Ramón Ábalo
En la Historia universal de la infamia, de Borges, si fuera en realidad un catálogo puntual del lado oscuro de la humanidad, no están todos los que deberían estar. Tampoco en el listado de "buchones" que transcribió recientemente la Revista 23, componentes del nefasto Batallón 601 de inteligencia del Ejército, que sirvieron a la dictadura en la tarea de eliminar a "los delincuentes subversivos". No está el Diario Uno, de Mendoza, en ninguna de las versiones de la infamia, pero en democracia cumple el cometido de servidumbre a los genocidas. Una nota aparecida en dicho medio, sirvió en bandeja a la complicidad jurídica para que se intente - una vez más - abortar el comienzo del primer juicio oral a los genocidas en Mendoza, con fecha para el 1ro de julio próximo, en la órbita del Juzgado Federal de San Rafael. Fue el relato de la crónica de la conferencia que dio el 20 de abril pasado el periodista porteño Horacio Verbitsky y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), respecto a los jueces federales de Mendoza, como Miret y Romano, duramente cuestionados por su evidente complicidad con el terrorismo de Estado. Lo que resalta la nota no es tanto el meollo de la conferencia sino la presencia de uno de los jueces que compondrán el Tribunal Oral que tendrá a su cargo la apertura de los juicios en San Rafael.
El medio de los Vila-Manzano reitera su identidad cómplice, pues la nota recién aparece varios días después de la jornada protagonizada por Verbitsky. Fue una movida preparada para salir a la opinión pública en el momento justo, que fue inmediatamente después de haberse confirmado el 1ro de julio como fecha para iniciar las acciones contra los genocidas. No estuvo desacertado el disparo mediático, pues fue aprovechado por uno de los defensores sentados en el banquillo de los acusados, o sea el abogado Carlos Reig, quien aprovechó la "bolada" para de inmediato presentar una recusación a los jueces ya designados para integrar el Tribunal sureño.
Está claro en la nota del Diario El Sol, del viernes 14 pasado, del periodista Daniel Calivares. En el primer párrafo nuestras aseveraciones quedan confirmadas: "Se venía venir. Al menos era el comentario en los Tribunales Federales a fines de la semana pasada y a principios de esta. Tras una nota aparecida en el diario Uno, que se refería a que dos magistrados de la Justicia federal y un fiscal habían asistido a una conferencia del presidente del CELS, Horacio Verbitsky, que fue organizada por la Universidad Nacional de Cuyo, se esperaba que llegaran las recusaciones, con esa nota como argumento [el subrayado es nuestro]. Esta situación ahora pone en riesgo el comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad que debe iniciarse el 1ro de julio en San Rafael y que sería el primero de este tipo. La nota periodística -prosigue Calivares - relataba que los jueces Juan Antonio González Macías, Héctor Cortez y el fiscal especial para delitos de lesa humanidad, Omar Palermo, habían asistido a la conferencia dada por Verbitsky el 20 de abril, aunque Palermo no fue. El argumento de la información con la supuesta incompatibilidad entre el papel que tienen los magistrados y escuchar al periodista, un militante de derechos humanos cercano al gobierno nacional".
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