Claudio Lozano
Dos años de la desaparición, sin avance alguno en la investigación, evidencian -junto a muchos otros hechos posteriores- la absoluta irresponsabilidad con la que el Gobierno nacional ha asumido la política de Derechos Humanos.
El objetivo compartido e inobjetable de reparar la impunidad sobre el genocidio y de avanzar en los juicios a los represores no ha sido acompañado por las estrategias lógicas de contrainteligencia que cada causa requería. No se ha considerado adecuadamente la protección de los testigos, no se ha impulsado el accionar de los fiscales en orden a concentrar las causas y acelerar las decisiones judiciales e, incluso, se ha manejado con liviandad el encarcelamiento de los represores, posibilitando que algunos sean asesinados con el objetivo de evitar que brindaran más información y que otros hayan sido ubicados (todos juntos) en el penal de Marcos Paz, transformado a este centro de reclusión en sede y aguantadero para el desarrollo de estrategias de los genocidas detenidos.
La ausencia de políticas sobre organismos e instituciones de seguridad (policía) y la nula injerencia gubernamental sobre el ejército paralelo que conforman las agencias de seguridad privada son alguno de los elementos que no solo explican el caso López sino que señalan la responsabilidad oficial (por omisión) frente al secuestro de muchos otros testigos y militantes que, a Dios gracias, fueron posteriormente liberados.
Los dos años sin Jorge Julio López son razón más que suficiente para rectificar el rumbo, también en esta materia.
Corte X Loozano, 19 – 09 – 08
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