Ramón Ábalo
No cabe preguntarse ni asombrarse de lo que pasa en el ámbito de la justicia federal de Mendoza en lo que atañe a los juicios por lesa humanidad de la dictadura militar del '76, porque las respuestas, si hubieran preguntas y asombros, estarían en los términos de la lógica. Es que hay, acaso, una lógica para que justifique que a más de treinta años, aún recién desde hace un par de años se están llevando a cabo esos juicios no obstante el empeño, el coraje y la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas ¿Cuál es la lógica que campea en Mendoza para que no haya un solo juicio contra los genocidas? ¿Por qué en San Rafael y no en Mendoza Capital?
Es la lógica, aparentemente, del absurdo. Y las señales son innumerables, tales las ocurridas recientemente en la jurisdicción federal local cuando un juez subrogante, de esos que son elegidos de entre varios abogados para ciertos casos, resuelve que la Universidad Nacional de Cuyo reincorpore al juez Luis Miret en su cátedra de la Facultad de Derecho, de la cual fue echado por la presión de estudiantes y los organismos a partir de que está clara su vinculación con algunos de los represores. Y ahora, el amparo que dicta el juez ad hoc Carlos Perellada en favor del juez federal Otilio Romano, por lo que el consejo de la magistratura, se vio obligado a apelar la medida y suspender la investigación hasta que se resuelva lo del amparo. Juntamente con Miret está acusado también la misma justicia federal por complicidad, como la acusa el fiscal general Palermo, involucrándolo en no haber investigado35 desapariciones, 20 privaciones ilegítimas de la libertad y 40 casos de torturas, entre otros delitos.
Pero a Perellada se le viene encima un juicio que lo pondrá en el mismo nivel de emparentado con el genocidio. Se trata de los dichos de Fernando Rule, ex-preso de la dictadura, quien ha hecho una presentación judicial para que se investigue sobre la calidad de este juez y afirma que "Parellada mantiene, desde antigua data, una relación de íntima amistad con Romano que habría motivado que una hija de Parellada fuera promovida por Romano para ingresar como auxiliar en la cámara federal de apelaciones de Mendoza", y también por haber sido funcionario de la dictadura, Rule considera que tuvo un interés particular para dar lugar al amparo de Romano y de esa manera "devolver el favor", pero fundamentalmente retardar el avance de las causas.
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