El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza criticó la actuación del Municipio, del Gobierno y de la Justicia porque no se hizo cumplir –ciegamente– la ordenanza que prohíbe la venta callejera.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza manifestó su preocupación por la situación que se vivió entre el Gobierno, el Municipio de Capital y la Justicia en el conflicto con los vendedores ambulantes. Para sus referentes, todo funcionario público tiene la obligación de hacer cumplir la ley, más allá de que sea municipal o provincial. Aunque cumplirla arroje a individuos marginales más hacia los márgenes del margen.
El enfrentamiento entre los tres poderes se presentó la semana pasada cuando el intendente Fayad decidió expulsar a los comerciantes callejeros de las veredas de la calle General Paz y otras aledañas, de nuestra ciudad. Durante cuatro jornadas los trabajadores reclamaron para mantener sus puestos en esa zona y el primer día interrumpieron el tránsito en señal de protesta.
Leer todo el artículo - CerrarEn el medio intervino el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, y criticó la metodología usada por la Municipalidad para erradicar la venta ambulante. Fue contundente: Es violenta, estigmatizante y discriminadora. Sin embargo, el funcionario aclaró que nosotros no estamos cuestionando la ordenanza municipal ni las facultades de la Comuna, lo que decimos es que el camino para responder al conflicto no debe ser violento ya que es un problema social. Intervenimos como parte interesada en proteger los derechos individuales de todas las personas.
El viernes 10, la fiscal Anabel Orozco, convocada por la Comuna, se encontró con una grúa municipal y un patrullero cortando el paso de los vehículos en la esquina de Patricias Mendocinas y General Paz. Frente a este hecho, opinó que era la policía la que impedía el tránsito y no los puesteros.
Daniel Ostropolski, uno de los miembros del Colegio de Abogados, consideró que no se puede mirar para otro lado cuando existe una norma municipal que prohíbe la venta callejera. Como el resto de los miembros de la entidad parece no interesarse en la suerte de los vendedores, una vez que se concrete la prohibición de la norma. Afirmó también que al no hacerla cumplir se viola el derecho de igualdad ante la ley entre quienes pagan sus impuestos y tienen sus negocios en regla y aquellos que no lo hacen y trabajan en la calle. ¿Trabajarán en la calle porque les gusta el clima? ¿No pagarán impuestos de puro sinvergüenzas que son?
Para Ostropolski, la respuesta institucional debería haber sido a favor de que se respete la normativa vigente. Las ordenanzas municipales tienen valor legal y debe hacerse efectivo su cumplimiento. De lo contrario se corre el riesgo de sentar un mal precedente: que no pasa nada si no se cumple la ley. Cegato el hombre y testarudo.
¿Qué más se podía esperar?
La Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad apoyó las disposiciones tomadas por el Municipio en cuanto a la reubicación de los vendedores callejeros en un nuevo mercado persa sobre la calle 9 de Julio al 1700.
También llamaron a la reflexión a las autoridades del Poder Ejecutivo y al Judicial para facilitar las acciones que conlleven al cumplimiento de la ley.
Redacción La Quinta Pata y Uno, 14 – 05 – 08
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