Carlos Almenara
Estas tres últimas semanas en Mendoza se ha mostrado el programa por el que ha sido cooptada la UCR.
Aunque no se haga hincapié en ello, el radicalismo gobierna diversas instancias institucionales. En la Municipalidad de Capital el concejal que funge de intendente impulsó un “Código de convivencia urbano” que entre múltiples dislates prevé que cualquier cosa que quieras hacer en la calle, desde limpiar las bujías del auto de tu suegro hasta jugar un partido de fútbol, pasando por la marcha de Madres de Plaza de Mayo de los jueves en Plaza San Martín, lo que se te ocurra, todo queda “ilegalizado” o necesita permiso municipal expreso.
El mismo “intendente” que impulsa este mamarracho dice dos semanas después que necesita adelantar las elecciones municipales porque debe legitimarse electoralmente.
¿Por qué no hizo las elecciones este año? ¿Por qué aprueba un Código como aquél si carece de legitimidad electoral? Encima un Código con nula participación ciudadana.
El Código represivo, autoritario, que anula derechos constitucionales básicos se inscribe en una lógica política de restauración conservadora que pretenden los sectores concentrados y encuentra en estos políticos su devoto mandadero.
Un caso nuevo de radicales censores, represores y macartistas vemos en la nueva gestión de la Universidad Nacional de Cuyo.
Llegan informes de una feroz persecución a cualquier kirchnerista. Dos casos que conozco son los de Marcelo Sapunar y Alberto Marino en la Radio de la Universidad. Mi total solidaridad con ambos. Un atropello insólito y salvaje. Sapunar conduce Latinocracia, un programa con más de 20 años de trayectoria en medios privados y públicos, hecho siempre con profesionalismo, cuidado estético y pluralismo. Pluralismo que no implica falta de posición.
Sé que alegarán que tienen derecho a tener su línea editorial. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es?
Sé que intentarán decir que es una situación semejante a los medios públicos nacionales.
No lo es, los medios públicos nacionales tienen una línea editorial clara, explicitada, pero no han hecho, hasta donde conozco, persecución política como aquí.
Los hechos son gravísimos. Operan asumiendo un tipo de legitimidad como la que los llevó a golpear la puerta de los cuarteles. Se sienten con derecho a perseguir políticamente. Gravísimo. No hay que permitírselo.
Urge la denuncia y el reclamo contundente para no dejarles pasar estos atropellos.
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