Atilio A. Boron
La prolongación de la crisis en Honduras no tiene un efecto neutro, pues juega a favor de los golpistas. El repudio y el aislamiento universales no conmueven a los usurpadores. Todo lo contrario: confirman su visión paranoica de un mundo dominado por comunistas, subversivos y revolucionarios que conspiran sin cesar para frustrar su patriótica empresa.
Tanto los militares como los civiles hondureños comparten ese delirio que sigue siendo alimentado, día a día, por el Pentágono, la CIA y buena parte del establishment político del imperio, para los cuales la guerra no ha terminado ni va a terminar jamás. Guerra sobre todo contra todo ese inmenso e inesperado movimiento social que se ha puesto en marcha a partir del golpe y que rebasa amplia –y tal vez irreversiblemente– los estrechos marcos de la mal llamada “democracia representativa” en Honduras.
Bastó que aquel pretendiese honrar esa fórmula para que la santa alianza abandonase en tropel las cavernas y saliera a dar batalla: allí se juntaron, para unir fuerzas, los representantes militares y políticos del imperio con la corrupta oligarquía local, la perversa jerarquía de la Iglesia Católica, las diversas fracciones del patronato y el poder mediático que este conglomerado de la riqueza y el privilegio controla a su antojo, haciendo de la libertad de prensa una broma sangrienta.
No es casualidad que el sitio web de la benemérita Sociedad Interamericana de Prensa, siempre tan atenta ante todo lo que ocurra con los medios en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, haya ocultado arteramente lo que está aconteciendo en Honduras. La resolución más importante sobre el tema de los medios, adoptada el 24 de Julio, es una condena... ¡al presidente Rafael Correa por alentar el “incesante clima de confrontación y epítetos contra periodistas, propietarios de medios de comunicación y sus empresas!”.
Ni una palabra sobre Gabriel Fino Noriega, periodista hondureño de Radio Estelar, asesinado por fuerzas paramilitares, de la cual informa la misión de la ONU enviada a investigar la situación de los derechos humanos en Honduras. La misma delegación comprobó que en Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas, constatándose asimismo el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet. La misión también corroboró el ametrallamiento de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Johnny J. Lagos Enríquez, así como contra el periodista Luis Galdanes. En la ciudad de Progreso los militares silenciaron las trasmisiones de Radio Progreso, siendo hostigado su director, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, detenido temporariamente uno de sus periodistas, mientras otros recibían amenazas de muerte. Otro caso es el de Canal 26, TV Atlántica, cuyo directivo declaró ante la misión de la ONU que los militares indicaron a los medios de comunicación del departamento que debían abstenerse de trasmitir otras versiones o informaciones que no emanasen del gobierno de facto.
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