Esta semana hubo en diputados mucho debate, denuncias e incidentes. Quizás en la próxima le arrebate ese título el senado, al reconsiderar el proyecto del consejo de la magistratura. Esa iniciativa insumió más tiempo en la sesión que comenzó el miércoles 24 y terminó 21 horas más tarde. Un encierro tan prolongado no parece lo mejor para neuronas en condiciones óptimas. Esto, descontando que las de algunos legisladores ya emitían señales de mal funcionamiento...
Los argumentos de una y otra parte no tuvieron novedades respecto a los ventilados en el senado y - en el caso de la oposición - en
Según esa sesgada óptica, los seis proyectos compondrían un paquete cerrado del gobierno para el asalto de la justicia independiente. Para los detractores de la democratización, la justicia actual debe defenderse porque en caso contrario se arrasaría a la república. Elisa Carrió dixit. Amén.
Para la bancada del FPV y sus aliados sabbattelistas, radicales K santiagueños y del Movimiento Popular Neuquino, en cambio, es mucho mejor que sean 19 los miembros del consejo de la magistratura. Y que en vez de votarlos 7.000 abogados y unos pocos centenares de magistrados, lo hagan los 28 millones de argentinos empadronados.
El cronista comparte esa segunda opción. Es más democrática y políticamente apropiada, visto el sentido corporativo, cerrazón y secretismo que caracteriza a buena parte de ese poder.
130 no son 128
Haber reunido quórum para sesionar, sostenido la sesión tantas horas y finalmente votar, fue todo mérito oficialista. Significó una primera derrota de la oposición que por medio de la cuasi golpista Elisa Carrió había propuesto "impedir la sesión", profundizando el boicot realizado a las comisiones cuando se preparó el dictamen.
Hubo una interminable lista de oradores, donde cada quien dijo lo suyo, sin medias tintas y sin censura. Extraña "dictadura K", según los caceroleros del 18A, pues las ideas se pueden expresar tan libremente...
La oposición recibió un golpe difícil de asimilar, el día antes, cuando la presidenta aceptó parte de los pedidos de los camaristas, en nota transmitida por Ricardo Lorenzetti. Se le devolvía a la corte suprema el manejo de la caja que, según la constitución, debe administrar el Consejo de la Magistratura. Y se permitiría que los jueces nombraran a sus secretarios, sustrayendo esos cargos del concurso.
Discutibles políticamente, tales concesiones a la corte quitaron beligerancia a Lorenzetti, cortesanos y camaristas, restando voltaje político a las objeciones opositoras.
La más extremista, Carrió, acusó en el recinto y luego en el juzgado de Canicoba Corral, la supuesta existencia de un "pacto" entre Lorenzetti y Cristina Fernández. Luego
La Nación reveló que la presunta prueba de la diputada era un artículo suyo, confirmando que los medios monopólicos son los que dan letra a ciertos políticos.
Perdida la votación, esos legisladores gritaron "fraude". Todo porque el tablero electrónico había marcado 128 votos afirmativos en vez de los 129 que se necesitaban. Inmediatamente dos de los legisladores cuyos votos no habían sido registrados, Alicia Comelli del MPN y el santafesino Juan Carlos Forconi del FPV, aclararon que habían votado a favor. Tanto la votación en general del proyecto, como las realizadas por artículos en particular, arrojaron 130 votos positivos, incluido el artículo 2, vuelto a votar por ese inconveniente técnico.
La oposición ya no estaba en el recinto. Luego de comportarse como barras bravas en la cancha y arrojar alguna botellita de agua a los oficialistas, abandonó la sesión en tropel. Casi todos, menos Carrió, Bullrich y Yoma, entre otros que habían sufragado en contra. Nobleza obliga nombrarlos.
Judicialización de la política
Los perdidosos en la votación, con Clarinete como respaldo mediático, aseguran que estas iniciativas politizan la justicia. Error. La justicia siempre estuvo politizada y aún, en ciertas épocas que debieran recordarse, militarizada, visto su contubernio con uno de los peores partidos que violentó la democracia desde 1930 en adelante: el partido militar.
Ahora se politiza de otro modo: con la elección popular de los consejeros, lo que dista mucho del cuco agitado sobre "elección popular de los jueces".
Para la editorial de
Gaceta Ganadera , se trata de "Hacia la suma del poder público. Afortunadamente, en medio de esa tormenta de tierra y humo, hubo jueces, juristas y personalidades de derechos humanos que hablaron a favor del intento democratizador. Entre otros, el juez platense Carlos Rozanski, el jurista Beinusz Smuckler y el dirigente de derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, que de kirchnerista no tiene nada.
Aunque sin opinar sobre el fondo del asunto por razones de que el expediente llegará a la corte, Raúl Zaffaroni manifestó que le parece muy auspicioso el debate abierto sobre la justicia. Esa discusión la pusieron sobre el tapete la presidenta y los bloques oficialistas; no fueron Carrió ni los radicales ni Macri ni el poco legalista Momo Venegas.
Es exactamente al revés de lo que dicen esos sectores. Ellos han judicializado la política, porque - ante leyes donde habían perdido en el Congreso - fueron presurosos a un juzgado para tratar de revertir el resultado. Así actuó el duhaldista Enrique Thomas frente a la ley de medios, a la que se había opuesto. Comenzó de ese modo la historia de las cautelares ante la justicia para impedir la puesta en marcha de una ley perfectamente constitucional, como serán las de la reforma judicial.
Los opositores acérrimos van más allá de tribunales. Han hecho denuncias ante la OEA y puede que lleguen hasta la Corte Interamericana y La Haya. Así de antidemocráticos son...
Procuradora de lujo
La baja en la potencia de las acusaciones de la oposición se notó en que antes acometían contra jueces sospechados de favorecer al gobierno, como Norberto Oyarbide, y ahora quieren fusilar mediáticamente a la sólida procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Los antecedentes jurídicos de la funcionaria son impecables, al punto que cuando el gobierno la propuso, en vez del mediocre Daniel Reposo, fue confirmada por el senado con el voto de todos los senadores, menos tres.
Ahora
La Nación en su editorial del jueves 25 la califica de "abanderada del asalto a la justicia", el senador radical Cimadevilla la denuncia por designaciones de fiscales subrogantes y el fiscal Guillermo Marijuan la acusa de "abuso de autoridad".
En un clima de linchamiento mediático se podrían colgar a personas intachables como Gils Carbó, pero no le resultará fácil a la turba porque una cosa es tirar contra el extravagante Oyarbide y otra a una procuradora de lujo. Que no les guste su participación en "Justicia Legítima", eso se entiende. Es una acusación político-partidaria de estas seudo vestales de la no política, cocinada a golpes de cacerolas.
Incidentes no, hubo represión
El miércoles 24, mientras diputados discutía arduamente por los temas judiciales, Macri pasó por la carpa montada por la oposición en la plaza de los Dos Congresos. Allí criticó las iniciativas legales del gobierno como una ofensiva para suprimir la independencia del poder judicial.
Otros legisladores de variada gama le hicieron eco al jefe de gobierno porteño, que los dejó en offside dos días después. Es que el viernes a las 6 de la mañana la policía metropolitana enviada por él, entró por la fuerza en el predio del Hospital Borda, dedicado a la salud mental, para garantizar la demolición del Taller Protegido nº 19.
Esas instalaciones fueron demolidas, pero esa violenta irrupción policial motivó que trabajadores de ATE, enfermeras, médicos y pacientes comenzaran una dura resistencia. Se sumaron varios legisladores y la acción represiva fue captada por el periodismo, que recibió palos y descargas de balas de goma como el resto del público.
Entre los treinta detenidos hubo dos médicos (uno de ellos, Guillermo Puerta), una enfermera y un fotógrafo de
Clarín , José Pepe Mateos, quien también fue golpeado. El camarógrafo Mario Ricci, de
C5N , fue baleado en un brazo con itakas y debió ser operado. Gente de
América, Télam y
FM La Tribu , también "cobraron".
A pesar de que los hechos fueron contundentes y diáfanos en cuanto a las responsabilidades políticas y fácticas de la represión, hubo dos campanas.
Para los manifestantes y periodistas, hubo una brutal represión. Para Macri la policía se defendió de la violencia de los manifestantes. Y para
Clarín no hubo represión sino "graves incidentes en el Borda", a pesar de que su propio fotógrafo había sido golpeado y detenido. No hay peor ciego que el que no quiere ver...
Macri tiene muy poco apego a la justicia: actuó sin orden judicial para demoler y reprimir, y pasó por encima de un amparo que la cámara tiene en consideración.
Los negocios inmobiliarios lo vuelven loco al jefe del PRO. Los internados en el lugar son mentalmente sanos en comparación con quien se raya con tal de amputar el Borda y poner allí el centro cívico y un emprendimiento de Altos de Barracas. ¿A quién hay que ponerle el chaleco de fuerza?
La Arena, 28 – 04 – 13
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