Emilio Marín
En temas como Malvinas, la tragedia de Once, la marcha de la economía, los salarios docentes y otros asuntos de interés nacional debería haber grandes coincidencias. No las hay. La política partidista mete baza.
El mensaje de la presidenta ante la asamblea legislativa duró tres horas y 17 minutos. El del jefe de gobierno porteño, ese mismo día, ante la legislatura, en cambio, fue de apenas 15 minutos. Está bien que la dimensión territorial y política es bien diferente, pues en un caso está en juego la política nacional aplicada en 24 distritos y en otro solo la Ciudad Autónoma. Pero en ese abismo de palabras aparece una primera contradicción. Cristina Fernández quiere explicar hasta los detalles y números que a la mayoría de los legisladores mucho no le interesan, menos al argentino común. Mauricio Macri, en cambio, es de hablar poco, incluso leyendo comete sus furcios, y prefiere que su administración vaya comunicando hechos consumados, sin adelantos ni balances posteriores. La publicidad de Durán Barba y el color amarillo del PRO luego harán lo suyo, piensa.
Entre ambos estilos es preferible la rendición de cuentas de la presidenta, antes que los telegramas macristas que ocultan más de lo que informan. Eso no significa acordar con discursos kilométricos aplaudidos en 100 oportunidades, como el de CFK el jueves, porque aburren al auditorio y a quienes miran por TV. A más de una hora de atención viene invariablemente el zapping.
Unos por parcos y mediocres, otros por extensos y detallistas, esos extremos del discurso político ahuyentan a la ciudadanía. El mensaje de la presidenta dio largamente el pinet para una apertura de sesiones ordinarias, aunque tuvo sus contradicciones y límites en asuntos concretos que no abordó o lo hizo sesgadamente.
Leer todo el artículoNadie debería discutir sus números sobre el crecimiento económico-social de estos años, que se realzan frente al panorama desolador en Europa y Estados Unidos. La mejoría de varios índices en Argentina, en cuanto a desarrollo industrial, crecimiento del PBI y las exportaciones, aumento relativo de salarios y jubilaciones, 6.47 por ciento del producto bruto destinado a educación, programas de inclusión social tan ninguneados por el grueso de la oposición pero que han mejorado la vida de los sectores más humildes, etc., fueron puestos por la mandataria dentro de un grandísimo "haber".
El homenaje al suspendido Baltasar Garzón, invitado especial de la asamblea legislativa, fue una jugada bien pensada por CFK. De un lado homenajeaba a un juez represaliado por los neofranquistas que hoy gobiernan España. Por el otro, mostraba que Argentina es una avanzada de esos derechos humanos destrozados por similares crímenes a los que Garzón quiso husmear sin éxito en Madrid.
Con la misma honradez con que esos tópicos del discurso deben ser valorados, hay que decir que otros tramos fueron negativos. Por caso, sus comentarios sobre los supuestos privilegios de los docentes que trabajarían solo cuatro horas diarias con tres meses de vacaciones, lo que mereció una crítica de los gremios del sector. O su defensa en bloque de la megaminería, supuestamente protegida por medidas de cuidado ambiental. En La Rioja y Catamarca no piensan como la presidenta, pues esta razona como la Barrick.
Aplazada en Once
Otro capítulo donde la política presidencial mereció un aplazo fue en transporte ferroviario, los subsidios dispensados por su gobierno a los concesionarios privados y la catástrofe del 22 de febrero en Once.
La oradora reivindicó en bloque esa política gubernamental. Creyendo que todo se reduce a que el estado otorgue mayores subsidios, su línea de defensa fue que si hubiera tenido más plata habría habido mejores resultados.
Ese argumento lo empleó el lunes en Rosario y lo reiteró en el congreso, trayendo a colación los miles de millones de pesos que el estado había tenido que pagar por el corralito bancario.
En rigor, mejor que no dispuso de un dinero extra. Porque con el esquema de privatizaciones vigente desde tiempos menemistas, tal mayor aporte del estado habría engordado los negocios de empresarios como los hermanos Cirigliano, de TBA. Y los de Roggio-Metrovías-Urquiza, Emepa-Ferrovías-Grupo Romero, etcétera.
La presidenta no se hizo cargo de la parte del paquete que le toca por la tragedia de Once. Es que las denuncias de los trabajadores de base ferroviarios (no de los burócratas de la Unión Ferroviaria ni de la Fraternidad), más los informes de la auditoría general de la nación, proporcionaron en estos años documentaciones más que suficientes para terminar con esas concesiones y retomar la prestación de los trenes por parte del estado.
El titular de la AGN, Leandro Despouy, difundió el viernes el informe de 146 páginas correspondiente a los años 2009 y 2010 respecto a TBA. Por unanimidad, todos los integrantes de la auditoría, cuatro del oficialismo y tres de la oposición, fundieron a TBA con otra prolija y extensa enumeración de los incumplimientos y multas millonarias que debió pagar (451) y no lo hizo, amparada en los recovecos de la concesión. Entre 2003 y 2010 TBA recibió 1.934 millones de pesos de aportes estatales.
El juez de la causa, Claudio Bonadío, ya tiene en su poder el informe telefónico que confirma que el motorman Marcos Córdoba, que conducía la formación siniestrada, no había utilizado su celular para enviar ni recibir mensajes en la media hora previa al choque. Se van desvaneciendo las hipótesis de la empresa y de la secretaría de transporte, que apuntaban a "una falla humana" como causante del accidente.
Eso deja sin defensas a TBA, en primerísimo lugar, y al mismo gobierno, en un segundo plano. La presidenta tuvo que hablar otra vez de la tragedia, pero sus medidas – anunciadas por Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi en la semana – fueron excesivamente tibias. Solo se intervino la empresa por 15 días, mientras duren las pericias, que – como anticiparon en el juzgado interviniente – pueden extenderse por más de dos semanas.
Una porción importante de la población deseaba disposiciones más enérgicas, como el despido de Schiavi y la quita de la concesión de TBA. Pero el gobierno careció de voluntad política para tomar ese rumbo.
En dos o más frentes, no
En su larga oratoria del jueves, la presidenta puso de blanco a la figura de Macri. El enojo, que viene de mucho antes, levantó más temperatura luego que el martes 28 el jefe de gobierno informara que no se haría cargo de los subtes.
El argumento macrista fue que el ministerio de seguridad había decidido retirar a la policía federal de los subtes. Ese retiro fue comunicado por Nilda Garré a Guillermo Montenegro, ministro del área capitalina, el 20 y el 27 de enero pasado, sin que los receptores dijeran ni mu.
También acá hasta los números difieren según quién hable. El PEN, como reprochó Cristina el jueves, sostiene que Macri es un irresponsable y hasta vago y mal entretenido, porque no quiere disponer de 200 agentes de su policía metropolitana de 3.000 efectivos. El acusado responde que no son 200 sino 1.196 hombres los que se necesitan para dar seguridad. Y vuelve el tono lastimoso y la vieja cantinela: "denme la Federal con el presupuesto respectivo".
En el congreso la oradora le dijo de todo; hasta ironizó si se creía jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, en vez de la capital, por su tendencia a exculparse de todos los problemas. De Vido, Amado Boudou y Florencio Randazzo también sacaron turno para criticar al ex empresario menemista.
Es que Macri ha asegurado que la ciudad no cumplirá el acta firmada el 3 de enero pasado, por la que se acordó el traspaso con la mitad del subsidio garantizado por el estado nacional (370 millones de pesos) y la otra mitad, de la órbita porteña, financiada con el boletazo del 127 por ciento.
Boudou dijo que irán hasta la corte para garantizar el traspaso del servicio, pero la otra parte aceptó el reto de ir hasta la cúspide judicial. Entre tanto, ¿quién garantizará que pueda viajar el 1,3 millones de usuarios que emplean este medio?
Alguien deberá hacerlo, para evitar un caos. La capital ya está hecha un loquero, pero si colapsa este servicio no alcanzarán el Borda y otros nosocomios para atender a tanta gente más o menos cuerda que se volverá loca por esas consecuencias de peleas intergubernamentales, con más las corruptelas de empresarios privados.
Macri, los concesionarios privados del tren y del subte, sus aliados de Clarín y La Nación , tienen una ventaja en esta disputa. Todos ellos apuntan sus flechas envenenadas contra la presidenta de la nación.
Cristina, en cambio, ha optado por una política errónea, de abrir varios frentes simultáneos: contra Macri, contra Repsol, contra los pueblos afectados por la megaminería, contra Hugo Moyano y la CGT, contra los docentes de Ctera y Suteba, contra quienes cuestionan la privatización ferroviaria, etcétera.
Alguien debería informarle que abrir dos frentes al mismo tiempo, contra la URSS en el este y contra el Reino Unido y EEUU en el oeste, fue la causa última de la derrota de Alemania en 1945. Cristina está en las antípodas de Hitler, pero debería capitalizar esta enseñanza universal: sólo un frente a la vez. El cronista agrega: uno por vez y nunca declarar la guerra a docentes y trabajadores.
La Arena, 04 – 03 – 12
La Quinta Pata
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