Ramón Ábalo
El odio mediático de las caceroleras de teflón, los gurúes desteñidos de la derecha, sus seguidoras/res de los “countries” y algunos desaliñados desclasados, salieron a ganar las calles del país. No ganaron mucho pero hicieron ruido, un ritual que los caracteriza en el altar de los privilegios perdidos. Y a perder. Cuando las burdas patrañas que desparraman en los sucios intersticios de la prensa golpista es respondida desde la Casa Rosada con medidas contundentes de recuperación de la identidad nacional y popular, reaccionan como la bestia herida, amenazantes y destemplados. Y el odio les resuella por las heridas.
Se dicen de la oposición pero no tienen nada que ofrecer a no ser el insulto soez, la diatriba y como programa alternativo para el logro del poder, la violencia..."se tienen que ir, si no lo sacamos nosotros”...”hay que echarlos a patadas”...”nos quieren meter el chavismo y el marxismo”...“hay que hacer desaparecer a esta gente”... “pongámonos de acuerdo para no pagar nada”...“después distribuimos la renta solo entre nosotros”... “que no tengan plata en julio y no puedan pagar el aguinaldo...”
Esta vez, juntados y desparramados, la cuestión de los proyectos de leyes para democratizar la justicia los coloca en el frenesí y el disloque emocional, gritando su defensa "ante la embestida del gobierno para convertirse en dictadura". Y claro, se trata de la defensa de una corporación sustancialmente cómplice e implicada con el terrorismo de estado y la impunidad de los genocidas. Durante 40 años los organismos de derechos humanos se movilizaron día a día para pedir, requerir y exigir justicia, la que se le negaba sistemáticamente hasta hace ocho o diez años en que un gobierno tuvo el ánimo y la decisión de implementar los mecanismos para acceder a la exigencia. Pero antes tuvo que encarar - y debe seguir haciéndolo - una limpieza que en la medida en que se sacaba la mugre de debajo de la alfombra, se desparramaba el mal olor de la putrefacción que se acumulaba en los rincones donde se guarecía el latrocinio judicial, en todos los órdenes y en todas las jurisdicciones, nacionales y provinciales. Ha ocurrido parcialmente, y con ello centenares de genocidas han ido a parar a presidio. No es poco ni lo suficiente, pero ya es algo, es el camino para el desplazamiento de una justicia corporativa, por otra que sea también resguardo del desprotegido, del humillado, del carenciado material y espiritualmente. Del colectivo popular y nacional. Que supere el dicho de la calle, de que para los pobres es el código penal y para los ricos el código de comercio.
Jueces y justicia procesistas
▼ Leer todoLa totalidad de los jueces, camaristas y fiscales - federales y provinciales - debieron jurar por las llamadas actas del "proceso", que sustituía a la constitución. Los representantes y defensores del derecho, aceptaban ubicuamente, o por temor, la vergonzosa responsabilidad de avalar la represión. La seguridad jurídica del país quedaba en manos de mojigatos, o directamente cómplices. Seis años atrás pude acceder a la nómina de los jueces provinciales y la conclusión fue que el 80% provenían aún de la dictadura. En el ámbito de la jurisdicción federal, se me negó dicha nómina, un impedimento relativo para profundizar en nuestro convencimiento de que en un porcentaje mayor que la provincial, la estructura federal venía tal cual la había estructurado la dictadura. Para ejemplo: no hubo un solo habeas corpus que se hubiera contestado positivamente.
En afán de tener respuestas a tanto drama, husmear en estas tramas de una justicia que no era tal, nos metía en el pasado de esa institucionalidad de negación total. Y en el mismo marco de la excepcionalidad democrática, que era esta de los golpes de estado, nos encontramos con ejemplos mayores y ancestrales a esta realidad de una estructura del estado basada en la discriminación social, política e ideológica. Buceamos en el inicio del golpismo con fecha del 6 de septiembre del 1930. Lo promovió y encabezó el general Uriburu, hombre de la extrema derecha, imbuido de la ideología fascista y que vociferaba que el gobierno debía ser ejercido por las minorías supuestamente superiores en saberes y condición social, menospreciando a las mayorías "analfabetas, inmersas en la desidia y la vagancia". Estos conceptos discriminatorios tuvieron su cumbre con la decisión de la suprema corte de justicia el 10 de ese mes de setiembre, reconociéndolo como presidente de la nación mediante una célebre y cuestionada acordada, que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, que los justificaba con pretensión de darles una pátina de legitimidad jurídica.
Y hay algo más; en un texto titulado "Estado y derechos humanos, instrumentos jurídicos para la represión política" del doctor Carlos Zamorano, abogado, ex-preso de la dictadura y actual co-presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, encontramos párrafos del pensador marxista argentino, el doctor Alberto Kohen, quien expresa "que el poder judicial refleja las necesidades de aplicar coactivamente la norma por las clases dominantes...Este derecho consagra la propiedad privada en nombre de la igualdad ante la ley la libertad contractual, sometiendo el poder del estado a la ley, "su" ley, que ahora es presentada como expresión de la "voluntad general". Una vez que surge históricamente el estado, "cobra la apariencia de imparcialidad y neutralidad, como representación de la ley (supuestamente) frente a todas las clases". Zamorano resalta que Kohen recuerda que la constitución de 1853 "fue el compromiso de la burguesía y los terratenientes, bajo el predominio de estos últimos, para la organización nacional en los moldes del régimen de producción predominante", es decir agro-ganadera, por lo que necesitan presentar "sus" intereses como los de "todo el pueblo". Y ello, agregamos nosotros, bajo el paraguas de las normas jurídicas. De un estado, de un poder "situado por encima de la sociedad a efectos de amortiguar el conflicto: así nacieron el ejército, la policía, cárceles, magistraturas, legislación, todos instrumentos de la violencia de la minoría opresora sobre una mayoría de oprimidos", pensamiento este del jurista argentino S. Schmerkin que también transcribe Zamorano en el dicho trabajo.
Por eso la democratización de la justicia, como lo pretenden los proyectos de leyes - ya aprobados por el congreso en una primera instancia - del oficialismo tienden a atenuar la visión de clase de un poder que responde a las minorías y hace de "la igualdad ante la ley", un privilegio de aquellas. Estos privilegios son los que defienden los que desaforadamente transpiran odio contra lo que, en realidad, serán lentos avances hacia una justicia para todos.
La Quinta Pata
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