Diana Chiani
Sitea lo acusó de otra desviación de fondos a través del pago de servicios extraordinarios a policías, que no se hacían. Ahora, en un terreno baldío.
Una nueva denuncia recibió ayer el director de la Empresa Provincial de Transporte (EPTM), Héctor Salcedo. A la imputación que el fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, le realizó a principios de semana por la utilización de servicios extraordinarios de dos policías que nunca se cumplieron, ayer se sumó otra acusación del Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (Sitea) por un tema similar.
De este modo, el lunes la llegada de las vacaciones del ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, que tiene bajo su área a la empresa de troles, está lejos de ser relajada. En especial porque el enfrentamiento entre el gremio y Salcedo parece ir para largo si el último continúa en el cargo.
A esto se suma que, en los próximos meses, se tomará una decisión respecto de la privatización o no de la línea 2 que posee cada vez más problemas de financiamiento. Eso, sin tener en cuenta las connotaciones políticas que salen a la luz más allá de las denuncias concretas.
Al parecer, el gremio comandado por Víctor Dagfal presentó pruebas que demostraban el pago de servicios extraordinarios de la Policía prestados para cuidar un terreno que se utilizaba para guardar unidades rotas pero que se desocupó en abril del año pasado.
"Hemos constatado que el lugar -ubicado en la calle Costa Rica entre Bogotá y Costanera de Godoy Cruz- está vacío. Además, existen documentos de pago durante todo el año de cumplimiento de servicios extraordinarios que no se hacían. Hasta los vecinos confirmaron que el baldío no estaba custodiado", expresó Dagfal quien vertió estas y otras cuestiones en un documento escrito para la Justicia.
La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal pero, debido a la existencia de la causa anterior, fue directamente a parar a manos de Correa Llano. Aunque este diario no se pudo comunicar con el letrado, se supo que ayer su equipo estuvo recogiendo pruebas en el lugar para determinar si esta acusación está relacionada con la anterior.
Leer todo el artículo En principio, la persona que autorizó estos servicios extraordinarios -el cabo 1° Diego Oros- es la misma que le dio el alta a los anteriores.
Vale recordar que el martes se hizo pública la imputación de Salcedo por fraude a la administración pública así como la de tres policías por el cobro de servicios extraordinarios en la Empresa de Troles que, en realidad, no se llevaban a cabo.
En tanto, el funcionario expresó que está a la vista que las denuncias en su contra son manejos políticos. "Esta mañana hubo un escrache en mi contra y sólo eran tres personas. Es que la mayor parte del personal trabaja bien y sin problemas", expresó el director de la EPTM.
Sin embargo, aseguró que sus declaraciones respecto de este tema serán las últimas debido que, a partir del lunes, será su abogado el encargado de responder por las denuncias en la Justicia con el objetivo de "no entorpecer el accionar judicial" y de poder dedicarse a la gestión.
Así, Carlos Varela Álvarez tendrá la representación del funcionario y será el encargado de demostrar su inocencia. Algo de lo que Salcedo está prácticamente seguro.
Sucede que el hombre no descarta que pueda haberse equivocado al firmar alguno de los "700 papeles" que debe rubricar por día, por lo que dice que aceptará la culpa si es que se demuestra que la tiene.
Además de insistir en que el tema se ha politizado y por eso no seguirá opinando, el jefe de la empresa de troles afirmó que no maneja "caja chica", no firma cheques "ni nada por el estilo" y que, por este motivo, no llega a comprender las acusaciones que imagina erróneas.
Con respecto al hecho de si se trata de un tema político o de una rivalidad en contra de Salcedo, Dagfal expresó que ellos no realizan política partidaria pero que -como gremio- defienden los intereses del Estado y de los trabajadores que allí desempeñan su labor.
Para ellos, la gestión de Salcedo no está a favor ni de uno ni de otros y, lo que es peor, atenta contra ellos ya que se "corroboran algunas denuncias". En este sentido, si -como se ha dicho- el Gobierno sostiene al funcionario en su puesto, Dagfal aseguró que "lo vamos a seguir denunciando por cada cosa que vayamos descubriendo ya que está destruyendo la empresa".
Por ahora, la resolución del conflicto apunta al largo plazo y está directamente relacionada con el dictamen de la justicia así como de las decisiones políticas del Gobierno.
Los Andes, 17 – 01 – 09
La Quinta Pata
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