La muerte de un obrero
Fue prácticamente un asesinato la reciente muerte del obrero ajero Carlos Erazo, quien junto a la mayoría de los trabajadores de la empresa Campo Grande, de Rodeo del Medio, se movilizaron por el aumento de salarios, el reconocimiento por la patronal de sus compañeros delegados, contra el trabajo en negro y, fundamentalmente, contra el trabajo de menores. La movilización molestó a la patronal que comunicó a la justicia lo que estaba pasando. Los oídos de la fiscal Liliana Giner estaban atentos a ese clamor, pero el de la molestia patronal y no el de la exigencia de sus derechos de los obreros. Sin más ni más, mandó a la policía a despejar la molestia, o sea reprimir a los que pedían por sus derechos como laburantes y como seres humanos.
La represión dejó el tendal de heridos, cabezas y huesos rotos, tanto de hombres como de mujeres y niños, los explotados por una patronal insaciable e insensible. Pero la Justicia (la fiscal Giner) cumplió con su deber. Y de los heridos y magullados, estaba Carlos Erazo, que fue a parar al hospital a consecuencia de la golpiza recibida. Fue dado de alta, pero Erazo poco después falleció a consecuencia de que había recibido serias lesiones al interior de su cuerpo. Pero esa misma justicia que mandó a que lo golpearan, ahora estudia si Erazo merece una reparación. Esa misma justicia que tres meses después de fallar a favor de dos despedidos, cuando fueron a entrar a cumplir con sus tareas, fueron impedidos de hacerlo. A sabiendas de que esto ocurriría, el abogado defensor de los trabajadores, Alexis Barraza, pidió al juez que si eso ocurría le facilitara la fuerza pública, o sea la policía para hacer cumplir su propia decisión. La respuesta fue negativa, aduciendo algo así que “para qué echar más leña al fuego”. ¿Justicia? ¿Qué Justicia?
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