San Juan. Integrantes de organizaciones políticas y vecinales marcharon hoy por el centro de la capital sanjuanina contra la minería a cielo abierto y la explotación aurífera del proyecto binacional Pascua Lama, en los glaciares cordilleranos. Los manifestantes se concentraron en la peatonal Rivadavia, pasadas las 18, bajo la consigna "Por un San Juan que se está despertando", y en defensa del "agua y la vida".
Además, dispusieron mesas para reunir firmas que logren "la anulación de las leyes mineras" y el impulso del proyecto original de la Ley de Glaciares, vetada a fines de 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La movilización fue organizada con motivo del Día Mundial contra la minería a cielo abierto, un modo de explotación que en la Argentina realizan Minera Bajo La Alumbrera (Catamarca), Veladero (San Juan) y Cerro Vanguardia (Santa Cruz).
Por su parte, legisladores de la Coalición Cívica y el SI, entre otros partidos de la oposición, pidieron a los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores informes sobre la situación fiscal de la trasnacional minera Barrick Gold, a cargo del emprendimiento Pascua Lama, en el límite con Chile.
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, solicitó se le informe sobre los convenios tributarios que se habrían firmado y que otorgan mayores ventajas impositivas para el desarrollo del proyecto minero a cielo abierto.
“Pascua Lama será un paraíso fiscal, que no tiene antecedentes en nuestro país. El ministro de Economía está avalando la entrega de nuestros recursos naturales y otorgando ventajas impositivas injustificables al sector minero. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el gobierno nacional demostraron comportarse como gendarmes de los intereses de las empresas mineras. Sólo falta que les ambienten una oficina en la Casa Rosada”, aseguró Fernanda Reyes, que integra la Comisión de Minería de la Cámara baja.
“En 20 años, las ganancias de la minera Barrick Gold rondarán los US$ 30.000 millones, si el precio del oro y de la plata no aumenta. No se entiende por qué, mientras se funde el campo, el gobierno otorga millonarias exenciones impositivas al sector minero y a empresas que degradan el ambiente y se llevan millones. El problema es que se trata de compañías con un gran poder de lobby y, por eso, consiguen beneficios injustificables, como el veto presidencial a la ley de Protección de Glaciares”, señaló la diputada de la Coalición Cívica.
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