Causa de represores enjuiciados en San Luis tuvo origen en Mendoza

Ignacio de la Rosa

El lunes comienza en San Luis el primer juicio contra represores por desapariciones y torturas cometidas en la región de Cuyo. Se trata de la causa por el asesinato de la joven Graciela Fiochetti, ocurrido el 21 de septiembre de 1976. La investigación por este hecho la inició la Justicia Federal de Mendoza en 1986, quien luego la archivó y recién se reabrió en el 2006, ya en jurisdicción puntana. Se espera que el inicio de este debate apure las causas abiertas en Mendoza.

Más de 32 años pasaron desde el 21 de septiembre de 1976, día en que la estudiante de La Toma (San Luis), Graciela Fiochetti, de 22 años fue asesinada tras permanecer secuestrada varios días y ser sometida a todo tipo de torturas. Sus últimos instantes de vida transcurrieron en horas de la noche, en las Salinas de Bebedero, donde la obligaron a arrodillarse mirando hacia abajo con su cara ensangrentada pegada al piso junto con otro joven, que también había sido detenido y secuestrado. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, fue lo último que oyó Fiochetti del sujeto encapuchado parado detrás de ella. Y de un momento a otro: una detonación, una bala de 9 milímetros perforando la nuca de la joven militante peronista y otro de los tantos asesinatos cometidos durante la última dictadura militar.

El próximo lunes, a las 9 de la mañana, comenzará en San Luis el juicio contra el teniente coronel Carlos Esteban Pla –quien en aquel entonces era subjefe de la policía de San Luis y está señalado como el autor del disparo-, Miguel Fernández Gez –ex jefe de la Guarnición Militar San Luis- y los ex policías Luis Orozco, David Becerra y Juan Carlos Pérez. Los mencionados están procesados por este episodio y por la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz (quien habría sido asesinado la misma noche que Fiochetti, en el mismo lugar), además de las torturas de las que fuera objeto Víctor Fernández.
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Este juicio tiene dos particularidades. Por un lado, se trata del primero contra represores en la región de Cuyo por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante el último gobierno de facto. Además, la causa tuvo su origen en Mendoza ya que antes era la Justicia Federal de la provincia la que centralizaba todas las causas de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región, pasando a San Luis recién en el 2006, previa escala en Córdoba luego de que el juez mendocino Walter Bento se declarara incompetente para el seguimiento de la causa. No obstante, la Corte de la Nación consideró que la incompetencia dictada por el magistrado era “genérica, indeterminada e imprecisa” y consideró que los responsables de cada delito debían ser juzgados en el lugar en el que se cometieron los hechos, por lo que –luego de varias idas y vueltas- finalmente la causa recayó en la jurisdicción de San Luis.

Debate extenso y complicado
Fuentes tribunalicias estimaron que el debate contra los represores podría extenderse por más de 40 días, considerando que se espera que comparezcan más de 30 testigos sobrevivientes que fueron víctima de los abusos. Incluso, los defensores de los procesados ya han presentado varios recursos para invalidar el juicio, mientras que se prevé que durante el proceso judicial se haga lo propio con otros tantos, lo que dilataría aún más el desenlace.

El tribunal estará compuesto por el juez puntano, Raúl Alberto Rodríguez –quien será el presidente- y dos magistrados mendocinos: Roberto Burad y Roberto Nacif. La elevación a juicio, en tanto, fue concretada formalmente en marzo de este año por medio de la fiscal federal Mónica Spagnuolo y, en un principio, se manejaba como fecha estimativa para el desarrollo la segunda quincena de mayo.

El desarrollo del debate no será simple. Es que, según adelantó el propio juez Rodríguez, se impondrán restricciones para el acceso del público y a los periodistas, considerando que el recinto es muy pequeño y tiene una capacidad para sólo 60 personas.

“Hoy San Luis ya tiene fecha para el primer juicio contra represores de Cuyo. Ojalá que este debate apure las causas en Mendoza”, destacó Pablo Salinas, uno de los querellantes por las causas locales. En todo Cuyo, son en total 220 las vinculadas con desaparición de personas y más de la mitad son mendocinas.

Los inicios en Mendoza
En 1986, el juez federal mendocino Juan Antonio González Macías viajó a San Luis para iniciar la investigación sobre la desaparición de Fiochetti y, en aquella oportunidad, se entrevistó con más de medio centenar de personas. Entre los que declararon, se encontraba Jorge Hugo Velázquez, quien integraba los servicios de inteligencia en San Luis durante la dictadura y esa noche de septiembre era el chofer del auto en el que huyeron los uniformados luego de fusilar a Fiochetti y al otro joven. “Ha presenciado un fusilamiento, cagón” fue lo que le dijo esa noche Becerra, según confesó el mismo chofer a Macías, agregando que quien le disparó fue Pla.

La declaración de Velázquez fue clave y, como primera medida, el juez ordenó la exhumación del cadáver de la joven. Sus asesinos le habían quemado la cara para deformarla y le habían cortado las manos para que su reconocimiento sea más difícil. Sin embargo, una semana después del terrible hecho fue la propia hermana de la joven, María Magdalena Álvarez quien identificó el cadáver de su hermana.

“Para 1987 la causa estaba avanzada y el caso estaba a punto de ser juzgado, pero se produjo el levantamiento militar encabezado por Aldo Rico que terminó derivando en las dos leyes del perdón (Punto Final y Obediencia Debida). Incluso, hay un libro de Horacio Verbitsky en el que sostiene que el caso de Pla, entre otros, fue lo que motivó ese levantamiento ya que las causas empezaban a alcanzar a los oficiales y militares de mayor rango”, destacó Salinas, quien agregó que el abogado Alfredo Guevara –padre – trabajó junto al juez Macías mientras la causa giró en la órbita mendocina.

Luego, primero con las mencionadas leyes y luego con los indultos de Menem, la causa fue archivada. Y así permaneció hasta el 2 de mayo del 2006, cuando –ya con las leyes del perdón anuladas – Álvarez se presentó ante el juez Bento solicitando que se reabra la investigación y que se la incorpore como querellante. Así fue como, luego del mencionado proceso y la declaración de Bento como incompetente en la causa, llegó a San Luis.

Pla fue detenido recién el 26 de septiembre de 2006 y desde entonces permanece en prisión. Fernández Gez, en tanto, tiene 82 años y se encuentra con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Además de estos dos represores y de Becerra, Pérez y Orozco, había un sexto procesado: el mayor Hugo Franco, quien ya falleció.

El secuestro
Graciela Fiochetti era una activa militante del peronismo y fue detenida algunos días antes que comenzara la primavera del ’76. Estaba en la localidad de La Toma, al noreste de San Luis, de donde era oriunda.

Un camión del Ejército la trasladó hacia la capital de esa provincia y, a los golpes, la obligaron a bajar. Estaban en la Jefatura de Policía, y allí la encerraron en “sala de sumarios” para “interrogarla”. Pero el interrogatorio comenzó con varias patadas y una radio encendida a un volumen alto, lo suficiente como para camuflar sus gritos. Luego, y de acuerdo al expediente de la causa, habrían llegado a la jefatura un funcionario del Juzgado Federal y un abogado que asesoraba a la Policía, junto a otros efectivos del departamento de Inteligencia.

Allí le preguntaron una y otra vez si era parte de “la orga” (organización peronista), a lo que siempre respondió de forma negativa, destacando que no sabía nada de “la orga”. Para ese entonces, ya la habían desnudado, le habían atado las manos detrás de su espalda y con sus ojos descubiertos miraba fijamente, cara a cara a sus torturadores. Su suerte estaba echada: nadie que veía a sus torturadores con el rostro descubierto vivía para contarlo.

Esa misma noche, a las 23, Fiochetti seguía encerrada en el lugar. Pla, Becerra y Franco le comunicaron que la dejarían ir, y que todo se había tratado de un error. Fiochetti sabía que no sería así, pero igual la obligaron a firmar un acta de liberación, que nunca se concretó. Al día siguiente la trasladaron a una cárcel clandestina, también sita en la capital puntana, donde permaneció menos de un día y de allí, encerrada en el baúl de un Ford Falcon, la trasladaron a La Granja (el principal centro clandestino de detención de la provincia vecina). Tres días después fue ejecutada.

MDZ Online, 15 – 10 – 08

La Quinta Pata