Puerta abierta al golpe bajo en el hospital

Mariana Carvajal

Una nena de 12 años embarazada tras un abuso espera en el hospital que le permitan abortar. Grupos “pro vida” intentaron impresionarla para que desista del pedido.

Una vez más, grupos católicos ultraconservadores metieron la cola –y algo más– para impedir la autorización de un aborto no punible. Militantes “pro vida” se infiltraron en la habitación del Hospital Notti, de Guaymallén, donde está alojada la niña mendocina de 12 años que fue violada y embarazada, y le mostraron panfletos con fetos mutilados para impresionarla con el fin de que desista en su decisión de interrumpir la gestación. El hecho sucedió el miércoles pero recién trascendió ayer. El juez de Familia Germán Ferrer, que debe autorizar el aborto, vio la folletería intimidatoria cuando el jueves fue a conocer a la nena: ella misma le contó lo sucedido. “Están exponiendo a la niña a que sea atacada y manipulada por grupos fundamentalistas que quieren hostigarla. Su voluntad y libertad están totalmente atacadas”, denunció la abogada Patricia González, de la organización de mujeres Las Juanas y las Otras. Ayer por la mañana se realizó la primera reunión del consejo de expertos independientes y del comité de bioética del Hospital Notti, convocados por el juez Ferrer para analizar el caso: se acordó que a la nena se le realizará una serie de pericias psicológicas el lunes. El gobierno nacional, a través del Inadi, dio su opinión: “Es un claro caso de aborto no punible. No debió judicializarse. La ley tampoco exige que se expida ningún comité. Cualquier dilación en la autorización pone en riesgo la salud de la niña. La violaron, quieren violar la ley y el violador todavía está suelto”, advirtió a este diario Karina Ferrari, delegada del Inadi en Mendoza. El embarazo ya lleva 9 semanas.
Leer todo el artículo

No es la primera vez que grupos “pro vida” pretenden interferir en el acceso al aborto no punible en distintas provincias. En Mendoza, dos años atrás, el grupo Vitam, ligado a la jerarquía católica local, presentó una medida cautelar para suspender el aborto no punible que había autorizado el mismo juez Ferrer en el caso de CCA, una joven con discapacidad mental de 25 años que había sido abusada sexualmente. En aquel momento la Cámara de Apelaciones mendocina hizo lugar al reclamo, pero horas después la Suprema Corte de Justicia avaló la práctica del aborto. Pero los integrantes de la asociación “pro vida”, que podrían ser los mismos que irrumpieron esta semana en el Hospital Notti, también amenazaron en aquella oportunidad a médicos y los intimidaron con rezos públicos frente al Hospital Lagomaggiore, de la capital mendocina, donde finalmente se le practicó a CCA el aborto legal el 23 de agosto de 2006.

Ayer, la mamá de CCA dijo que en la situación de la madre de la nena internada en el Notti, ella recurriría al circuito clandestino para realizar el aborto. “No significa que yo recomiende que el aborto se haga de forma clandestina. Pero en su situación yo lo haría así, porque a eso obliga a uno la ley. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, no se lo permiten y la gente consigue siempre un medio para hacerlo ilegalmente. Y ahí corre riesgo la vida de la chica o mujer. Pero cuando uno quiere hacerlo por derecha, se encuentra con todo tipo de trabas, no solamente de ciertos sectores de la sociedad, sino de las mismas autoridades. Los comités de bioética siempre encuentran alguna excusa. A mí me negaron totalmente, y creo que va a pasar otra vez lo mismo. Otra vez se repite y es una situación de nunca acabar”, reflexionó Ana Rosa Gasoil, de 70 años y agregó que le gustaría hablar con la madre de la chica para darle su apoyo.

Llamativamente, la irrupción del grupo “pro vida” en la habitación donde está alojada la niña hace ya dos semanas se produjo sin que personal de seguridad ni otro profesional del Hospital Notti lo impidiera. Según trascendió, el juez Ferrer dispuso que ahora la nena permanezca en una zona restringida del centro de salud para evitar que las presiones e intimidaciones se repitan.

Ayer, en la reunión convocada por el magistrado para empezar a analizar si el caso encuadra o no en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, se resolvió que el lunes la niña fuera sometida a pericias psicológicas. Según se supo, la mayoría de los miembros del Comité de Bioética del centro de salud –en total estuvieron seis ayer– tendría ya una posición tomada en contra del aborto. Incluso, algunos de los integrantes, entre los que se encuentra el cura católico Ricardo Poblete, conocido por sus posiciones conservadoras, pusieron en duda la voluntad de la niña de interrumpir la gestación. “Después de la intimidación que recibió de parte de miembros de grupos fundamentalistas su voluntad y su libertad están totalmente atacadas”, reflexionó ante PáginaI12 la abogada González, de la organización mendocina de mujeres Las Juanas y las Otras.

En la reunión, que se realizó en una oficina de tribunales, participaron también los expertos independientes citados por el juez: el camarista penal Horacio Báez, la doctora en filosofía Adriana Arpini, la socióloga y vicedecana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Cuyo Graciela Coussinet, la psicóloga del Instituto de la Mujer del gobierno mendocino Marcela Gaua, el trabajador social del juzgado de Familia Nº 1 Carlos Marchesky y el médico obstetra, director del Hospital Paroissien de la localidad de Maipú, Norberto Dotti. El juez Ferrer pretendería resolver sobre el caso antes del próximo fin de semana, según pudo saber este diario de fuentes de tribunales.

La madre de la niña presentó hace una semana el pedido de aborto en el juzgado de Familia Nº 1 y lo fundamentó en los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal: la continuidad de la gestación pone en riesgo la salud psíquica y física de la niña y se trata de una embarazo producto de una violación. La representan legalmente dos defensoras oficiales, Cecilia Noguera y Mónica Runno. En la jurisprudencia no hay acuerdo en relación con el alcance del 2º inciso: las interpretaciones más restrictivas sostienen que solo no es punible el aborto si la violación fue a una mujer idiota o demente. Las más amplias, como la que hace la Guía de Atención Integral al Aborto No Punible elaborada en 2007 por el Ministerio de Salud de la Nación, sostienen que se refiere a un ataque sexual sufrido por cualquier mujer.

La violación de la niña fue denunciada en la fiscalía de Luján-Maipú. Hay sospechas de que el agresor podría pertenecer al círculo íntimo de la nena. Existían previamente denuncias de violencia familiar contra el concubino de la madre. Esta semana el juez Ferrer dispuso la exclusión del hogar del hombre y le prohibió acercarse a la mujer y a sus hijos –la nena no es hija del concubino pero sí sus dos hermanos pequeños–. La familia de la niña es muy humilde y vive en una zona rural de la localidad mendocina de Maipú.

“El caso de esta niña violada está contemplado en el Código Penal. Pero como siempre, los efectores de salud lo judicializan. Y ahora el juez convocó a un comité de bioética, todas cosas que no son necesarias. Desgraciadamente la que está en riesgo es la niña”, consideró la delegada mendocina del Inadi. Ferrari envió a los organismos involucrados en el caso la recomendación del organismo nacional dictada el 23 de mayo de 2007 sobre “Discriminación en la Atención Sanitaria de Casos de Abortos Legales y Tratamiento Postaborto”.

Página 12, 06 – 09 – 08

La Quinta Pata