Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza continúa liberando genocidas: ahora le tocó al represor Juan Pablo Saá

Eduardo Luis Ayassa

El general retirado tuvo a su cargo la 8° Brigada de Montaña entre los años 1977 y 1979. Está procesado por delitos de lesa humanidad.

Una Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió conceder la excarcelación a Juan Pablo Saá, el general (RE) que tuvo a su cargo la 8° Brigada de Montaña entre los años 1977 y 1979.

Saá se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad como los denunciados en el llamado Plan Cóndor (acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos), donde además la Justicia procesó a otros 16 militares.

Juan Pablo Saá se encontraba con arresto domiciliario, ordenado por el juez Walter Bento, quien ante un pedido de la defensa había denegado ese pedido en fecha reciente.

Sin embargo ésta no era la única causa. Hace cuatro años el juez porteño Jorge Urso ordenó su arresto y el inmediato traslado a la Capital Federal. Este hecho, provocó horas después, el fallecimiento de su esposa de un ataque cardíaco.

Lo resuelto
Julio Demetrio Petra Fernández, Alfredo Juan López Cuitiño y Carlos Pereyra González firmaron la resolución ayer y cerca de las 13.30 fueron notificadas las partes, es decir la defensa y el fiscal, respectivamente.

En sus considerandos los magistrados destacan que "el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable ... de lo contrario -agregan- dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 82 de la Convención Americana".

Los camaristas apoyan su decisión en otros fallos, como los de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en casos como Lardone y Padovan, pero principalmente en la causa caratulada "Saá Juan Pablo s/recurso de Casación del 10 de abril de 2006", donde se revoca la resolución por la cual se confirmaba la denegatoria de la excarcelación resuelta en primer término.

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En la resolución los integrantes de la Sala, recuerda un fallo reciente de la Tercera Cámara Nacional de Casación Penal, que el pasado 25 de julio de 2008 anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y por la cual se había denegado la excarcelación de Aníbal Alberto Guevara, en una causa donde también está imputado el general Saá "con idéntica atribución delictiva".

Petra Fernández, López Cuitiño y Pereyra González, cierran las consideraciones señalando que en esta causa "no se señaló y menos se acreditó, qué riesgos procesales estarían presentes en caso de que el imputado recupere su libertad". Descartando la existencia de "pruebas que demuestren que puede presionar a testigos y que con su libertad podría alterarse el orden público".

Y anticipan su resolución al señalar que "entendemos que corresponde acceder al beneficio de la excarcelación, el que -aclaran- podría revocarse si se demuestra y prueba alguno de los extremos señalados".

Previo a la resolución, donde se habla de conceder la excarcelación bajo una "caución juratoria" los camaristas anticipan que "el señor juez de Instrucción deberá imponer las condiciones que correspondan para asegurar la sujeción de Juan Pablo Saá al proceso".

En noviembre de 2007, el juez federal porteño Sergio Torres, decidió mandar la causa del Plan Cóndor a juicio oral. Entre los 16 militares procesados, se encuentra Saá junto a Jorge Rafael Videla, a Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Luciano Benjamín Menéndez

Un general con varias causas
El general (RE) Juan Pablo Saá, fue la máxima autoridad de la 8va. Brigada de Montaña, entre los años 1977 y 1979 y, desde hace varios años, se cansó de repetir: "Cumplí con mi deber, por lo que no tengo nada de qué arrepentirme". Tras lo cual recordaba que durante su gestión "no hubo acciones de represión. Mendoza, en esos años, estaba tranquila".

Sin embargo, Saá es investigado, junto a una treintena de militares, por el recordado Plan Cóndor, donde hubo detenciones y desaparición de ciudadanos chilenos, argentinos y uruguayos. Incluso hubo "traslados" ilegales de un país a otro.

Por estas causas relacionadas a los delitos de lesa humanidad debió responder, en estos últimos años, a reclamos judiciales de los jueces Sergio Torres y Jorge Urso, ambos de la Capital Federal y Walter Bento, responsable de Juzgado Federal N° 1 de Mendoza y que tiene a su cargo la investigación de los hechos ocurridos en la provincia.

Los Andes 30 – 09 – 08

La Quinta Pata