lunes, 18 de febrero de 2008

Noticias - Nota de Horacio Verbitsky sobre Carlos Rico en Página 12

El gobierno de Mendoza deplora la difusión en el nivel nacional de los trapitos sucios locales con respecto a la designación del viceministro de seguridad de la provincia, Carlos Rico. Hubiese preferido ignorar –y así disipar– la lucha de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, que se oponen con fuerza a que funcionarios de la dictadura desaparecedora de personas ocupen puestos en democracia.


No le resultará muy fácil esta vez ya que como plantea el columnista de Página 12 “Retoños de Seineldín”, 17–02–08 las imputaciones de responsabilidad de Rico y otros altos funcionarios policiales en la factura o complicidad en delitos de lesa humanidad resulta incontestable. Además, contradice la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno nacional desde que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003. El rumbo en ese rubro parece no haber sufrido modificaciones con la asunción de Cristina Fernández, aunque las declaraciones del ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando la visita de la presidente el lunes 11 del corriente a Mendoza, no resultaron nada felices sino que contribuyeron a ahondar una confusión alentada por el conservadurismo local, incluidos justicialistas y radicales.
Leer todo el artículo - CerrarPara Verbitsky no es lo mismo un juicio penal “que la evaluación política acerca de la idoneidad [de alguien] para ocupar un cargo público”. Cita el caso del ex subcomisario Luis Patti quien solo después de ser excluido de la Cámara de Diputados aquellos que lo acusaban pudieron reunir pruebas para “llevarlo a la cárcel por ese y otros secuestros y asesinatos”.

Hay más cargos que pesan sobre Rico y los otros policías designados por el ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, en distintas instancias represivas durante la dictadura. Los más graves son los acontecidos cuando el desaparecedor G78 –al que Rico estuvo vinculado cuando el mundial del fútbol argentino– se encontraba en plenas funciones: “los organismos de derechos humanos enumeraron una cadena de once secuestros entre el 15 y el 29 de mayo de 1978”. Ellos son los de Margarita Dolz de Castorino, Aldo Enrique Patroni, Raúl Gómez Mazzola, Mario Guillermo Camín, su padre Gustavo Camín; Daniel Romero y su hermano; Víctor Hugo Herrera, Isabel Membrive, Alberto Sosa y Juan José Galamba.

La reacción al artículo de Página 12 ha sido de molestia y preocupación desde el entorno del gobernador Celso Jaque. Molestia por lo que se ve como una intromisión en la gestión policial local que impediría, entre otras cosas, que las autoridades puedan abocarse de lleno a resolver el intríngulis de la seguridad (o su percepción). Y preocupación, por la trascendencia extramuros que va tomando el asunto que sin dudas perturba la siesta conservadora en el feudo mendocino; la preocupación gubernamental se agudiza ya que en el círculo presidencial se prometió a los organismos de derechos humanos locales que en breve se los recibiría en Casa Rosada. Con esto se malicia un aumento de la presión a la flamante administración del gobierno provincial.

Pero en el gobierno no atinan a defenderse de los cargos contra Rico, Pedro Chacón, Aníbal Gómez, Vicente Chacón y Raúl Vega. El ministro Aguinaga dedicó la semana pasada a descalificar a la testigo que aseguró que Rico tenía entrada libre en el campo de detención que funcionaba en el D2; como si tal cosa absolviera al sospechado represor y torturador. Ahora, los colaboradores de Jaque arguyen que la presión del gobierno nacional está fogoneada por el vicepresidente Julio Cobos, herido por la derrota electoral de su candidato concertador, César Biffi. Nada se dice sobre la trayectoria de Rico y sí hay confirmación tras confirmación en su cargo del teórico de la “contrasubversión” y de sus colegas por parte del gobernador y su ministro de seguridad. En tanto, Analía Boggia del diario Los Andes (18–02–08) desliza que Verbitsky se encuentra muy allegado al matrimonio de los Kirchner con lo cual invita a deducir a los lectores que la nota de Página 12 más que objetiva se constituye en otro implacable instrumento de presión ya que se remata con “Esta abstención [la del gobierno nacional] no podrá prolongarse mucho más”. Sin embargo la abstención continúa y, como el ministro Randazzo no debe haber declarado lo que declaró de puro comedido o de motu proprio, la herida seguirá abierta si la presidente se mantiene a la espera de que se expida la justicia.

Redacción La Quinta Pata

La Quinta Pata

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