Évelin Torre
Este miércoles se cumplió un año de la desaparición de Johana Chacón, la niña que fue vista por última vez cuando bajó del colectivo que la traslada de la escuela a la finca donde vivía con la familia Curillanca, en la localidad de Tres de Mayo, Lavalle. Mismo lugar donde, nueve meses antes, desapareció Soledad Olivera.
Al respecto, es llamativa la deficiente actuación de la justicia penal mendocina que, desde que se produjeron los hechos, ha tenido escasos avances en la investigación. Actualmente, sólo se encuentra detenido, desde el pasado 26 de agosto, Mariano Luque, como principal sospechoso de la desaparición de Olivera y quien posiblemente podría saber el destino de la pequeña, ya que se presume que ambos hechos tienen conexión.
Luque, de 30 años, es la pareja de una de las hermanas de Johana e hijastro de Luis Curillanca, el hombre que estaba a cargo de Johana en el momento que desapareció.
Las sospechas recaen sobre el detenido debido a que las pesquisas registraron, a través del celular de Soledad, numerosas amenazas de muerte contra ella, a quien Luque le advertía en reiteradas oportunidades: “Me las vas a pagar". Incluso el día de la desaparición de Soledad, la había llamado para concretar un encuentro, por lo cual la mujer se alistó y salió de su casa. A partir de ese momento nunca más se tuvo noticias de ella.
Contrariamente a la actuación de la fiscalía, quien sí ha tenido una participación activa en la búsqueda de Johana, es la comunidad educativa de Tres de Mayo, liderada por la directora de la escuela Virgen del Rosario, Silvia Minolli, quien tomó la iniciativa y salió a pedir por la pequeña de 13 años desde el primer día, acompañada por sus alumnos y padres que extendieron la campaña de búsqueda desde la redes sociales hasta manifestaciones y videos públicos que hoy circulan por la web.
De hecho, Silvia Minolli y la comunidad educativa de Tres de Mayo encabezaron la marcha que se realizó el pasado miércoles, con motivo del aniversario de la desaparición de Johana, acompañados de familiares y amigos de Soledad Olivera, así como también de organizaciones sociales y ciudadanos que se solidarizaron con la causa.
La marcha partió desde Lavalle y, luego de recorrer el centro mendocino, finalizó en la Legislatura provincial donde se proyectaron tres videos con testimonios de docentes, compañeros de Johana y vecinos de Lavalle y se le entregó un petitorio a la senadora Alejandra Naman, solicitando que “el Gobierno declare de interés provincial la aparición de Johana y Soledad”.
Cabe destacar, como lamentó la directora Minolli, la ausencia de representantes de otras escuelas mendocinas, que permanecieron indiferentes ante la desaparición de la alumna, como si ello no fuera una tragedia que afecta a toda la sociedad mendocina.
La buena noticia de la semana es que, alertada por los pocos avances de la investigación penal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en las causas en las que se investiga la desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Según el representante del organismo en Mendoza, Fernando Peñaloza, la intervención apuntará a investigar hipótesis que para el Ministerio Público han quedado prácticamente descartadas, entre ellas, la trata de personas.
Para la Secretaría de DDHH, habría algunos indicios que permitirían seguir en ambas causas la hipótesis de que las jóvenes fueron captadas con fines de trabajo esclavo o sexual, pese a que el fiscal Garay la ha desechado completamente, convencido de que ambas mujeres fueron asesinadas.
Recordemos que en un acto que se podría catalogar de intimidatorio, Garay, citó a declarar al candidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, porque en la marcha del pasado miércoles, se refirió a las conocidas denuncias que vienen realizando varias organizaciones de mujeres y de la comunidad de Lavalle acerca de que en nuestra provincia operan redes de trata y que la justicia debería investigar su posible vinculación con la desaparición de Johana.
Otro hecho que motivó la intervención de la Secretaría fue el pedido de Jury de enjuiciamiento para el fiscal Darío Nora, que fue quien en un primer momento investigó la desaparición de Soledad. El pedido tuvo lugar tras la investigación del Procurador de la Suprema Corte de Mendoza, Rodolfo González, que encontró serias irregularidades en el expediente de Olivera, como la omisión de adoptar medidas que podrían haber contribuido a obtener datos esclarecedores sobre el hecho, sumando otra muestra más de la desidia de la justicia provincial para investigar las desapariciones de las mujeres.
Lo cierto es que ambas causas habrían estado destinadas al olvido sino fuera por el rol activo que adoptaron las maestras de Lavalle. Afortunadamente, estas docentes levantaron las banderas para mantener vigentes los nombres de Soledad y Johana, recordándonos a aquellas Madres y Abuelas que salieron a las calles a reclamar por sus hijos desaparecidos por la dictadura.
Y tal como les sucedió durante años a aquellas Madres y Abuelas, estas docentes han sido ignoradas por el grueso de nuestra sociedad, que reniega de hacerse cargo de nuestros desaparecidos, negándolos, condenándolos al olvido.
Ojalá la suerte de estas docentes –y de la sociedad toda- cambie, y al igual que lo que sucedió con los desaparecidos de la dictadura, la justica escuche los gritos que aclaman por Johana y Soledad.
1 comentario :
Defender la vida. Nunca será lo bastante, todo cuanto se haga para defender la vida.
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