Roberto Vélez
Hay valores que no están ni a la izquierda ni a la derecha. Están en el centro geográfico de cada uno de nosotros: en el corazón. La moralidad inherente a la función pública es uno de ellos. En particular cuando se trata de cuestiones académicas destinadas a alumnos y a su formación.
Hasta no hace mucho teníamos la certeza de que cualquiera fuera quien resultara electo para un cargo académico, quedaban garantizados correctos procederes.
Que se truchen actas o lo que fuere para que tales o cuales resulten graduados irregularmente, constituye un despropósito y un gravísimo delito.
En el caso de nuestra facultad, hay responsabilidad de los ejecutores materiales. Pero los órganos de conducción también son responsables. Decana, vice, concejo, directores y funcionarios administrativos de carrera no están al margen de responsabilidades
No han actuado en consonancia con la gravedad de los hechos. Lo que no es casual.
Pero solo se trata de la punta del iceberg.
No solo en ciencias políticas (en donde además de arreglarse concursos, hay docentes con dedicación exclusiva que trabajan con suerte y viento a favor una hora diaria). También en la universidad.
Por aquello de que “entre bueyes no hay cornadas” y por la gravedad de los hechos, todo hace suponer la necesaria intervención de fiscales federales de oficio.
Y eventualmente la intervención de la unidad académica.
Y explicaciones claras.
No evasivas por parte de los funcionarios públicos del FRENTE AMPLIO-UNEN comprometidos en los desaguisados.
