¿Qué pasa cuando se achica la caja?

José Castillo

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Cada vez se escucha más hablar de la necesidad de un "ajuste". El nuevo ministro Boudou responde que no está entre sus objetivos. Pero los números son cada vez más preocupantes. ¿Cuál es la salida?

Se acaban de conocer los datos fiscales del mes de junio. Un superávit de apenas 909 millones de pesos, y obtenido mediante un pase "contable": la transferencia al Tesoro de utilidades registradas por el Banco Central. Y, encima, ese "superávit" es previo al pago de los servicios de la deuda. Si los tomamos en cuenta, tenemos entonces un déficit de 1.640,2 millones de pesos. Y estos datos no son aislados: si analizamos los números del primer semestre de este año, tenemos un superávit de 7.167,8 millones de pesos, muy lejos de los 20.309,5 obtenidos en el 2008. La tendencia, acordaríamos los economistas de todas las corrientes ideológicas, es que, de no mediar modificaciones serias en la lógica de ingresos y gastos, se va a un serio problema fiscal hacia fines de este año y comienzos del siguiente.

De qué depende la "caja"
Empecemos por lo básico. La realidad es que, independientemente de que el gobierno se niegue a reconocerlo, la recesión existente en nuestro país dice presente a través de la recaudación fiscal. Los números mensuales, en especial de la recaudación del IVA, si los deflactamos correctamente, muestran una segura y consistente caída en los ingresos tributarios mes a mes.

Pero el problema es que el panorama futuro para el oficialismo, tras los resultados del 28 de junio, claramente va a empeorar. Independientemente de cómo terminen las rondas de "diálogo político", es un hecho de la nueva relación de fuerzas parlamentaria que el gobierno nacional deberá "ceder recursos". Ya sea porque tendrá que ampliar la coparticipación del impuesto al cheque, o, además, por la alta probabilidad de que tenga que ceder algunos puntos en las retenciones de algunos de los productos agrarios (seguramente trigo y maíz). Incluso la misma derogación de los superpoderes, le impedirá al gobierno "hacer uso" de las partidas y reasignarlas con la facilidad con que lo realiza actualmente.

Los recursos a que apeló Cristina Kirchner en el último año para obtener cierta holgura fiscal no son infinitos ni sostenibles más allá del cortísimo plazo: la caja de la Anses (recordemos que tras la reestatización de las AFJP ingresaron a ese organismo 102.000 millones de pesos) no es infinita. La colocación de bonos en ese organismo para obtener fondos y así hacer frente a los vencimientos de deuda externa, o incluso para subsidiar u otorgar préstamos a empresas (llegándose al escándalo de brindársele un préstamo a la filial local de General Motors un par de días después de su declaración de quiebra en los Estados Unidos), ha producido un virtual desplazamiento de las funciones de la Anses. Hoy, más que el organismo de los jubilados, se ha convertido en un proto "banco de desarrollo". Es evidente que ello no es sostenible en el tiempo.

Otras alternativas
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Otra de las "cajas" financieras que se está utilizando, como señalamos más arriba, es la del Banco Central. La realidad es que ya el Estado nacional ha utilizado todo los fondos que legalmente puede apropiarse anualmente desde este organismo. Por supuesto que siempre es posible generar alguna nueva ingeniería financiera para hacerse de algo más de la apetecible caja de 45.000 millones de dólares de reservas. Pero no debemos olvidar que el BCRA también está bajo otro fuego: debe sostener el tipo de cambio, haciendo frente a una fuga de divisas que, desde fines de 2007, ya asciende a un equivalente de la casi totalidad de sus reservas (40.000 millones de dólares). No es posible pensar en las reservas del Banco Central como una simple "caja" de financiamiento del Tesoro.

Finalmente, en los últimos meses se ha recurrido a algunos mecanismos de financiamiento desprolijos, como "pisar vencimientos" de contratos, y retrasar devoluciones de impuestos o subsidios ya otorgados. Pero esto tampoco es infinito: está creando numerosos conflictos con empresas que otrora operaron como "amigas del gobierno".

Se ha hablado en estos días de algún nuevo manotazo de ahogado para ampliar los ingresos públicos: ¿se creará finalmente un impuesto a la renta financiera, inexplicablemente inexistente? El autor de este artículo no lo ve como muy probable (aunque en el marco de los "bandazos" del gobierno no es descartable). Pero daría la impresión de que sería menos conflictivo la colocación cuasi-forzosa de algún nuevo "bono" entre las empresas del sector. Lo concreto es que aún esto tiene un límite.

¿Y el aumento del gasto?
Los economistas más ligados al establishment económico hacen eje en el "crecimiento" del gasto público de los últimos años. Pero eso no es necesariamente un problema. La cuestión no es si el gasto aumenta o no. Un monto creciente producto de aumentos reales a los jubilados o a los empleados públicos, o de mejoras en los servicios de salud o educación pública, no sólo sería aceptable por lo que conlleva en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo, sino incluso por el efecto multiplicador de las mayores capacidades de consumo que se generarían. Pero lamentablemente, el incremento del gasto en los últimos años se ha concentrado en mayores subsidios a grandes empresas (privatizadas, del transporte en general, incluso a los monopolios exportadores tan denostados por el propio gobierno), o a los pagos de deuda externa.

Lo que sucede ahora es que, además del ya citado "frenazo" a los pagos ya devengados, es evidente que el gobierno no puede seguir otorgando subsidios como lo hizo en los años anteriores. Esta fue, en particular con las empresas de servicios públicos privatizadas, la forma con que se le siguieron garantizando sus ganancias estos últimos años, mientras se evitaba aumentos desmesurados de tarifas. Pero el fin de esto significa la llegada de los tarifazos, tal como ya lo vienen denunciando muchas organizaciones de usuarios.

La deuda externa
Si los subsidios fueron una parte importante del incremento del gasto en estos años, el otro ha sido, independientemente de que se lo ha querido disfrazar, los pagos de deuda externa. Los Kirchner han sido los que más deuda en efectivo han pagado de 1983 a esta parte. Ahora, estando cerrado el acceso al crédito internacional, salvo fondos preasignados del Banco Mundial y el BID, y no encontrándose Venezuela en condiciones de seguir prestándole a nuestro país (como lo hizo en los primeros años de Kirchner), el gobierno se juega a improbables accesos al mercado internacional de créditos vía la "vuelta de la confianza". Para eso, desde hace casi un año, evalúa distintas alternativas para cancelar la deuda con el Club de París (6.000 millones de dólares) o reconocer a los acreedores que quedaron fuera del canje de comienzos del 2006 (los llamados "hold outs", que suman entre capital e intereses un monto de casi 30.000 millones de dólares). El problema de estas opciones es que, en todos los casos, implican primero efectuar desembolsos en efectivo de varios miles de millones de dólares, antes de que se abra alguna probabilidad de financiamiento futuro.

Con todas estas canillas cerradas, aparece cada vez como más probable la "vuelta al FMI". Recientemente, una ampliación del capital del organismo, le permitió a nuestro país incrementar sus reservas en 2.500 millones de dólares. Pero esto fue absolutamente extraordinario y no volverá a repetirse. El gobierno está encerrado en una contradicción: mientras algunos líderes políticos oficialistas continúan asegurando que "de ninguna manera" se volverá a recurrir al FMI, por otro lado hay contactos concretos tanto de miembros del Banco Central como del Ministerio de Economía que, bajo la pantalla de que el Fondo "habría cambiado" y que podríamos acceder a préstamos sin condicionamientos, están trabajando en el otorgamiento de montos para nuestro país.

Cambiar la lógica
Sin modificar todos estos parámetros vamos al ajuste más temprano que tarde. Poder plantear las cosas de otra manera implica cambiar radicalmente el juego de ganadores y perdedores de la política fiscal. Se trata de construir otra estructura tributaria, que le cobre realmente impuestos a los que más tienen, mientras elimina nuestro escandaloso IVA. ¿Qué pasa si tuviéramos un impuesto a las ganancias de verdad, donde efectivamente los que más tienen más pagan, un impuesto a las superganancias, a la renta financiera o a la herencia, por dar sólo algunos ejemplos? Y del lado del gasto: ¿cómo cambian los números si cortamos de raíz los escandalosos subsidios? Y, por supuesto, de una vez por todas, ¿no será la hora de dejar de pagar la escandalosa, ilegal e inmoral deuda externa? Increíblemente así no sólo se reduciría el riesgo de un rojo presupuestario: incluso quedaría una importante masa de recursos para volcarlos a empleo, jubilaciones, salud y educación. Sería la forma de empezar realmente otro modelo económico, al servicio de los trabajadores y el pueblo.

*Economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

La Arena, 24 – 07 – 09

La Quinta Pata