Emilio Marín
Aún a riesgo de poner la lupa en un asunto "demasiado porteño" – no lo es – hay que analizar el duro conflicto del subte, donde se desarrolla el paro más prolongado de su historia. Ayer llevaba consumidas ocho jornadas. No es un tema exclusivo de la Capital, pues entre el millón de usuarios por día que quedó a pie hay muchos bonaerenses y de otras provincias, incluso turistas, impedidos de viajar. Varias contradicciones se desmadraron.
Por una parte hay una disputa reivindicativa, entre los trabajadores y la patronal. Aquellos reclamaron en junio una paritaria y una suba del 28 por ciento en sus ingresos y una mejora sustancial de sus condiciones de trabajo, afectadas por la insalubridad. Metrovías-Roggio negó esa solicitud hace dos meses, apenas pagó un aumento a cuenta, con justificaciones de que no cuenta con los recursos para afrontar esas obligaciones.
En esta ocasión también pesó la división gremial, pues operan dos sindicatos: la burocrática UTA, de Roberto Fernández, hoy alineado con los "Gordos", y la más democrática Agtsyp de Roberto Pianelli y Néstor Segovia. Al principio de las protestas ambos gremios parecieron acoplarse: dos días de paro de uno y tres de otro. Después afloraron todas las diferencias, quedando la huelga solo a cargo de la Agtsyp, mientras la UTA la levantaba y firmaba un aumento del 23 por ciento, aún no efectivizado.
La burocracia, sin negar su pertenencia a la "CGT Balcarce", pareció acoplarse a la táctica de Metrovías y Mauricio Macri, quien echó toda la culpa a "los metrodelegados" supuestamente digitados por el kirchnerismo.
Leer todo el artículoLlegado a ese punto de la polémica, el choque entre los sindicalistas se pareció a dos formaciones que van al encuentro, frontal, yendo por la misma vía.
Los aspectos que más influyeron en el conflicto fueron la gestión desastrosa de Metrovías y la grave disputa entre los gobiernos local y nacional.
La concesionaria alega que no puede pagar los salarios ni hacer las inversiones necesarias (hace poco retiró 20 formaciones por obsoletas, sin nivel técnico y de seguridad básico). Dependió siempre de los 720 millones de pesos aportado por el estado nacional y de otros miles de millones a lo largo de estos años, para la extensión de las líneas y obras de infraestructura. En estas condiciones, ¿por qué no le retiran la concesión a Roggio?
Estos ocho días de paro han afectado material y psicológicamente a los usuarios, cuya bronca solo por milagro no ha derivado en violencia. No se sabe cuándo se acabará esa clemencia; ojalá dure hasta que se encuentre una solución. Para que se serenen los ánimos se necesitarían varias condiciones, y una de las más importantes sería mandar a desguace a la empresa privada por su pésimo y colapsado servicio.
Doble discurso de Macri
El público usuario, aún dividido por sus preferencias electorales, clamó para que Macri aportara soluciones o bien lo hiciera Cristina Fernández de Kirchner. En su desesperación, pidió que "alguien haga algo" para poder viajar.
Macri gambeteó esas peticiones, como lo viene haciendo desde mediados de febrero, cuando dio un volantazo. Hasta ese momento, cuando la formación de TBA se estrelló en Once, el gobierno porteño tenía asumido que pasaría a administrar el subte. Así se desprendía del acta-acuerdo que firmó con el PEN el 3 de enero de este año.
Al jefe del PRO ese acuerdo no le satisfacía plenamente. En parte porque la nación ponía "solo" la mitad del subsidio anual (360 millones de pesos) y para cubrir su aporte la ciudad había decretado un antipático tarifazo del 127%. Pensando en los futuros reclamos de Metrovías, el alcalde debe creer que –si se hacía cargo – debía autorizar otros aumentos. En estos días declaró que el viaje podría costar $5.50...
Esa incapacidad de su administración no fue enumerada por el macrismo entre los motivos para desconocer el acta de enero; habría sido un certificado de pobreza. El argumento fue que el subte requiere aportes de la nación para modernizar la infraestructura y material rodante. Y según el alcalde, esos fondos le serían negados por enemistad política.
Hasta ahora el PEN mantuvo sus inversiones en el subte. De lo contrario, si fuera por la gestión y la plata del gobierno porteño, no se habrían logrado los módicos objetivos. Los kilómetros de extensión de las vías, prometidos por el entonces candidato del PRO, no deben haber llegado al 5% de efectividad.
Macri debería haber aguardado a que el estado incumpliera sus compromisos para, en esa eventualidad, quejarse y plantar bandera. Lo suyo es ahora indemostrable; abre el paraguas antes que llueva, cuando no hay pronósticos de lluvia.
Aun suponiendo que los vaticinios de Macri fueran correctos, de todas maneras lo más conveniente para su capital político sería tomar el subte. Demostraría a propios y extraños que sus reclamos de autonomía y derechos plenos para la Ciudad de Buenos Aires mantienen todo su vigor. Al actuar como si le ofrecieran una "papa caliente", a muchos porteños (y argentinos, que deberían importarle a quien dice tener un plan presidenciable para 2015) les parece que no es coherente con su declamada "autonomía porteña".
Lo suyo es un doble discurso: pide autonomía y no la practica. Esto aumenta su fama de político "vago y mal entretenido" que el oficialismo fogonea en su contra, particularmente Aníbal Fernández.
Contradicciones K
La posición del gobierno nacional luce más sólida en este diferendo. Ofreció el traspaso del subte y firmó de buen grado el acta de enero, aportando inmediatamente su parte del subsidio anual. Hoy presume de que están depositados 240 millones de pesos al aguardo de Macri y que invirtió 90 millones de dólares en la compra de 45 coches nuevos, que este no ha retirado de la Aduana.
El problema es que desde enero a la fecha se han producido situaciones nuevas y graves que ameritaban un cambio importante de la política presidencial en este asunto.
Es que la contraparte macrista rompió el acta y tuvo gestos prácticos coherentes con esa ruptura. Y en política se puede presionar a la otra parte, pero hasta cierto punto, porque al final no se puede obligarla ni arrearla, sobre todo cuando en el medio hay un millón de personas que no puede viajar y queda indignada por ese corte abrupto y prolongado de servicios.
El paro de ocho días, que pueden ser más, aconsejaba un golpe de timón en la política cristinista. Este cronista cree que luego de esperar un tiempo prudencial, entre enero y junio, ya en oportunidad de los paros de tres días producidos de junio se debió adoptar una solución extrema. ¿Cuál? Quitar la concesión a la firma privada y asumir el estado la prestación del servicio.
Luego, la continuidad y agravamiento del problema en la semana anterior y la que concluye, sumó más elementos para justificar esa necesaria re-estatización. Si no hubiera suficientes razones para esa medida, el gobierno nacional debería reflexionar en una que hace a su propia estima: los prolongados paros erosionan tanto a Macri como a Cristina. El millón de usuarios quiere viajar y si no lo dejan, pierde objetividad y visión política. Entonces protesta e insulta al bulto, a todas las autoridades, aun cuando sus responsabilidades hayan sido diferentes.
Hay varias otras razones, tanto más importantes para la sugerida re-estatización. El subte es un servicio público esencial para los porteños y bonaerenses, la vida laboral-económica, social, educacional, el turismo y tantas otras actividades de ese conglomerado urbano. Pensar que las autoridades porteñas y nacionales tuvieron tantas críticas a los cortes de calles y bloqueos de trabajadores y desocupados que afectaban el tránsito en la Capital. Ese problema no fue nada en comparación con la catástrofe y caos del transporte de estos días...
Si ese servicio clave no se presta, el estado debe intervenir y dar soluciones. Si se tienen en cuenta dos antecedentes muy recientes, se comprobaría que se puede tomar el toro por las astas. En abril pasado la presidenta impulsó la renacionalización de la mayor empresa, YPF, con buenos argumentos, luego que se comprobara que Repsol estaba desinvirtiendo y fugando capitales. Y ya exhibió primeros resultados auspiciosos.
El oficialismo presentó un proyecto para reestatizar la ex Ciccone Calcográfica, con el argumento de que la Casa de la Moneda la necesita para la provisión de billetes y documentación oficial. La oposición y los mal pensados creen ver en esta disposición un plan para cerrar las investigaciones que comprometan al vice Amado Boudou. Sea como fuere, esa empresa pasará a órbita del estado.
Si en 2012 sí se pudo con YPF y Ciccone, ¿por qué no se re-estatiza el subte? Se da por caída la concesión, sin costo, luego se invierte y subsidia pero no a los privados, y se firma una buena paritaria con los trabajadores.
En política, una solución de ese tipo revelaría más nítidamente la antinomia de fondo con Macri y la oposición conservadora. Sería una pulseada a favor de la gente, que aplaudirá en cada estación al que brinde una solución.
La Arena, 12 – 08 – 12
La Quinta Pata
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