Emilio Marín
La ley de la democracia para los servicios de comunicación audiovisuales fue aprobada en octubre de 2009 y reglamentada esta semana. Es una gran noticia. Los monopolios mediáticos persisten en su oposición.
El Boletín Oficial es un medio de valor legal pues solo las normas y edictos que están publicados allí tienen existencia formal. El público lee otras cosas. Sin embargo, la edición del 1 de septiembre debería ser leída por muchos argentinos, para ver negro sobre blanco el decreto 1225/2010 firmado por la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete. Así fue reglamentada la ley Nº 26.522, más conocida como de servicios de comunicación audiovisual, aunque los monopolios y la oposición conservadora la denigren como "ley K".
Esa normativa fue sancionada en octubre de 2009 con una apreciable mayoría legislativa. Los diputados opositores no ingresaron a la discusión en el recinto y se quedaron haciendo declaraciones al gusto de Clarín. Fue el corolario de un rico debate político en la sociedad, que involucró a los especialistas en el tema y también a otros sectores sociales y políticos. Es que el derecho a la información no es algo técnico; entra en la categoría de los derechos humanos.
Pese a ese visto bueno de la mayoría de la sociedad y del Congreso, la flamante ley sufrió varios intentos por hacerla abortar. Cuatro jueces y dos cámaras funcionales a Héctor Magnetto y el grupo Vila- Manzano-De Narváez pusieron enormes piedras en un camino estrecho. Esos fallos suspendieron determinados artículos y en otros casos bloquearon la aplicación del cuerpo legal en su conjunto.
La protesta social y del gobierno por esa labor obstruccionista no se hizo esperar, en particular cuando el legislador duhaldista (Thomas) perdió la votación en el recinto y logró un fallo en Mendoza para frenar la normativa.
Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia puso en junio las cosas en su lugar y enseñó normas elementales de derecho a Thomas, la jueza Olga Pura de Arrabal y la Cámara cuyana. El camino quedó despejado, no obstante persistir en Salta, Capital y San Juan acciones legales instigadas por Clarinete.
Leer todo el artículoAsí las cosas, la presidenta reglamentó la ley, dejando en manos de Gabriel Mariotto y la Autoridad Federal las tareas específicas para ponerla en marcha. Mariotto fue un hombre feliz esta semana. En un reportaje radial expresó: "esta ley es profundamente antimonopólica. Permite no más de 10 licencias de televisión abierta y radio en todo el país y no más de tres por área de cobertura. Con esto hay posibilidades de que haya pluralidad y diversidad".
Luego, en un programa de TV destrozó dialécticamente al ex progresista Pepe Eliaschev, a quien le pidió que – como periodista afín – convenciera a la oposición para nombrar sus representantes ante el sistema de medios públicos. Incluso lo toreó para que Eliaschev fuera uno de esos delegados. No tuvo éxito, porque esa clase de periodistas prefiere seguir poniéndose el antifaz de la "independencia" en vez de defender con franqueza los puntos de vista del bloque de las clases dominantes donde orbitan.
Una larga marcha
La posible democratización que pende sobre la propiedad monopolista en radios y TV es algo concreto. Mariotto lo ejemplificó así: "el Grupo Clarín en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior tiene más licencias de las permitidas, lo mismo que Supercanal en Mendoza. Quien tiene televisión abierta no puede tener distribución de señales de cable en la misma área de cobertura".
El frío que debe correr por la espalda de las empresas citadas hará decuplicar su sabotaje a la aplicación de la norma. ¿Qué formas tomará esa resistencia?
Es fácil adivinarlo porque desde 2009 quedaron esbozados los planes empresarios.
En primer término van a dinamizar las acciones legales donde ya tuvieron cabida por medio de jueces y cámaras de Capital Federal, Salta y San Juan. Sobre todo en los dos primeros, donde aún persisten fallos contrarios a determinados artículos, sobre todo el 161 que obliga a los pulpos a desprenderse de las señales que sobrepasen los límites permitidos.
Por otro lado redoblarán sus campañas mediáticas presentando la ley como parte de la "dictadura K", como han comenzado a bautizar al gobierno nacional luego de la presentación del informe "Papel Prensa, la verdad". No se puede subestimar la capacidad de fuego que tiene aún ese ejército mediático, sobre todo cuando – sintiéndose "al horno" – apela a todas las armas de la descalificación.
En esa campaña presentan a la jefa de Estado como títere de su esposo, y a ambos como aprendices de Hugo Chávez, descontando que el presidente de Venezuela sería un enemigo de la "libertad de prensa".
Finalmente, la estratagema cuenta con la voz de la oposición política en el Congreso. Son los dirigentes que fueron a comer en la mesa de Magnetto, más Elisa Carrió, que quedó afuera de esa invitación pero defiende a ese anfitrión como si fuera la última muralla de la libertad.
Las embestidas de esa cúpula empresaria son en estos días más furiosas aún porque, a la reglamentación de la ley de medios, se suman el citado informe sobre cómo se apropiaron de Papel Prensa en base a delitos de lesa humanidad, y el cese de la autorización a Fibertel para funcionar.
El estado de ánimo beligerante en los grupos dominantes de la comunicación y en el "Grupo A" lo sintetizó Joaquín Morales Solá el 1 de setiembre, cuando criticó el decreto presidencial por la que se instruyó a la Procuración General del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos promover las acciones correspondientes por Papel Prensa. La columna en Gaceta Ganadera se tituló "Obsesión por la venganza" y aseguró que "nunca un presidente democrático firmó un decreto tan vacío de contenido y, a la vez, tan cargado de prejuicios y ofuscaciones como el que Cristina Kirchner les disparó ayer a los dos diarios más importantes de la Argentina, La Nación y Clarín".
Por las novedades de la ley de medios, Papel Prensa y Fibertel, se puede pronosticar que los intereses afectados van a dar una larguísima pelea sin respetar ningún código.
Varias cosas bien
La oposición no las tiene todas consigo. Por ejemplo, por segunda vez no consiguió el quórum en Diputados, donde pensaba aprobar proyectos tan delirantes como el de tomar medidas contra las salideras bancarias en medio de acusaciones de Carrió de que el gobierno es socio "de las grandes bandas de delincuentes".
Tampoco pudieron esas bancadas armonizar un proyecto para rechazar la reglamentación de la ley de medios y es difícil que consigan el voto del interbloque de Proyecto Sur para ese asunto. Hay que recordar que después de muchas idas y venidas, ese sector de centroizquierda votó por la ley mencionada.
Las dificultades opositoras para congeniar una agenda común confirman que una cosa es una unidad amplia y otra diferente el amontonamiento al solo efecto de oponerse a todo lo que proponga el adversario. Siempre la tarea de destrucción es relativamente más sencilla que la de construcción. Si sabrá de esto Mauricio Macri, que hizo carrera política basada en la plata de papá y los goles de Palermo, cuestionando lo que hacían los Kirchner. Ahora tiene que mostrar merecimientos propios, pero no sirve ni para impedir que la legislatura porteña arme una comisión investigadora especial sobre el espionaje telefónico.
Ese organismo votó como su titular a Martín Hourest y como secretaria a Gabriela Cerrutti, ambos críticos del macrismo, en medio de la retirada de los 5 legisladores del PRO.
En el balance semanal el gobierno sale con nota de aprobado, pues las gestiones positivas superan a las de signo contrario.
Habría que ponerlo con mayúsculas: la decisión de reglamentar la ley de medios pese al alboroto y amenazas de quienes defienden de hecho la vieja norma de la dictadura.
Añádase a ello la participación de la mandataria junto a la titular del Banco Central, licenciada Mercedes Marcó del Pont, en unas jornadas de política monetaria. Allí se comprometieron, ambas, cada una en la órbita de su gestión, a modificar la vieja línea derivada de la Carta Orgánica del BCRA y poner a esa entidad en una tesitura de promoción de la economía y el trabajo nacional.
Por cierto, habrá que aguardar resultados concretos porque demasiadas veces se habló en contra del monetarismo, la escuela ortodoxa y los Chicago boys pero se sostuvo en esa poltrona a banqueros como Alfonso Prat Gay y Martín Redrado.
En la cosecha del oficialismo habrá que nombrar por segunda vez a Aníbal Fernández, luego de su recurso ante la Corte en contra de Corrientes por haber permitido las obras para la represa de Ayuí. El emprendimiento de George Soros y José Aranda (Clarín), no solo atentaría contra el medio ambiente correntino sino también contra el Estatuto del Río Uruguay. Y ello es imperdonable, justo cuando los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro pusieron en marcha el comité científico que hará el monitoreo de UPM.
Finalmente hay que destacar que Cristina Fernández haya festejado el día de la Industria junto a los integrantes de la CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Es una buena señal de cara a conformar una alianza amplia que excluya a los monopolios y grandes empresas a las que el gobierno cortejó hasta ahora en busca de una unidad tan utópica como regresiva.
La Arena, 05 – 09 – 10
La Quinta Pata
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