Agustín Sur
Los organismos humanitarios de Mendoza en más de una oportunidad han exigido, en casos puntuales, la detención provisoria de imputados por crímenes de lesa humanidad, como lo es el de Calos Rico, que fue funcionario del gobierno de Jaque, incluso del peronista Lafalla. Rico está acusado de haber sido partícipe del plan del terrorismo de estado. Es comisario retirado, y en el ‘78, cuando el mundial de fútbol, fue, según él mismo lo ha afirmado, responsable de un órgano, en el marco del D2, para enfrentar "a los delincuentes subversivos", negando luego tener vinculación con el D2.
Sin embargo, testimonios concretos lo incriminan como haber tenido participación activa en la represión mediante la tortura, la desaparición de personas, y la ejecución de militantes político. Es por ello, que, como lo expresó el ministro de seguridad Carlos Aranda, Rico está prófugo, desde el miércoles pasado 21, pedida su captura en la orden del día, a consecuencia de una resolución de la cámara federal de apelaciones, que hizo lugar a un amparo presentado por la fiscalía y la secretaría de derechos humanos de la Nación, ordenando la "inmediata imputación y citación a indagatoria a Rico por privación ilegítima de la libertad, tormentos y tormentos seguidos de muerte". Por orden del juez Walter Bento, en septiembre del año pasado, Rico tenía prohibido salir del país. A consecuencia del pedido de captura, se lo fue a buscar a su domicilio y no se lo ha encontrado, ni se tienen señales en donde podría ubicárselo. Y si bien se lo acusa de asociación ilícita, Rico enfrenta ahora cargos más graves, puesto que la cámara de apelaciones, cuyo titular es el fiscal Omar Palermo, ordena imputarlo por crímenes de lesa humanidad. Al igual que Romano, la huida en la que ha incurrido es señal de admisión de las culpas que se les imputan.
Prosiguen atentados contra organismos de derechos humanos
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