Roberto Vélez
Hemos sostenido sistemáticamente desde hace años, que los atropellos policiales que se producen en la provincia en democracia, (apremios, “suicidios” en comisarías y en cárceles, asesinatos y desapariciones) están emparentados con la represión que nuestra provincia sufrió desde 1975 y durante la dictadura: miles de perseguidos, detenidos, torturados, exiliados, cesanteados, expulsados del sistema educativo y alrededor de 250 personas ejecutadas y/o desaparecidas.
Es menester recordar que a cargo de la policía estuvo el tristemente célebre oficial Santuccione designado por el interventor Cafiero, luego a cargo de los servicios de inteligencia de la aeronáutica durante la presidencia de Alfonsín y con su correlato increíble en Mendoza, la designación, como jefe de policía de Naman García (torturador a cargo de la penitenciaría durante la dictadura) por parte del Gobernador Llaver.
Después de muchos años de lucha y de defecciones en el poder político, (obediencia debida, punto final e indulto) se están juzgando aquellos crímenes en San Rafael.
Y está quedando en evidencia la justeza de la denuncia de aquella conexión.
El oficial policial Trentini, condenado por la justicia por el asesinato en democracia del joven Bordón, aparece con serias responsabilidades en graves hechos que se produjeron durante la dictadura.
El recientemente fallecido Musere, enlace entre la policía y el ejército durante los 70”, tuvo la misma escuela. Y las mismas prácticas. Pese a lo cual uno y otro continuaron prestando servicios en la policía de Mendoza. Como unos cuantos otros. Lo que no resolvió la frustrada y tardía reforma de 1998, ni la baja de 160 cuadros.
Leer todo el artículoEl ex Gobernador Lafalla, en su libro Utopía y Realidad, refiriéndose al asesinato de Bordón (1997) afirma; “. . . todos los cuadros de la policía intervinientes en el caso, y digo todos, incluido jefe y subjefe, tejieron una maraña de mentiras o permitieron que se tejieran, destinadas a dilatar la búsqueda con pistas falsas, para encubrir la verdad de lo que había pasado.” Se refiere a Olguín y a Ignacio Medina. Fueron defenestrados al igual que los oficiales Juan Atencio y Hugo Trentini. Circunstancia en la que Lafalla fue increpado por el capellán que afirmo que el gobernador “desprotegía a la familia policial”. En estos días y en el juicio por delitos de lesa humanidad, en sintonía con aquella línea de pensamiento y de acción, el vocero de la iglesia de San Rafael, José Álvarez Domínguez ha sostenido; “hubo auto desaparecidos que después aparecieron”.
En lo que a Garrido y Baigorria respecta, (asesinados durante la Gobernación de Bordón) y a Guardatti (durante la de Gabrielli), dice: “Tengo y tenía la absoluta convicción de que en ambos casos fueron funcionarios policiales quienes hicieron desaparecer a esas personas…”.
Está claro entonces que muchos de los episodios dramáticos que se han producido desde el 82 en adelante, podrían haberse evitado, si no hubiera existido connivencia entre las cúpulas partidarias tradicionales con las policiales formadas por la dictadura.
En estos días ha quedado en evidencia que otro policía con funciones de jefatura en el D2 durante el “proceso”, el comisario general Oscar Pérez, integra hoy el consejo departamental de seguridad de San Rafael. Despropósito que puse en evidencia en lo que respecta a Las Heras, pero induciendo conclusiones generales, en mi libro Foros vecinales o foros policiales; “La última etapa de funcionamiento del consejo de seguridad en Las Heras . . . no solo ha obviado la ordenanza en vigencia. La conducción política y orgánica ha estado en manos de autoritarios. Con y sin uniforme.” Y exhortaba: “es necesario evaluar con objetividad lo que sucede en toda la provincia. Para producir reorientación en acorde con la filosofía democrática de la reforma para la seguridad.” (2005).
Finalmente la reforma fracasó. Hoy no hay norte ni brújula. Mientras algún alto jefe policial se ufana, afirmando que el poder está en la pistola que exhibe.
Se impone la refundación democrática de la seguridad pública, con una orientación transformadora que elimine del estado provincial todo vestigio represivo y a sus sostenedores.
Y desde la perspectiva de política de estado. Lo que en verdad, nunca se implementó.
La Quinta Pata, 15 – 08 – 10
La Quinta Pata
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