Aunque la Rural crea que reemplaza al Congreso, el lugar de la política es otro

Emilio Marín

Los directivos de la Sociedad Rural Argentina todavía se creen dueños del poder político, como cuando los presidentes iban a rendir cuentas a su Exposición. El lugar de la política es el Congreso, el Ejecutivo, las urnas y la calle.

El sábado 24 el titular de la entidad ruralista cortó las cintas de la Exposición N° 124. Lo acompañaba un decadente Mauricio Macri que llegó a Palermo dejando una estela de humo por su quemazón judicial. Tres días más tarde, Hugo Biolcati tomó lista a los legisladores de la oposición. Los citó para que convalidaran la tesis de las retenciones cero para todos los granos a excepción de la soja.

Y allí estuvieron - cual carneros, porcinos y bovinos obedientes - Elisa Carrió, Federico Pinedo, Felipe Solá, Margarita Stolbizer, Alfredo Olmedo, Rubén Giustiniani, Gerardo Morales y algunos otros. Querían el premio: los "votos del campo". Y algún que otro premio en aportes, publicidades y facilidades mediáticas, pese a lo cual dos disertantes tuvieron el tupé de acusar al gobierno de comprar voluntades en el Senado.

"El ladrón cree que todos son de su condición", dice un refrán. Y los que compraron efectivamente votos en el Senado de 2000-2001 con la Banelco, creen que el gobierno actual procede de esa manera. El que salió a cruzarlos fue el ministro Aníbal Fernández, quien recordó las coimas de la Alianza para aprobar la reforma laboral.

En la Rural hubo una competencia para ver quién se llevaba la cucarda de gran campeón en la categoría "diputado sojero". El jurado todavía delibera porque todos anduvieron parejos en eso de succionarles ávidamente los calcetines a los directivos dueños de casa.

Tampoco hubo unanimidad de opiniones sobre cómo defender mejor los intereses de ese campo enriquecido. A grosso modo, Carrió, Pinedo y un sector del radicalismo (Oscar Aguad), quieren eliminar todas las retenciones y bajar la de soja al 25 por ciento, lo que tendría un costo para el fisco de 2.500 millones de dólares en la cosecha 2009-2010. Por otro lado, Felipe Solá, un sector del radicalismo (Ricardo Buryaile), GEN y el socialismo, adhieren a ese mismo paquete pero con una variante. Dicen que esta suavizaría el desembolso de los pequeños y medianos productores: la segmentación de esos impuestos y no su desaparición lisa y llana.
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Pero independientemente de esos matices, lo más significativo de esa charla pública fue que los legisladores aún no discutieron en su ámbito natural. O sea, trasladaron el Congreso a Palermo, y ese fue el justo reproche que les hizo Amado Boudou. Esa confusión de la oposición causa vergüenza ajena. No entiende que Palermo es la cita de toros, vacas, maquinarias y propietarios. El lugar de la política es el Congreso, para las leyes; el Ejecutivo, para las iniciativas políticas y la gestión; la calle, para las propuestas y los cambios, y las urnas para saber quién tendrá momentáneamente la razón, o al menos la mayoría.

Mejor el gobierno
La disputa entre los opositores que atan su suerte a la Mesa de Enlace y el gobierno nacional, mostró diferencias a favor de este. Un caso muy evidente fue la pulseada por cómo y cuánto mejorar los haberes jubilatorios, donde el espectro opositor había votado en Diputados un proyecto demagógico sobre el 82 por ciento.

El calificativo de demagógico para nada invalida la justicia de ese histórico reclamo de los jubilados, sino que se refiere – puntualmente – a la actitud de esos legisladores que levantaron la mano "para la tribuna". Ni siquiera se molestaron en fundamentar de dónde saldrían los recursos para solventar ese mayor gasto.

Ya en el Senado los opositores cavilan sobre si tendrán 37 votos, para convertir en ley la iniciativa con media sanción. El radical Morales lució abatido y admitió que difícilmente se lograría el quórum. Solo sabe que se conversará sobre la agenda pero no tiene precisión del día en que se tratará el tema ni cómo saldría una eventual votación.

Y eso que es el asunto clave con que la oposición soñó congraciarse con millones de jubilados y sus respectivas familias, con el subsiguiente impacto electoral.

En cambio el gobierno avanzó con paso rápido y seguro, pues Cristina Fernández anunció un aumento para los jubilados del 16,9 por ciento a partir de setiembre. Sumado al dado en marzo, la suba anual será del 26,4 por ciento. En dinero implicará para la jubilación mínima pasar de 895 pesos a 1.091, considerando el aporte del PAMI.

La presidente recordó que desde marzo de 2009, cuando comenzaron las actualizaciones dispuestas por la Ley de Movilidad Jubilatoria, las mejoras a jubilados llegaron al 51,6 por ciento.

Además la jefa de Estado informó que se llevará a 220 pesos la asignación familiar, igual que la asignación universal por hijo que perciben desocupados y trabajadores informales. En el primer caso se beneficiarán 3.7 millones de niños y en por la AUH, otra cantidad similar. La asignación por hijo discapacitado, por su parte, se elevó a 880 pesos.

Todas esas medidas serán financiadas con fondos de la Anses, lo que significa un golpe extra a la mandíbula de la oposición pues en su momento se opuso a la estatización de fondos previsionales.

Entre una oposición dividida que promete el mejor de los mundos y no dice cómo llegar a él (y peor aún, con retenciones cero lo torna una misión imposible), y un gobierno que concreta parte las aspiraciones, es obvio qué preferirán los de la tercera edad. Esto es así, aún cuando muchos de estos no piensen que los anuncios presidenciales son la panacea.

La pitonisa Carrió, peleada con casi todos sus aliados, seguirá visitando programas de TV para decir que la mejora jubilatoria se debe a ella. No importa que su bloque hubiera votado en contra de la ley de movilidad y de que la Anses retomara los fondos de las AFJP. Carrió es voluminosa e inconsistente, pero su ego la supera.

El gato de doña Flora
El jefe del PRO, falto de aliados como está, se hizo presente en el corte de cintas de la Rural y había confirmado su presencia en la tarde de ayer. Biolcati le dio testimonio de su solidaridad, pero el problema del jefe de gobierno porteño es que necesita urgente más votos propios y aliados en la Legislatura. Si no lo logra, podría caerse su propuesta de un autojuicio político que lo absuelva rápidamente.

El 12 de agosto próximo, cuando los legisladores de la ciudad pongan fin al receso, se podrá apreciar con exactitud la correlación de fuerzas. Por ahora Macri cuenta con su bloque y, paradojalmente, el voto de Marcelo Parrilli, del MST. El resto de las bancadas oscila entre el proyecto de comisión investigadora presentado por el peronista Diego Kravetz y el que todavía pergeñan Proyecto Sur, el ibarrismo y la CC.

Todo lo demás son dudas. Por ejemplo, no se sabe cómo votarán los dos legisladores que representan a Francisco de Narváez, aunque por las declaraciones más recientes de Daniel Amoroso y Mónica Lubertino pareciera que le han bajado el pulgar a la moción macrista.

Después que el asesor Jaime Durán Barba expresara que a los porteños les importa "un carajo" el procesamiento de Macri por espionaje, ahora el procesado dice contar con encuestas donde la mitad de los encuestados cree – como él – que el dictamen de la Cámara Federal en su contra es un armado kirchnerista.

Habrá que ver de quiénes son esos sondeos de opinión. El cronista cree que no hay un "fifty-fifty" sino una mayoría de personas, en Capital y el resto del país, que piensan factible la culpabilidad de Macri. El dato más sólido, aparte de los fallos de Norberto Oyarbide y la referida Cámara, es el que haya sido el jefe del PRO quien designó al comisario Jorge Palacios al frente de la Metropolitana y lo sostuvo muchísimo más de la cuenta.

A Buenos Aires vino en helicóptero y se volvió feliz a Montevideo el presidente uruguayo, luego de reunirse con Cristina Fernández por el diferendo sobre el monitoreo a UPM-Botnia.

Los dos cancilleres, Timerman y Almagro, habían avanzado todo cuanto pudieron en cuatro reuniones. Y finamente se fumó la pipa de la paz al firmarse un acuerdo base para el monitoreo de aquel establecimiento y luego de otros afincados en las dos riberas del compartido río.

El compromiso despeja el nubarrón que desde 2006 por lo menos, y aún antes, había emponzoñado las relaciones de los vecinos. Es que se logró una fórmula aceptable de un comité científico de cuatro miembros, dos de cada país, que entrarán un máximo de doce veces al año a UPM-Botnia, para tomar muestras y controlar posibles contaminaciones. El procedimiento en Uruguay estará a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), con muestras por duplicado para que Argentina tenga el mismo material.

Aquello parece un logro más que aceptable. El canciller Timerman concedió de inmediato la audiencia que le habían pedido los ambientalistas de Gualeguaychú, los que luego pidieron faltar hasta mejor prepararse. De todos modos no se privaron de cuestionar públicamente lo firmado: que doce veces es poco, que Dinama no es garantía, que no se definió qué muestras tomar, etcétera. En fin. Algunos de esos asambleístas, no todos, deben tener una tía llamada Flora.

La Arena, 01 – 08 – 10

La Quinta Pata