Susana Muñoz
No cesa la búsqueda de niños apropiados ilegalmente durante la dictadura.
¿Qué pasó en la Casa Cuna durante los años de la dictadura? Con esa pregunta como premisa, la Casa por la Memoria realizó una investigación y digitalizó archivos que permanecían en papel, a pesar de los recursos tecnológicos de estos tiempos.
No es necesario extenderse en las características del terrorismo de Estado que se abatió en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. Los juicios realizados han probado fehacientemente la muerte, desaparición, tortura, saqueos y robo de niños, llevados a cabo en esa época nefasta. El juicio realizado en el período del ex-presidente Alfonsín conocido como Juicio a las Juntas, fue el primer paso para que la sociedad tuviera una primera visión del horror y aunque las leyes posteriores de Obediencia Debida y Punto Final dejaron a miles de represores sin proceso ni condena, el robo de bebés nunca se mantuvo bajo el manto de la impunidad.
Varios centenares de niños permanecen en manos extrañas, compartiendo sus vidas y su historia con familias que aceptaron la ley del silencio por sobre la verdad. Costumbre muy arraigada en nuestra sociedad, ya que desde siempre familias que no habían podido procrear viajaban al norte Argentino y regresaban con un niño adoptado ilegalmente, justificando la atrocidad porque era mejor “salvarlos de la pobreza”. El historiador Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario, sostenía que nuestras madres eran buenas madres, las amigas de nuestras madres tan buenas, nobles y justas como ellas, sin embargo aceptaban con mansa reconvención y hasta con humanitarios argumentos ese acto vil de apropiación mediante la compra: del rancho al departamento horizontal”. Ese tránsito, ese cambio, justificaba cualquier horror que significara una transacción viciada en sus bases de inhumanidad.
Leer todo el artículo - CerrarDe esta “costumbre” se desprendió en parte el robo de bebés durante la dictadura: salvarlos de las familias subversivas, proteger su futuro, cambiar sus valores, pero también negarles su identidad. Y la sociedad acostumbrada a la apropiación de niños pobres lo aceptó como un hecho normal que no merecía reflexión. Salvo está para sus familias biológicas, sus abuelos, quienes a partir del 12 de octubre de 1977 se unieron en la búsqueda de varios centenares de nietos robados y Mendoza no fue la excepción.
La Casa de la Memoria en nuestra provincia, desde su creación, se propuso reconstruir paso a paso la represión desatada desde 1975, conocer la identidad y número de víctimas, buscar que los represores fueran llevados a juicio, colaborar con las Abuelas en la búsqueda de sus nietos apropiados; concientizar, formar y preservar la memoria del pasado reciente. Constituida por protagonistas de ese pasado, ex-presos, sobrevivientes, junto a Familiares de Desaparecidos y la Agrupación HIJOS, comenzamos a recopilar la información dispersa, a conformar un Archivo oral con más de 80 testimonios grabados y a recepcionar archivos de particulares interesados en el proyecto. Dentro de lo obtenido se encuentra también el resguardo de los legajos del ex- D-2. Así supimos que el número de víctimas ascendía a más de 300, que los presos políticos se contaron por miles; averiguamos el cómo, dónde y quiénes los desaparecieron o asesinaron y entregamos esa información a la Justicia Federal y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Pero nos quedaba una tarea pendiente: recuperar cuatro nietos robados en Mendoza, y descubrir si en los “traslados” frecuentes que realizaba la Fuerza Aérea en la zona 3, subzona 33 (Tercer Cuerpo de Ejército) habían llegado a nuestra provincia niños pertenecientes a familias de otras localidades. Ese fue el origen del Convenio realizado conjuntamente con la Dinaadyf en 2007, donde nuestra Institución se comprometió a digitalizar los archivos de la ex-Casa Cuna en el período 1976-1983, por ese entonces en manos de Mario Abel Godoy y Raúl Alfredo Ahumada, conocidos militares comprometidos con la represión y como primer paso en una ardua investigación que incluiría también a las oficinas del Registro Civil de la provincia, donde se elaboraron partidas de nacimiento falsas; los registros de la maternidad “Federico Moreno” y Hospital Militar ya que estimamos pueden haberse realizado partos clandestinos y finalmente los Juzgados de Menores.
En este último caso, según Felix Croux, Procurador Nacional para el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad, “ …fue también el sistema judicial el que produjo la apropiación de niños y su posterior entrega a una familia simpatizante de la dictadura ligada a estos operadores judiciales” y lo fue en aquellos casos en que los grupos de tareas optaban por abandonar al niño en la calle luego del operativo de secuestro de sus padres, o entregarlos a los juzgados en turno para que se hicieran cargo. Como hemos visto en causas iniciadas en los últimos años, cuando un juez otorgaba la guarda preadoptiva del menor apropiado y luego la adopción plena se daba el supuesto que había realizado investigaciones previas para determinar la filiación del niño y la ausencia de identidad filiatoria previa; es decir la ausencia de relaciones familiares con sus padres biológicos, tíos, abuelos, etc. Al no ser así, pusieron a la ley en contradicción con el derecho del niño a preservar y mantener su identidad.
Derecho a la identidad
Ninguno de los delitos mencionados más arriba prescribe en la medida que constituyen crímenes contra la humanidad. El documento de Naciones Unidas E-CN 4-Sub.2-1997-20-Rev.1 contiene dos definiciones fundamentales:
a- El derecho a saber: No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber qué ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse, y
b- El deber de recordar: El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y por ello se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar.
La lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo, produjeron cambios profundos en la legislación argentina e internacional. Lograron la inclusión del Derecho a la Identidad en la Convención internacional por los Derechos del niño (arts. 7, 8 y 11). Esta Convención obliga a los Estados parte, como Argentina, a garantizar este derecho. En nuestro país, los tratados en materia de Derechos Humanos integran la Constitución Nacional, de modo que esta Convención tiene fuerza de ley y jerarquía constitucional.
Han demandado también la creación de un organismo estatal que colabore en la búsqueda de los jóvenes apropiados. En 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que fue reglamentada por Ley Nacional 25.457 de 2001. Funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por su intermedio los jóvenes que dudan de su identidad pueden realizarse los análisis genéticos sin intervención de la justicia.
El 26 de diciembre de 2004, fue sancionada la ley que establece como Día Nacional del Derecho a la Identidad el 22 de octubre. Fue posteriormente promulgada el 5 de enero de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero del mismo año. Así la ley 26.001 establece que: “ el 22 de octubre se conmemorará el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para recordar la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo que desde 1977 buscan a sus nietos apropiados por la dictadura militar”.
Finalmente queremos expresar que si bien la Red por la Identidad en Mendoza, está conformada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Agrupación HERMANOS, la Casa por la Memoria y la Cultura Popular no quizo estar ausente en la lucha que llevan adelante las Abuelas y por ende nuestro trabajo es una cuestión de conciencia y un aporte a la búsqueda de los 400 jóvenes que hoy carecen de identidad, identidad que entendemos va más allá de la filiación, es la historia de sus padres, sus deseos, sus sueños de futuro, el entorno familiar, todo lo arrebatado y que merecen recuperar.
La metodología
En primer lugar y habiendo tomado conocimiento de la internación en la ex-Casa Cuna de la bebé del escritor Francisco “Paco” Urondo, asesinado en un operativo del D-2 en Guaymallén, lugar donde también desapareció su compañera Alicia Raboy, y conociendo asi mismo quiénes fueron las autoridades de dicha institución, no podemos descartar la posibilidad de casos similares o la apropiación de bebés de familias carenciadas. En suma buscamos:
1º- los tres niños apropiados a familias mendocinas, ya que fue recuperada Celina Rebeca Manrique Terrera;
2º- Niños que pudieron ser traídos de otras áreas del Tercer Cuerpo de Ejército ya que existen denuncias sobre ello, y
3º- La posibilidad de apropiación de otros bebés de familias humildes o madres solteras.
El porqué de la búsqueda ha sido largamente expuesto en este escrito, por lo que preferimos informar sobre cómo los buscamos, es decir la metodología que venimos llevando a cabo desde el 31 de julio del corriente año. El primer paso y de acuerdo a lo aprendido en talleres sobre archivos de la represión, procedimos a digitalizar los legajos de menores ingresados en la ex-Casa Cuna en el período 1976-1982, previa lectura de todos los expedientes a fin de desechar los casos que no se correspondían con nuestra búsqueda.
Posteriormente y ante la pobreza de información en dichos legajos, buscamos las fichas correspondientes a otra áreas, es decir la Dirección de Estadística, quién ya había enviado las mismas al archivo general y fueron digitalizadas en su totalidad. De ambos documentos (legajos y fichas) se volcó la información en una planilla donde constan: número de legajo, fecha de nacimiento, nombre del menor y de sus padres (en los casos que figuraban), juzgado de menores intervinientes, número de expediente y observaciones donde se volcaron datos sobre el destino de los menores (Tenencia, reintegro, adopción, etc.) y llamadas sobre aquellos casos en que manifiestamente existía una irregularidad.
No nos cabe la menor duda que nuestra búsqueda será exitosa, porque aún sin haber profundizado en la materia, ya que nos llevó más de tres meses la digitalización, existen evidencias de ingresos irregulares de manos de la policía provincial, del hospital Emilio Civit por supuesto abandono de sus madres, y tenencias muy “apresuradas” (algunas en cuatro días), sin existir investigación de la filiación previa del menor involucrado.
Podemos decir que la información está preservada en soporte técnico, es decir protegida de la desidia, de la ausencia de técnicas de conservación por falta de recursos y a resguardo de cualquier intento de destrucción. A ello sumamos que las decenas de jóvenes que hoy consultan sobre su identidad, tienen a mano un acervo dónde poder empezar su búsqueda.
Un joven que recupere la identidad y regrese al seno familiar habrá sido el mayor logro, y nuestra consigna “Se puede” se verá ratificada una vez más.
Susana Muñoz, presidenta de Casa de la Memoria
Fuente: MDZ Online, 12 – 05 – 08
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