Esta semana volvió a empezar el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de San Rafael. Recordemos que el 29 y 30 de diciembre de 2014 se había dado comienzo al proceso, pero tras las renuncias en el tribunal, y mientras se cubrieron las vacantes, se cumplió el plazo de diez días hábiles para que comiencen las testimoniales, por lo que quedó sin efecto todo lo actuado.
El jueves, finalmente, con el Tribunal ya conformado, se volvieron a leer las acusaciones, pero esta vez en la sede de la UTN, ante la presencia de gran cantidad de público. Por su parte, en la puerta del predio universitario se congregaron militantes de agrupaciones políticas y familiares de detenidos y desaparecidos, para reclamar justicia.
El tribunal quedó integrado por las juezas titulares Fátima Ruiz (presidenta) y Gretel Diamante, más el suplente (o cuarto juez) Marcelo Grosso, quien remplazó en la sala al titular Pablo Díaz Lacava, quien no pudo asistir, pero igualmente participó a través de una videoconferencia desde La Pampa.
La doctora Diamante, del Tribunal Oral Federal de San Luis, ocupa el lugar dejado por Héctor Cortez, quien en enero renunció a su cargo.
Recordemos que en la lista de 26 acusados -16 policías y 10 militares- hay cuatro prófugos, entre los cuales se encuentra el ex capellán del Ejército ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi, quien goza en Italia de la protección de la curia vaticana.
“En esta causa hay cuatro prófugos, uno de ellos es (el cura) Reberbery. Italia rechazó la extradición, allá no consideran delitos las torturas y otros hechos que se le imputan a Reberbery. Pero la Cancillería ha apelado esa medida”, señaló al respecto el fiscal especial Pablo Garciarena en el programa Línea Editorial de Radio Nacional.
Asimismo, Garciarena mencionó, además que de acuerdo al ritmo del juicio, se espera la sentencia antes de fin de 2015. “Esperemos que antes de fin de año haya sentencia. Sabemos que el tribunal pretende incorporar la mayor cantidad de audiencias semanales, creemos que vamos a estar entre los seis u ocho meses para poder tener sentencia”, indicó.
Los imputados están acusados de cometer delitos en perjuicio de 73 víctimas, 14 de ellas continúan desaparecidas. Recordemos que 68 fueron secuestradas en 1976; 14 antes de que ocurriera el Golpe de Estado; y las otras cuatro entre 1977 y 1978.
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