La Liga Argentina por los Derechos del Hombre rechaza el proyecto Kunkel de restricción y represión al derecho del pueblo a reunirse, manifestarse y luchar por sus derechos libremente; convocamos a resistir contra su eventual aprobación. El primer derecho de los pueblos es a luchar por conquistar derechos; reprimirlo es violar los derechos humanos en tiempo presente.
“Decreto 1066 de 1983. 1) Que la Constitución Política
del Estado, en su artículo 19, N° 13, asegura a todas las personas,
el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas…
3) – Que el ejercicio de estos derechos tiene por límite
el resguardo de un tercero y su uso no puede llegar hasta lesionar
la libertad de otra persona o la conveniencia de la sociedad;
4).- Que es un deber de la autoridad ejercer la vigilancia
y cuidar de la integridad de las personas,
y la conservación de las plazas, calles, etc. etc.”
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército,
Presidente de la República de Chile
El proyecto del Frente Para la Victoria, anticipado por la Presidenta Fernández de Kirchner en su discurso del 1º de marzo, tiene un claro carácter restrictivo de los derechos humanos en cuanto penaliza la movilización popular (no solo los piquetes como falsamente se informa, sino toda forma de protesta social, prohibiendo sin más las que se quieran realizar frente escuelas, hospitales, comisarias –art 2, inciso a-) que es el primero de los derechos de los pueblos: sin lucha social ni movilización popular no hay posibilidad alguna de conquistar el acceso a los derechos formalmente proclamados, defender los amenazados o conquistar nuevos derechos.
El proyecto se coloca en una secuencia histórica de larga data que fue rota por las luchas populares de Diciembre del 2001; desde entonces la derecha busca sacar al pueblo de las calles sin éxito, y está por verse si aún consiguiendo la aprobación del engendro consiguen romper la creciente dinámica de luchas contra el ajuste y los casos de “gatillo fácil”.
La ley anuncia el aval oficialista de la cultura represora que nunca desapareció de las fuerzas de seguridad, pero que por algunos años había estado huérfana de legitimidad social y aval gubernamental, el solo anuncio del proyecto incrementará la represión porque la Bonaerense, la Gendarmería, la Federal, etc. tienen un oído muy fino para “leer” los mensajes del Poder, y este es un claro mensaje de penalización de la lucha popular y de amenazas represivas. El proyecto pareciera buscar la “normalidad” represora que caracterizó nuestra historia desde nuestros inicios como Nación (ley 4144 de 1902, por ejemplo).
El diputado Kunkel y quienes lo acompañan van más atrás de las leyes macristas que indican que se debe avisar “cuando sea posible”. Con la Ley Kunkel las movilizaciones del 19 y 20 de Diciembre del 2001 o las del Puente Pueyrredón de junio del 2002 cuando asesinaron a Kostecky y Santillán, serían ilegales y por ende “legal” la represión. Conviene resaltar que el proyecto Kunkel no se presentó en el 2008 cuando la burguesía sojera y los grupos económicos poderosos impulsaban la protesta callejera contra la Resolución 125; no, se presenta ahora cuando crece la resistencia al ajuste de la economía derivado de la devaluación realizada a pedido del FMI y demás organismos financieros internacionales con los que se está negociando nuevos pagos de la eterna deuda externa impuesta por el Terrorismo de Estado, por lo que consideramos que su texto es uno más de los efectos a largo plazo del Genocidio.
Arrogarse el derecho de decidir cuál reclamo popular y cual organización social tiene “derecho” a protestar y cual no tiene un cuño fascista indudable que se fortalece con la exigencia de un “delegado”, como si los parisinos del Tercer Estado que atacaron la Bastilla, dando inicio a la Gran Revolución Francesa, la revolución burguesa por antonomasia, hubieran tenido delegado. Junto con el costado represivo, el proyecto revela un profundo costado elitista y soberbio que pretende borrar al pueblo como sujeto de la historia. La sola elección del “delegado” le garantiza a este su procesamiento en la o las causas penales que se inicien a posterioridad de la protesta.
Al exigir que el aviso sea dado a las fuerzas policiales, el proyecto muestra su propósito represivo con claridad aún mayor que la normativa de Pinochet, que establece que el aviso debe darse a autoridades políticas (el mismo criterio sostiene el poder judicial de la C.A.B.A., ante la referencia genérica a la “autoridad” en la norma local).
El proyecto da un plazo de dos horas para la negociación, amén de lo ridículo y exiguo del plazo, ello impide a quienes protestan cualquier consulta racional con sus bases, asesores, amigables componedores, etc. Asimismo, el plazo contradice groseramente el declamado propósito de garantizar la libre expresión y vulnera el derecho de defensa. Obviamente, el no acuerdo en la “mediación” abre el camino para la represión y desalojo en forma directa prácticamente apenas comenzada la protesta.
Pese a las declamaciones contenidas en el Cap. III sobre el uso de la fuerza, la exigüidad del plazo y la posibilidad de desalojar o reprimir una protesta ilegitima o que se transforme en tal en caso de no arribar a un acuerdo, torna letra muerta tales propósitos. Y es muy grave que cuando habla de prohibición de portación de armas de fuego al personal de las fuerzas de seguridad, aclara que solo para aquellos que estén en contacto directo con los manifestantes. Para el resto, o sea los que se ubiquen solo un poco mas lejos lo permite. Con ello se da un permiso legal para amenazar con armas a la vista. O para usarlas en definitiva como ocurrió en el asesinato de Fuentealba, los Qom de Formosa, los compañeros del Parque Indoamericano y muchos más en estos años. Claro que desde ahora, será “legalmente” y con el apoyo político del oficialismo y la oposición de derecha que saluda estas iniciativas con alborozo.
El Kirchnerismo tuvo políticas de memoria y de reparación material y simbólica hacia las víctimas del terrorismo de Estado que valoramos y apoyamos en toda circunstancia. Esas políticas fortalecieron la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, y en cuanto convergieron con esas luchas posibilitaron los juicios, la creación de sitios de memoria y una resignificación de la historia reciente en una dirección de más cercanía con la verdad. Hemos sido parte de los juicios y asumimos nuestras responsabilidades en la construcción de sitios de Memoria, fundamentalmente desde el Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad autónoma de Buenos Aires creado por ley en 2004.
En esta década se han dado pasos de gigante en los temas de Memoria, Verdad y Justicia, pero nunca se interrumpieron las prácticas represoras por parte del aparato armado del Estado que en la década kirchnerista se reformuló y creció exponencialmente como acaba de jactarse Capitanich al sumar más de 400 mil hombres bien armados, mejor entrenados y sujetos a un mando único que por ahora es Berni pero se procura que el Ejercito, y por eso la promoción de Milani a pesar de su pasado genocida, recupere la articulación y comando de semejante aparato de control social y represión.
Al contrario de la propuesta Kunkel, habría que hacer efectiva la prohibición de torturar y cesar la represión de las manifestaciones populares, haciendo responsable a la autoridad política que “manda” las fuerzas de seguridad de sus acciones, como así también sancionar leyes que depuren las fuerzas policiales, de seguridad y militares de todo personaje vinculado a la represión histórica, el gatillo fácil y las mafias de la droga que hoy acechan en el territorio. Es necesario asimismo tomar las medidas legales que sean necesarias para hacer cesar la criminalización de la protesta, que ha llevado a la arbitraria condena de los trabajadores petroleros de Las Heras y tantos otros militantes populares. Hacen falta leyes que garanticen la libre organización popular (por ejemplo, una nueva ley sindical que termine con las burocracias sindicales corruptas y mafiosas que toleran el trabajo en negro, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, todas formas de violación de los derechos económicos sociales formalmente garantizados por la Constitución Nacional).
La historia nos ha enseñado que ninguna Ley es garantía suficiente para el respeto de los derechos humanos; solo el pueblo organizado hace visible, conquista el reconocimiento por parte del Estado y con las luchas sociales se logra el acceso universal a los mismos. Encorsetar la lucha popular es antagónico a tal proceso y por tanto, antagónico a la lucha por los derechos humanos.
Cada cual puede elegir de qué lado de la cuestión se coloca.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, como lo hace desde hace 76 años, seguirá firme junto a los que luchan por la libertad, la igualdad y la justicia para todos
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