Diputados chilenos y argentinos repudiaron el asilo político solicitado por el ex camarista mendocino Otilio Romano - reclamado por la Justicia argentina por 103 crímenes de lesa humanidad - y pidieron su inmediata expulsión del país trasandino.
Los legisladores de ambos países que participan en Santiago del `Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Verdad y Justicia´, repudiaron la presencia en Chile de Romano, quien se fugó de la justicia argentina, obtuvo en el vecino país una visa temporal por ocho meses y pidió asilo político.
El ex magistrado es requerido por la justicia argentina debido a su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, cuando cumplía funciones como fiscal federal, primero, y luego como juez federal subrogante.
"Nuestra actitud inicial es repudiar la fuga por parte del camarista Romano frente a las múltiples acusaciones que hay con respecto a su participación en crímenes de lesa humanidad en Argentina", dijo hoy el diputado argentino del FPV, Remo Carlotto.
Ayer, el subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, informó que el gobierno se atendrá a la legislación vigente en el caso del juez argentino Romano, y explicó que la ley 20.430, dice que si un ciudadano pide refugio, "el país tiene que analizar esta situación y asigna a extranjería la misión del análisis de la situación particular".
El funcionario chileno añadió que “para eso se le otorga una visa de permanencia por ocho meses, donde en ese plazo tendrá que evaluarse si corresponde o no corresponde entregar refugio”.
“Chile como ha sido tradición, va a respetar su legislación y los convenios firmados”, concluyó.
Leer todo el artículoEl “Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Verdad y Justicia” reúne este fin de semana en esta capital a distintos referentes de los movimientos de derechos humanos de la región latinoamericana, quienes analizarán la impunidad de los procesos de transición y sus consecuencias políticas y culturales.
El foro, que se desarrolla en el Museo de la Memoria de Santiago Centro, cuenta con la participación de periodistas, abogados, y miembros de agrupaciones y uniones de juventudes.
Carlotto, quien preside la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados, pidió que el gobierno de Sebastián Piñera "devuelva prontamente a Romano a la Argentina para que continúe normalmente el proceso judicial y se esclarezca su responsabilidad en las 103 causas y crímenes que se le imputan".
“Para nosotros, esta actitud de fuga significa un reconocimiento absolutamente claro que él tiene con respecto a los hechos de carácter aberrantes cometidos en ese período”, dijo el legislador.
Para Silvia Ontiveros, mendocina víctima de la dictadura militar argentina, Romano “es un criminal y debe volver a la Argentina para enfrentar el juicio”.
“No es un acto de venganza ni de revancha, sino la búsqueda de la verdad y que las víctimas tengan un acto de reparación a través de la justicia independiente", dijo Carlotto, quien remarcó que los crímenes de lesa humanidad "son de carácter imprescriptible y que la comunidad internacional "debe perseguirlos hasta sus últimas consecuencias”.
Entre los asistentes, viajó también desde Argentina la diputada nacional del FPV Diana Conti, quien agradeció el reconocimiento de Chile hacia la Argentina "por el liderazgo que llevamos en materia de juicios de lesa humanidad y los movimientos de derechos humanos, que inexorablemente van a llegar a todos los países de la región".
En tanto Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista chileno, fue uno de los legisladores que le pidieron al ministerio del Interior que se revea la visa de ocho meses otorgada.
“Seguramente Romano vio en Chile un país donde guarecerse ya que es uno de los pocos de la región donde gobierna la derecha. Yo quiero decirle que acá se equivocó, porque la ciudadanía hará todo lo posible para que sea devuelto a la Argentina”, dijo Gutiérrez.
Luis Puig, diputado nacional del Frente Amplio de Uruguay e integrante de movimientos de derechos humanos en el país vecino, recordó los juicios realizados tras la segunda guerra mundial contra criminales nazis, “de quienes los militares fueron sus discípulos y aplicaron en el cono sur de América Latina las mismas recetas de tortura, desapariciones y muertes masivas”.
“Es fundamental que se reconozcan los lineamientos de la comunidad internacional que exigen los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad. Cada uno de los estados deben velar por el cumplimiento de la verdad y la justicia como medida preventiva para que esos crímenes no se vuelvan a cometer”, señaló el legislador uruguayo.
Télam, 10 – 09 – 11
La Quinta Pata
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