Las inundaciones en Capital Federal, La Plata y sus alrededores habían causado tantas muertes y pérdidas económicas que -dentro de la calamidad- hubo cierto espíritu de pacificación en una política habitualmente caníbal. Además de cierto costo electoral a pagar por quienes aparecieran en ese momento con la beligerancia de siempre, también pudo haber influido el temor "al qué dirán". La nominación del Papa Francisco invitaba a los argentinos "a portarse bien" a los ojos del mundo.
Esa moderación ya no existe, visto el flujo de polémicas, declaraciones injuriosas y anticipo de voto contrario a los proyectos oficialistas de democratización de la justicia.
Parece que esas buenas iniciativas, por ahora la módica media docena que ya comenzó a tratarse en las comisiones de ambas cámaras, fueran algo mucho peor que el oleaje que mató en los primeros dos días de abril a unos sesenta compatriotas o más. ¿Tan negativos son esos proyectos anunciados por Cristina Fernández el lunes 8 en un acto público boicoteado por los líderes de la oposición?
Según la especialista en pronosticar catástrofes nunca sucedidas, Elisa Carrió, la reforma persigue objetivos de destrucción de la justicia, similares a los de la dictadura militar de 1976. Como la denunciante fue funcionaria judicial de esa dictadura en Chaco, quizás sepa algo que al común de los mortales, democráticos, se le escapa...
Esa candidata a presidente con tan poco suceso en 2011 no fue la única en pontificar el fin del mundo democrático. Los legisladores de la oposición, además del boicot al acto de anuncio de los proyectos, se ausentaron de las comisiones legislativas que comenzaron a debatir los dictámenes a tratarse esta semana en el recinto. Los representantes del radicalismo, el PRO, el peronismo conservador, el FAP y agrupaciones menores tuvieron un rapto de emblocamiento, en vez de los habituales movimientos centrífugos que los dispersan como hojas en el viento. Por separado o en conjunto, dejaron en claro que no serán de la partida; y en el senado, donde ya hubo dictamen de mayoría, concretaron esa táctica del portazo. Amagan hacer otro tanto en las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia, en diputados, repitiendo el argumento de que el oficialismo no permitiría cambios.
Tal aseveración se mostró como inexacta, porque ya hubo en el senado algunas modificaciones a la redacción original y podría haber más si surgen otros aportes.
Pero esa oposición tan poco constructiva ya decidió permanecer en la vereda de enfrente, aún antes de conocer y poder criticar con fundamentos las seis iniciativas.
Entre esas voces destempladas del "Frente del Rechazo" también se registró la de Julio Piumato (UEJN-CGT moyanista), quien se tiró a la pileta con un paro de 76 horas. En un movimiento de pinzas,
Clarín puso a su comodín Jorge Lanata a decir que esta reforma no significa democratizar la justicia sino su dominación por parte del gobierno.
Media docena interesante
Tanto revuelo y maldiciones contra los proyectos que envió la presidenta al congreso, y que tienen allí el mejor ámbito para el debate, su mejoramiento y hasta, eventualmente, su "filtro", están tratando de desnaturalizar su sentido democratizador.
Para recordar lo que está en debate, tres de los proyectos fueron al senado: el que aumenta de 13 a 19 el número de miembros del consejo de la magistratura y prevé elegirlos por el voto popular; el que crea cámaras de casación en la justicia civil, laboral y contencioso-administrativa, a imagen y semejanza de la que ya funciona en lo penal; y la limitación temporal de las medidas cautelares, que hoy pueden ser eternas. Y no solo eso, estas tienen un sentido de clase porque son poderosos intereses económicos los que se aseguran esas ventajas tribunalicias. Así ocurre con la medida que impide al estado cobrar 280 millones de pesos adeudados desde 2003 por el diario
La Nación , o la más conocida, que lleva tres años y medio, favoreciendo a
Clarín en detrimento de la ley democrática de medios.
Los otros tres borradores fueron a la cámara baja: para que se ingrese al poder judicial mediante concurso, para que los jueces y magistrados publiquen sus declaraciones juradas como lo hacen legisladores y ministros, y para que la ciudadanía pueda acceder vía internet a la información sobre el estado de las causas y fallos.
Conste que, como ya había sucedido en el discurso de la presidenta el 1 de marzo, donde se menearon estos temas, también el 8 de abril quedaron afuera asuntos muy importantes como el pago de impuesto a las ganancias para jueces, la polémica de los juicios por jurados y la elección popular de los jueces, que la propia jefa de estado calificó de "disparate".
La postura opositora dice que la justicia no necesita prácticamente cambios. Solo intereses económicos muy concentrados pueden pensar así y sentirse arropados en tribunales. El común de los argentinos cree que ese poder fue el que menos cambió con la democracia y necesita ser democratizado para escuchar las demandas de las mayorías.
El chancho y el dueño
Un viejo refrán dice que basta pegarle al chancho para que aparezca su dueño. Y algo de eso ocurrió, porque bastó que Cristina Fernández cuestionara una justicia colonizada por poderes económicos, para que saltaran fuertes intereses.
Era inevitable que esas voces propietarias armaran un alboroto mediático, pero al menos se les debería exigir que defiendan sus razones empresarias con argumentos veraces, en vez de camuflarse detrás de frases como "la defensa de la justicia, la constitución, el equilibrio de poderes" y otras expresiones rimbombantes.
Apenas la reforma sentó en el banquillo a la justicia corporativa, salieron en su defensa los medios hegemónicos. Si bien su discurso mantuvo esa pátina tan falsa de "defensa de la república", en algunos de los comunicados de la escudería de Héctor Magnetto se filtró la defensa de sus propios negocios y facturaciones.
Por ejemplo, su controlada Adepa, declaró: "Si se vulnera ese principio central del régimen republicano, la sociedad en su conjunto, todos los ciudadanos, perderemos uno de los resortes básicos para defender nuestros derechos. Y la prensa, en particular, verá aún más comprometida la libertad que le permite cumplir con el rol esencial que tiene dentro de toda democracia". Si ese párrafo hubiera dicho: "la prensa en particular verá comprometida su libertad de empresa y su evolución patrimonial, que es su rol esencial en esta democracia limitada que defiende", la confesión habría sido brutalmente honesta.
El gobierno no le pegó al chancho. Solo anunció que lo pondría a dieta y exigiría condiciones sanitarias básicas. Los dueños del animal, que aunque le pongan toga, cumple una función primaria y a veces rústica en un pulcro tribunales que en varios pisos huele a chiquero, armaron un escándalo.
¿Constitución o cacerola?
El titular de la corte no pudo pegar el faltazo el lunes 8 y tampoco el 1 de marzo en la inauguración de la asamblea legislativa, cuando sus ojos desorbitados reflejaron su disconformidad con los anuncios de CFK.
Prudente, Ricardo Lorenzetti no adelantó opinión sobre el paquete democratizador, aunque puede deducirse que no lo comparte. Que los argentinos se queden tranquilos, que la corte defenderá la constitución, fue su declaración.
En esa línea adversa, el dinosaurio Carlos Fayt, de 95 años, aconsejó releer dos artículos de la constitución. Uno de ellos, el 109, reza: "en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".
De esto podría inferirse que la corte suprema declararía, llegado el caso, la inconstitucionalidad de las leyes que empiezan a debatirse en el congreso.
Muy jugada con
Clarín , la Sala 1 de la cámara civil y comercial ya tendría redactado el fallo que lo favorece, fulminando a los artículos 45 y 161 de la ley de medios como inconstitucionales. Esta semana lo darían a conocer, para cierta preocupación de Lorenzetti, pues el expediente subiría hasta la corte y pronto tendrá que fallar.
Mientras la oposición política-judicial se encubre con la carta magna, otros integrantes de la coalición de sentido derechista se aprestan a marchar, cacerola en mano, el 18 A. Alegan defender la justicia, pero alientan la misma destitución de la presidenta que los dirigentes agropecuarios grabados en su reunión santafesina, los represores que rumian su venganza por los juicios de derechos humanos, los bancos que debieron anunciar rebajas en los intereses de sus tarjetas, los "fondos buitres" que perdieron un pleitos en París con Argentina y la Shell que quería seguir aumentando sin límite las naftas.
El gobierno tiene muchos votos y la mayoría en el congreso. Su punto débil, que no debiera serlo, es que no convoca a sus muchos defensores a la calle, temeroso de que lo acusen de "patotero". Y sin las mayorías democráticas en la calle, ya se sabe, el
Clarín resuena más metálico y mete un poco más de miedo...
La Arena, 14 – 04 – 13
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