Declararon Roberto Marmolejo y Silvia Faget. Se hizo énfasis en la inacción de la Justicia Federal además del señalamiento a efectivos penitenciarios. Ambos reconocieron las garantías ofrecidas por la actual administración de justicia.
“Estoy orgulloso de que los procesados hoy tienen derecho a declarar y a defenderse, que los condenados tengan su proceso correspondiente. Esto no es un juicio sólo de técnica jurídica sino de Memoria, Verdad y Justicia que le incumbe a toda la humanidad”. Así comenzó la declaración de Roberto Marmolejo, detenido en dos circunstancias previas al ‘76. En 1974, por formar parte de una agrupación estudiantil de izquierda y en el ‘75 por participar de una pintada junto al desaparecido Francisco Tripiana; trasladados al D2, éste último sufrió torturas. En este centro de detención fue indagado por las actividades de Juan Carlos Carrizo, esposo de Susana Bermejillo, y por Mario Susso, ambos asesinados tiempo después.
El 17 de marzo de 1976 fue detenido y alojado en el D2, bajo la ley antisubversiva 20.840, por tenencia de municiones de guerra, falsificación de documentos y por posesión de “abundante” literatura marxista. Los elementos en que se basaba la acusación eran dos balas de los años 1947-49 en desuso, una cédula sin foto perteneciente a un amigo y la literatura encontrada. Estas lecturas consistían en el diario Los Andes y dos periódicos comunistas. De allí fue trasladado a la penitenciaría provincial y luego a la U9 de La Plata.
“¿Esta gente dormirá por la noche?”
La pregunta de Marmolejo reveló sus sensaciones ante la presencia de parte de la patota del D2, sus torturadores, en el flanco derecho de la sala de audiencias. Delante del Tribunal rememoró que se descompuso en un juicio anterior, cuando reconoció entre los acusados a su propio verdugo, Celustiano Lucero, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Paco Urondo.
Por otro lado, ratificó los tormentos que sufriera en la penitenciaría provincial donde pasó por la “peluquería”, después de ser mareado y encapuchado por sus carceleros. En ese lugar, al igual que otros testigos, fue interrogado mediante apremios ilegales. Mencionó, entre otros penitenciarios, al acusado Linares y otros agentes.
En cuanto a la intervención de los jueces, el 28 de marzo del ’76 su padre presentó un Habeas Corpus, el cual fue rechazado con costas por el juez federal Rolando Carrizo. Como en otros casos, el abogado defensor de oficio fue Guillermo Petra Recabarren, pero Roberto nunca lo conoció. Por su parte, el juez Guzzo lo sobreseyó dos veces; en la primera ocasión, el entontes fiscal Romano, apeló el sobreseimiento a pesar de la inconsistencia y las desprolijidades de la acusación. Los magistrados no leyeron el expediente, despreocupándose por las denuncias de torturas. El testigo recuperó la libertad en 1978.
Cuando salió de la U9 de La Plata se presentó al Servicio Militar, donde fue a parar nuevamente a los calabozos del Regimiento. Allí sufrió la sensación de riesgo permanente, “bajé 11 kg en un mes”, afirmó.
Roberto Marmolejo manifestó su enojo porque, ni siquiera en el ’95, pudo sacar un certificado de buena conducta ya que estaba imputado. En este sentido, puso énfasis en la continuidad de las persecuciones en democracia y agregó “ésta es la justicia que tuvimos hasta hace poco”.
Después de los burdos procedimientos evidenciados en el testimonio de Marmolejo, un perspicaz Leonardo Pérez Videla, Defensor Oficial de los acusados, inquirió si él estaba en la agrupación TUPAC de Vanguardia Comunista. Inexplicable, ¿a qué apuntaba esa pregunta?
Silvia Faget, compañera de Santiago Illa, periodista y militante del PRT, revivió los momentos del secuestro de “Chiche”. El 9 de marzo del ’76, irrumpió en su domicilio en San Rafael, personal policial y del ejército. Condujeron a Santiago al sótano de la vivienda y a Silvia, embarazada, la obligaron a punta de fusil, a permanecer sentada con su hijito en brazos. El mayor Suárez, a cargo del operativo, la indagó sobre la ubicación de las armas: “que yo sepa las armas las tienen ustedes”, dijo que le contestó. Antes de que se retiraran, debió firmar un acta en la que se decía que en su casa tenía una “cárcel del pueblo”. Antes de irse robaron instrumental de podología, libros y fotografías de su casamiento.
Gracias a las gestiones de su suegra, Silvia supo que Santiago estaba alojado en la penitenciaría de Mendoza; se comunicaba con él a través de dos cartas semanales. Meses después, la respuesta de Santiago se demoró. En mayo volvió a sus la última carta que le había enviado, con un sello que decía “no se encuentra en este domicilio”. Inmediatamente intuyó que lo habían matado.
Más tarde la testigo pudo rehacer lo sucedido con su esposo. Supo que Illa fue sacado del penal el 12 de mayo de 1976. Firmó la libertad pero, según un guardiacárcel, fue trasladado al Liceo Militar Gral. Espejo, lugar desde donde desapareció. De las gestiones ante la justicia, sin ningún resultado, se ocupó la madre de Santiago Illa.
Silvia Faget se reconoció militante y ofreció los nombres de desaparecidos y desaparecidas que pertenecían al mismo grupo de militancia, entre ellos Sonia Luna y Ricardo Ríos, quienes fueron secuestrados con posterioridad al golpe militar.
Reivindicó las convicciones que abrigaron ella y su esposo y preguntó a los acusados ¿de qué estaban tan convencidos?”. Al cerrar la declaración fue contundente: “Les deseo una larga, larga vida… pero presos”, a lo que el público respondió con un prolongado aplauso.
Para el regreso de la feria judicial, el lunes 28 de julio, se espera la declaración de Nilo Torrejón.
Fuente: http://juiciosmendoza.wordpress.com/
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