterinaria, e Ingeniería), planteó, amparado en un dictamen de la Dirección de Jurídica de la Universidad, la legalidad de los fondos, fijados por una ley nacional aprobada por el Congreso en 1958. Si bien compartieron las preocupaciones ambientalistas, admitieron que no se podía desobedecer lo dispuesto por una norma nacional y que a su vez se podía estar cayendo en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Nadie está a favor de la contaminación, pero si la empresa comete delitos, debe ser controlada y sancionada por autoridades competentes. La universidad lo que debe discutir es si se acata una ley nacional o no”, explicaban casi de manera uniforme. Sumado a esto, agregaban que “el rechazo de los fondos no cambia en nada las condiciones que se denuncian en La Alumbrera”.
Por el otro lado, sobre el eje ético-ambientalista, el rechazo se planteó como denuncia de las irregularidades que se describieron en torno a la explotación minera catamarqueña, y su impacto ambiental, social, económico y político. Además, se remarcó que la aceptación, de alguna manera, implicaba “cierta complicidad con esas irregularidades y un condicionamiento para el trabajo futuro de la Universidad”.
A su vez, se reiteró que “es necesario dejar en claro que debe ser únicamente el Estado el financiador de la educación pública y no empresas multinacionales”, en alusión a Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, integrantes de La Alumbrera.
Al final, llegó el momento de votar. Se pidió que fuera nominal y allí se fueron sumando uno a uno los votos que terminaron por definir el “no a los fondos mineros”.
Diario Puntal de Río Cuarto, 21 – 10 – 09
La Quinta Pata
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