Tal como lo habíamos anunciado en una comunicación anterior, la Comisión Directiva de la Asociación de Víctimas del Delito decidió ayer, en asamblea extraordinaria, disolver esa organización.
No obstante las razones adecuadas en el acta tales como “el desgaste con el que se encuentra el presidente, Sr. Alejandro Gil”, o “la imposibilidad de “seguir trabajando y brindando apoyo legal, psicológico y de contención constante a nuestra ciudadanía”, las contundentes pruebas reunidas en el expediente de Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado parecen ser la verdadera y única razón de este claro intento de eludir las responsabilidades por el uso indebido de los subsidios otorgados a la institución por el Ministerio de Seguridad y varias municipalidades, entre ellas la de Las Heras, comuna de donde es oriundo el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca. A continuación se brinda un detalle, inevitablemente incompleto, de los manejos ilegales de la Asociación, de los que son responsables en forma personal todos sus integrantes.
1) La acción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, realizada personalmente por su jefe, Dr. Carlos Perafita, ha constatado que la rendición de cuentas por la primera cuota ($50.000) de un subsidio de $ 150.000 otorgado para el segundo semestre en 2008, es absolutamente inconsistente.
2) En la rendición aludida se ha incluido facturas groseramente falsificadas –que inexplicablemente en el Ministerio de Justicia no han sido observadas, a pesar de ser evidente y torpemente burdas – para justificar gastos que nunca fueron realizados.
3) Que aún con la falsificación de facturas la suma total no llega a ser justificada ni remotamente.
4) Que, además de los $ 150.000 otorgados por el Ministerio de Seguridad, la Asociación había pactado subsidios de $ 24.000 anuales con varias Municipalidades, de los cuales cobró algunas cuotas.
5) También se habría constatado que el señor Alejandro Gil, en su calidad de compungido viudo de la asesinada Laura Abonassar, habría recibido un subsidio personal de la Presidencia de la Nación por unos cuantos miles de pesos.
6) Misteriosamente el libro de actas inicial de la Asociación, donde figuran pedidos de aclaración sobre el destino de los fondos de los subsidios realizados por el hace tiempo renunciado vicepresidente –Sr. Daniel Coccia (tel: 155 131701) – fue “robado” a la tesorera de la Asociación, Fernanda Vera, quien “lo llevaba en su cartera”. Cartera grande por cierto, capaz de contener un libro de ese tamaño.
7) Resulta llamativa, también, una versión que señala que la señora Fernanda Vera –tesorera de la Asociación – sería empleada o contratada de la Municipalidad de Las Heras, una de las instituciones dadoras de subsidios.
Todo lo expuesto sugiere que la disolución de la Asociación de Víctimas del Delito no responde a las causas invocadas en el acta de asamblea extraordinaria sino que es un torpe intento para obstruir el camino de la Justicia, porque su accionar constituye, claramente, un fraude al Estado
De todas maneras, esta maniobra está condenada al fracaso si es que de verdad funciona el Poder Judicial: la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tienen la obligación, según clarísimas normas de la Ley 4418, de enviar compulsa penal a la Justicia toda vez que de sus investigaciones surja la posible comisión de un delito.
Invitamos a los compañeros periodistas a consultar con los responsables de la investigación, en especial con el Dr. Carlos Perafita (tel: 449 2065), la veracidad de esta información.
SiTEA Difusión, 26 – 02 – 09
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