Nombramiento de Rico Teijeiro: denuncian por violación de los deberes de funcionario público al Gobernador de Mendoza y al Ministro de Seguridad Provincial
Por la presente informo que en el día de la fecha el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) presentó denuncia por violación de los deberes de funcionario público contra el gobernador de Mendoza, Contador Celso Alejandro JAQUE y el Ministro de Seguridad de dicha Provincia, Juan Carlos AGUINAGA.
La denuncia se origina en el nombramiento efectuado por los citados funcionarios, como Subsecretario de Seguridad de la Pcia. de Mendoza, del Comisario Mayor Carlos RICO TEIJEIRO.
RICO TEIJEIRO ha sido denunciado por numerosos organismos de derechos humanos como integrante del grupo de represores que actuaba en el centro clandestino de detención llamado “D2” que operó en el Palacio Policial de la ciudad de Mendoza entre los años 1976 y 1979. Así lo certificó ante la justicia la testigo Alicia Beatriz Morales quien estuvo alojada en ese centro de detención.
Leer todo el artículo - CerrarAsimismo, el propio RICO TEIJEIRO reconoció haber integrado un grupo de tareas formado con motivo de la realización en nuestro país del mundial de fútbol de 1978 denominado “G78”.
En la presentación se destaca que una de las obligaciones básicas contraídas por nuestro país a partir de la suscripción de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos es la obligación de excluir de los cargos públicos a las personas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos. Esta es una obligación elemental contraída en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y juega como garantía mínima de que los Estados que violaron los derechos humanos no volverán a reincidir en esas conductas en el futuro.
En el caso particular de Mendoza la conducta del Gobernador y su Ministro de Seguridad es particularmente grave por cuanto, directamente, han incorporado a una persona vinculada con violaciones a los derechos humanos a un cargo público, violando así los tratados y obligaciones normativas contraídas por el Estado Argentino.
Se estima, en consecuencia, que las conductas de JAQUE y AGUINAGA quedan atrapadas por la figura prevista y reprimida por el art. 248 del Código Penal que sanciona con penas de un mes a dos años y el doble de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos a quienes dictaren resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. de la Capital Federal.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2008.-
Marcelo Parrilli
4326-4289; 15-5-8080203
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