Impactó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar la declaración de imprescriptibilidad de los crímenes cometidos en Malvinas durante el conflicto bélico contra soldados argentinos por parte de sus superiores. El programa de Radio Nacional “Despacito y por las Piedras” entrevistó el 21 de marzo al abogado Pablo Vassell, que fue secretario de Derechos Humanos de Corrientes y en 2007 reunió testimonios de vejaciones y torturas, llegando pronto a la conclusión de que la dictadura había llevado sus “métodos” a las Islas y que no habría justicia para los ex combatientes sin la declaración de imprescriptibilidad de los delitos. “Habla muy mal que una Corte se haya tomado tres años para resolver en tres renglones y rechazar el expediente”, señaló.
Vassel tramitó las denuncias en 2007 en Río Grande, Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de ese territorio y así lo indica la ley de creación del tribunal fueguino. Entonces, “nos pareció que a los ejes que el Estado argentino estaba llevando en materia de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, había que agregarles el de Soberanía, como un acto de reivindicación que allí, en territorio insular argentino ocupado por el pirata inglés, se aplique el ordenamiento legal argentino, la autoridad de un juez argentino y la competencia del Código Penal y la Constitución argentina”, explicó el abogado.
Respecto a la resolución de la Corte señaló “que es muy mala, muy negativa”, porque “mucha gente habla del 2 de abril como el día de los héroes de Malvinas, el 3 de abril se olvidan y el 1ero. de abril del año siguiente dicen ´bueno, qué hacemos mañana´”. Agregó: “habla muy mal de un país que deja que a sus héroes los maltraten, los vejen, los torturen y a nadie se le mueva un pelo”. Lo que estaba en debate en la Corte no eran responsables o condenas específicas, sino que se les permitiera a los ex combatientes contar su verdad de los hechos como lo establecen los tratados de Derechos Humanos a los cuales la Argentina ha suscripto.
Ya en 1982 y en vísperas de la masacre, por más que la derrota haya sido invisibilizada y negada por los medios de comunicación hasta el día de la rendición, los oficiales superiores y los jerarcas de la represión buscaron a modo de reaseguro el ocultamiento de los crímenes perpetrados: todos los soldados, al regresar al continente y antes de ser dados de baja, eran obligados a firmar un documento por el cual no podían hablar sobre lo pasado en Malvinas bajo pena de ser declarados traidores a la patria, con la coacción de Consejos de guerra mediante y en ese contexto dictatorial. Sin embargo, los años de investigación y denuncia han determinado 85 hechos delictivos a partir de los primeros 120 testimonios presentados ante instancias judiciales.
El detalle brindado por Vassel es escalofriante: casos de lesiones graves, de vejámenes y torturas; de soldados estaqueados en momentos de cañoneo enemigo; descalzos y con principios de pie de trinchera o congelamiento; tres muertes por inanición; abandonos de personas. También hubo el homicidio de Rito Portillo, soldado correntino al que por un tema menor, otro cabo le voló la cabeza.
A su vez, desprendido de la causa original y derivado a Comodoro Rivadavia, surgen los hechos contra un soldado de la III Brigada de Curuzú Cuatiá enviado al conflicto bélico y que antes de llegar a Malvinas fue torturado en el Liceo Militar de General Roca. Por el hecho están procesados el capitán que dio la orden de torturar al soldado y el sargento que la ejecutó.
Cortes y recortes de la impunidad
Respecto a la inminente presentación de las víctimas ante organismos internacionales tras esta decisión de la Corte de cerrar el camino de justicia adentro del país, amplió sobre las prácticas directamente vinculadas con la represión en los centros clandestinos y consideró:
“Esto produce una gran indignación. Que en un país mundialmente reconocido en materia de derechos humanos pase esto, da pie para que se diga, se hace de todo por los derechos humanos, menos para los combatientes de Malvinas. Me parece importante insistir en que las víctimas fueron muy cuidadosas en no generalizar, siempre dijeron el cabo fulano me torturó y el cabo mengano me salvó la vida, es decir, fueron muy estrictos en señalar quiénes merecían el honor y puede ser tratado como parte del Ejército de San Martín, y quiénes eran la vergüenza. Con lo cual, pienso que los primeros interesados en que se separe la paja del trigo, deberían ser las propias Fuerzas Armadas porque justamente no todos actuaron de la misma manera. Estamos hablando de 85 hechos y 120 testimonios sobre cerca de 7 mil soldados que fueron derivados. Porque hay que tener presente que las Fuerzas Armadas, la conducción que fue a Malvinas, no fue el Ejército Sanmartiniano, ahí estuvo Astiz, “el Tigre” Acosta, Pernía, es decir, una serie enorme de personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad”.
“Por ejemplo, el capitán que está procesado en Comodoro Rivadavia, que dio la orden de torturar a un soldado, venía de ser interrogador en Campo de Mayo, que para quien no lo sabe, de todos los que pasaron por ese centro sólo 20 personas sobrevivieron. De ahí que se dice que no era un centro clandestino de detención sino un campo de exterminio. Este capitán actuaba como oficial interrogador y todos sabemos lo que significa eso, luego participó en los actos de desestabilización contra el presidente Alfonsín ya que era parte de los grupos que después se hicieron llamarCarapintadas. Después formó parte del ataque al cementerio judío de La Tablada, es decir, era antisemita, y en los días previos del desembarco de los ingleses en San Carlos, el 1 de mayo, se autoinflingió una herida para ser traído al continente y rehuir de sus responsabilidades como profesional de la guerra y dejando en el frente de batalla a soldados con escasa instrucción, con mala vestimenta y mal alimentados para hacerle frente a la situación y que lo hicieron en el propio frente”.
“Para que nos demos una idea, Juan Carlos Gómez, el soldado torturado en Comodoro Rivadavia, le salvó la vida a su sargento estaqueador y no vio a su alrededor al capitán que dio la orden de torturarlo porque estaba a 3.500 kilómetros de Malvinas justamente por haberse autoinflingido una herida y haber huido con cobardía”.
“También es elocuente la coincidencia de que fueran las mismas personas denunciadas por estos crímenes las que después estuvieran al frente del Hospital Militar y que fueron sospechadas tras la fuga de los represores enviados desde Cuyo, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi”.
“Uno de los soldados correntinos identificó a su torturador en el 2007, al poquito tiempo de haber presentado la denuncia. Era alguien a cargo del Liceo Militar General San Martín, en Palomar, provincia de Buenos Aires. Se hizo una presentación en el Ministerio de Defensa en el sentido de que no podía estar a cargo de la formación de las nuevas generaciones de militares alguien que deshonró el uniforme de San Martín. El Ministerio decidió separar a este alto oficial. Con lo que me parece importante que hubo algunas reacciones de parte del Poder Ejecutivo. Hubo también reacciones por parte del Poder Judicial porque de hecho, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos y el carácter de lesa humanidad de estos hechos”.
“Si hay algún argentino que tenga dudas de lo que estamos hablando, los invito a que lean el informe Rattenbach. Ese informe permite ver que ya en junio o julio de 1982, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en los informes que hicieron para el general Rattenbach y la comisión examinadora, denunciaban a camaradas suyos por haber torturado y hambreado ex profeso a sus tropas en el escenario de Malvinas. O sea, que habían oficiales denunciando a sus propios camaradas, con lo cual, vale retomar lo sustancial, que la verdad es que se está pidiendo nada más que se investiguen estos hechos y que si hubo alguno que cometió el delito de torturas, que cumpla y asuma la responsabilidad que le cupo”.
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Fuente: Radio Nacional Mendoza
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