domingo, 25 de noviembre de 2012

Violencia contra la mujer: el comercio sexual

Évelin Torre

El 25 de noviembre se celebra el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". El objeto es concientizar sobre este flagelo que resulta ser expresión de un orden social basado en la desigualdad, como consecuencia de la asignación de roles diferentes a los hombres y a las mujeres en función de su sexo, y que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana. No se limita al maltrato físico, sino que presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato.

En general, sobre el tema, existe una importante carencia de datos confiables y con valor comparativo a lo largo del tiempo, ya que la mayoría de los países no recopilan datos con regularidad. La situación se complica, además, por el insuficiente número de denuncias que se realizan.

Sin embargo, se puede afirmar que América Latina es la segunda región con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

La violencia sexual
Merece nuestra especial atención un aspecto de este flagelo, la violencia sexual, que existe desde que la cultura de dominio patriarcal se instaló en nuestro mundo y sus principales víctimas son las mujeres y niñas.

El 90% de las violaciones envuelven amenazas de golpes o la utilización de la fuerza y muchas veces conlleva una doble victimización, pues se hace responsable a la mujer de lo sucedido, acusándola de provocar la violación con su forma de vestir o sus acciones.
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Además, la violencia sexual parece haberse convertido en una de las herramientas predilectas de tortura en distintos hechos de violencia y conflictos armados. En nuestro país, fue una práctica generalizada y sistemática realizada por los represores de la última dictadura militar, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror. El objetivo era el castigo psíquico y físico.

Otras facetas preocupantes de esta problemática son la prostitución y la explotación sexual. Hoy asistimos a un grave proceso de cosificación de las mujeres que las convierte en mercancías o prestadoras de un servicio, situación que naturaliza y banaliza las prácticas prostituyentes.

Esta situación se manifiesta incluso en el lenguaje. Al decir que una mujer “ejerce la prostitución” la cosificación aparece relativizada e incluso negada, dando a entender que “ellas se prostituyen”, “ellas eligen”, sin tener en cuenta que es una frase sin sentido pues, equivale a decir que “el esclavo ejerce la esclavitud”, o que “el trabajador ejerce la explotación”. El hombre es el que prostituye y la mujer es el “objeto” de esa acción. No es posible que alguien se prostituya a sí mismo.

Sin embargo, la prostitución ha tomado en la actualidad una dimensión más y preocupante: la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó solo un escalón por debajo del narcotráfico.

Las mujeres son secuestradas y trasladadas hacia los centros de prostitución en contra de su voluntad, con el claro objetivo de comercializar con ellas. Desaparecen, nadie las encuentra, no tienen documentos porque se los quitan, están encerradas y aisladas, y son torturadas e incluso asesinadas.

La trata en Mendoza
En los últimos meses, ha empezado a sonar con fuerza en Mendoza el tema de la trata de mujeres. Tal vez el disparador más fuerte ha sido la desaparición de Johana Chacón en el departamento de Lavalle, aunque lejos está de ser el único.

Las cifras revelan que el comercio y la explotación sexual de personas son problemáticas instaladas en nuestra sociedad. Desde la Mesa contra Trata de Personas difundieron que en Lavalle ya son 27 las niñas y mujeres desaparecidas. Soledad Olivera (28) y Johana Chacón (13) son los últimos casos registrados.

Según Ana María Gil, militante social, integrante de la Fundación Ecuménica de Cuyo y representante de la Mesa contra Trata de Personas, los departamentos donde se registran la mayor cantidad de casos de trata son los de Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y los del sur (Malargüe y San Rafael).

Cruzada de Fayad contra los prostíbulos en Capital
Días atrás, el Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza, aprobó la ordenanza que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y locales nocturnos que promuevan encubierta o directamente la oferta sexual.

La medida, impulsada por el intendente Victor Fayad, tiene por objeto combatir la trata de personas y ha generado voces a favor y en contra.

A simple vista, la medida es interesante y valiosa, pues el estado no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que promueve la utilización de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema, ni las prácticas masculinas de acceso a su cuerpo a cambio de un precio.

La regulación y legalización de la prostitución no implica la dignificación de la mujer que está involucrada, sino que instaura un sistema de valores que considera como legítima la explotación por terceros del cuerpo de las mujeres.

Por otro lado, hay quienes dicen que muchas mujeres eligen voluntariamente ejercer dicha actividad. Sin embargo, difícilmente dicha afirmación resista un análisis crítico. Ninguna mujer nace prostituta, sino que llega a ello impulsada por múltiples circunstancias, de allí que el estado no deba centrarse en legalizar esta forma de esclavitud, sino que debe trabajar en la prevención y contención.

Además, está demostrado estadísticamente que en aquellos países que han legalizado la prostitución, como Holanda, Alemania, Suiza, Australia, Nueva Zelanda o Italia, han aumentado las cifras de tráfico de mujeres.

Sin embargo, la medida impulsada por el intendente capitalino genera muchas dudas.

En primer lugar, dicha prohibición lejos está de solucionar el problema de la trata, pues lo único que puede lograr es el traslado a los departamentos aledaños y, probablemente, ni siquiera ello suceda, pues dichos locales siempre han funcionado clandestinamente pero a la vista de todos, incluso de las fuerzas policiales que actúan con aquiescencia dejando a la vista su complicidad.

Por otro lado, ¿cómo se explica que, siendo la Cuarta Sección la zona más critica de Capital, en ella no se hayan instalado cámaras de seguridad? Es sabido que en otras zonas de la ciudad hay varias cámaras por cuadra, y allí, donde funcionan la mayor cantidad de prostíbulos e incluso se han registrado varios intentos de secuestros a mujeres jóvenes, no hay cámaras que registren lo que sucede ¿Debemos interpretar esa omisión como un simple descuido o en realidad, ese “punto ciego” ha sido deliberadamente establecido en la capital mendocina?

De hecho, dos semanas atrás la madre de una menor denunció que su hija sufrió un intento de secuestro a plena luz del día, en calle Salta y Córdoba. Según la mujer, su hija pudo escapar y, junto a los investigadores, cree que pudo haber sido el blanco de una organización que se dedica a la trata de personas, atendiendo a que en los últimos meses se han registrado casos similares en esa zona. No obstante, no se advierte que desde el gobierno provincial ni desde la municipalidad se hayan adoptado medidas concretas para evitar que vuelvan a suceder hechos de esta índole.

De allí que la simple prohibición de los locales en donde exista oferta sexual resulta una medida inocua si no se la acompaña con programas integrales que garanticen la prevención, seguridad y contención de las mujeres involucradas.

Sobre los responsables…
La trata de personas ha alcanzado en la actualidad cifras alarmantes, convirtiéndose en una de las facetas más preocupantes de la violencia contra la mujer.

En un mundo capitalista que funciona de acuerdo a la ley de oferta y demanda, todo tiene su precio, incluso la dignidad y el cuerpo de la mujer.

En este sentido, es importante señalar la responsabilidad de los “clientes” o “consumidores”, en su mayoría hombres, que compran a las mujeres para la explotación sexual y por ello no son castigados, a diferencias de las víctimas que muchas veces son procesadas como delincuentes y condenadas socialmente. De hecho, está bien visto que un hombre concurra frecuentemente a estos lugares.

También la complicidad policial y judicial es un obstáculo para la lucha contra este flagelo. Es normal que al momento de acudir a un local donde se ejerce la prostitución, el sitio se halle “limpio” porque la policía que debía colaborar con el operativo avisó antes a los propietarios. A esto hay que sumarle las vinculaciones que, muchas veces, tienen jueces y fiscales con las personas que regentean estos sitios clandestinos.

Sin embargo, los responsables directos del crimen de trata de mujeres son los que llevan las grandes ganancias del negocio. En algunos países hay hasta 5.000 organizaciones dedicadas a vivir del tráfico con fines de explotación sexual y los gobiernos continúan insensibles.

De allí que la misión de la sociedad debe ser exigir políticas públicas que eviten la prostitución y leyes que castiguen a las redes mafiosas que se enriquecen con este comercio infame, donde siempre la víctima es la más vulnerable y la más olvidada, o directamente culpabilizada y sometida a tratos denigrantes, en lugar del reconocimiento de que son personas que han sufrido en carne propia la violación de todos sus derechos como seres humanos.

Si no nos manifestamos frente a la inercia de nuestros gobernantes, seguiremos siendo cómplices de esta denigrante forma de esclavitud moderna.

La Quinta Pata

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