Eduardo Ayassa
Aunque se esperaba que en 2009 hubiera algún debate en Mendoza, todo indica que al final no ocurrirá. Hay cuatro causas listas.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza está preparado y listo para comenzar con los juicios contra represores de la última dictadura militar. Sin embargo todavía se deberán resolver algunos planteamientos sobre sus integrantes que, una vez confirmados, quedaría integrado con Juan Antonio González Macías, como presidente; Héctor Fabián Cortez (en remplazo de María Estela Blanco, quien se autoexcluyó) y el recientemente designado Waldo Piña. Pero esta demora seguramente hará imposible que este año se inicie algún debate, como se esperaba que ocurriera.
Ellos se encontrarán con 15 causas en trámite, cuatro de las cuales están listas para ser tratadas en debate, pero como en todas está imputado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, se complicaría su inicio. Hoy el ex titular del III Cuerpo de Ejército está siendo juzgado en la ciudad de Córdoba por segunda vez, mientras que la Justicia de Tucumán tiene previsto iniciarle otro juicio el 15 de febrero próximo. Sin embargo acá se especula con la posibilidad de comenzar a ser tratadas las causas, sin el militar, dejando su presencia para el final, algo posible pero que todavía no está resuelto.
El otro tribunal (el N° 2), conformado por Jorge Roberto Burad como presidente, Roberto Julio Naciff y Héctor Fabián Cortez, tratará las causas originadas en San Rafael. Sus tres miembros fueron recusados, pero la Cámara finalmente los confirmó, rechazando la recusación por “falta de fundamentación”. Ahora el planteo debe definirlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya tiene en sus manos el primer expediente para comenzar el juicio que se desarrollará en el sur mendocino.
Sin Cámara
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tiene en estudio 160 compulsas que llegan desde el Juzgado Federal N° 1, pero hasta ahora no pudieron ser elevadas, por cuanto la Cámara no está integrada. Con Carlos Pereyra González jubilado (después de que fuera acusado de haber tenido conocimiento sobre apremios ilegales en San Luis durante la dictadura), la autoexclusión de Alfredo López Cuitiño, sólo queda en funciones Julio Demetrio Petra pero, al igual que todos, pesa sobre él un pedido de juicio político y una recusación por parte de los abogados ligados a organismos de derechos humanos. Ambos planteamientos aún no tienen definición.
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