domingo, 19 de abril de 2015

Expresan preocupación por los obstáculos en los juicios de lesa humanidad

Abogados querellantes, fiscales, funcionarios y militantes de derechos humanos expresaron preocupación por obstáculos en juicios de lesa humanidad contra civiles imputados, en una reunión con cerca de un centenar de participantes convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Numerosos expositores expresaron en especial su alarma por recientes fallos que favorecieron a empresarios imputados por delitos de lesa humanidad como Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, y Vicente Massot, director del diarios La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.

La abogada María José Castillo aludió al “estupor y consternación” que causó en sobrevivientes y familiares de víctimas la falta de mérito que benefició a Blaquier en el “fallo absolutamente arbitrario” de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloqueó el camino al juicio oral aunque fue recurrido ante la Corte Suprema.

“Esperábamos un juicio oral por toda la prueba existente y nos sorprendió amargamente este fallo sin precedentes. Es la Corte la que tiene que resolver ahora si avanzamos o no en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Queremos saber cuánto va a estar la causa Blaquier acá, que resue lvan rápidamente y nos den la posibilidad de juzgar”, expresó la abogada de una de las querellas.

La presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, que participó del debate, formuló declaraciones a la prensa pero rehusó opinar sobre el fallo favorable a Blaquier, según explicó, por su desconocimiento del expediente.

“Yo no intervine en esa causa, que es de la Sala IV y en un expediente tan voluminoso sería irresponsable hablar, si yo no lo he tenido en mis manos”, respondió a una pregunta de Télam.

Por su parte, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, compartió la preocupación expresada por numerosos participantes en la reunión y que seguramente recogerá un documento de conclusiones, si finalmente se concretaba la idea de redactarlo.

“Yo creo que estos últimos fallos son preocupantes y en este sentido, ha sido muy oportuna la convocatoria”, dijo el fiscal Auat en alusión a la tercera reunión de la llamada Mesa de Discusión, que deliberó hoy en la planta baja de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida de Mayo al 700, en el centro porteño.

Para Auat, esas resoluciones judiciales son “una alerta activada”, en especial la del caso Blaquier, y “alimentan esa sensación de que estamos ante un punto final judicial” o un “nuevo cepo de impunidad” cuando la investigación procura avanzar sobre grupos empresariales y otros actores civiles imputados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

“Nosotros planteamos esta discusión en el escenario judicial pero la decisión de impunidad es una decisión política, aunque la tome un tribunal. Y esto se advierte claramente en el contenido de algunas de las resoluciones que nos preocupan tanto”, subrayó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En el debate, diversos participantes atribuyeron además una creciente “inacción” a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para acelerar los juicios e integrada por diversas agencias oficiales de los poderes del Estado.

Según dijeron, para las querellas de sobrevivientes y familiares de víctimas resulta cada vez más difícil acceder a esa Comisión a fin de resolver demoras y otras dificultades en las causas judiciales que los involucran, en especial si tienen a civiles entre los imputados.
En este marco, el abogado Tomás Ojea Quintana dijo a Télam que la causa contra ex directivos de la empresa automotriz Ford por el secuestro de más de 20 trabajadores de la planta de Pacheco, en su mayoría delegados, aún no tiene fecha de juicio.

“La causa Ford está muy bien desde el punto de vista probatorio. Estamos convencidos de que hay muchísima prueba y que alcanza para condenar a los ex gerentes de Ford que están procesados”, explicó.

No obstante, el letrado recordó los problemas surgidos “con la integración del Tribunal Oral Federal de San Martín, con jueces que se excusaron y otros obstáculos que nos presenta el Poder Judicial” en la causa iniciada en el 2003.

“Hemos encontrado alguna respuesta de Casación para que se reconstituya la integración del Tribunal y esta semana vamos a pedir la designación de fecha del juicio oral”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, sostuvo que “la Argentina es el país mejor del mundo” en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, como “resultado del esfuerzo de muchos sectores de la sociedad”, entre los que mencionó a “abogados, organismos, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal”.

Participantes en la reunión valoraron la regla conocida como 1/12 pero propiciaron su actualización, ante estrategias dilatorias desarrolladas por las defensas de los acusados y algunos propusieron además la sanción de legislación especial para acelerar los juicios.

Fuente: Telam

La Quinta Pata

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