Ramón Ábalo
No lo será en los juzgados federales de la capital de Mendoza, sino en la sureña ciudad de San Rafael. En aquella jurisdicción - la capital - la mendacidad de los encargados de hacer justicia: jueces, fiscales, camaristas - con algunas excepciones, que las hay - el clamor de los familiares de las víctimas, los escraches por parte de los organismos de derechos humanos y sus exigencia de verdad y justicia, como asimismo de gran parte de la sociedad mendocina - el 24 de marzo último, 10.000 personas, sino más, estuvieron en la calle reclamando por esa justicia, sin que haya respuestas concretas, las que solamente deben ser con el inicio de las causas, que en más de cien, esperan sentar en el banquillo a decenas de acusados de crímenes de lesa humanidad.
Será, repetimos, en el ámbito del Juzgado Federal de San Rafael, donde se dará inicio este 1ro. de julio, a un juicio oral y público por las víctimas de secuestro y desaparición en los casos de Tripiana Funes, Sandoval y otros. En estas causas están acusados Luciano Benjamín Menéndez, que fuera jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el oficial Burguer, el ex-comisario de la Policía de Mendoza, Luis Soppe; uno de los más altos jefes policiales del D2, J.Mússere, y el médico forense C.Egea.
Los miembros del Tribunal Oral son los camaristas Burad, Cortez y Nacif, que habían sido cuestionados por uno de los defensores de los acusados, pero que no corrió en las instancias correspondientes, una de las triquiñuelas jurídicas que han prevalecido para alargar los tiempos. Esta vez no pasó.
Leer todo el artículo Presiones Los prolegómenos han estado llenos de presiones externas para que no se iniciara este juicio, como fueron las amenzas a la testigo Alicia Morales, y hace unos días a la detención de un grupo de jóvenes comunistas que estaban haciendo pintadas en muros de la ciudad de San Rafael.
Fueron dejados en libertad a las 4 de la mañana, pero fue una clara muestra de resistencia a la decisión de llevar, por fin, a juicio a esos acusados de ser parte y ejecutores del genocidio en esta provincia. En los documentos de los organismos de derechos humanos se contabilizan una treintena de desapariciones en el sur de Mendoza, o sea San Rafael y General Alvear. Paradojalmente, uno de los centros de detención clandestino fue un espacio del Juzgado Federal de San Rafael, como asimismo en el cuartel de bomberos. Por otra parte, los organismos de DDHH están tomando recaudos para enfrentar aberraciones que se pueden presentar incluso si se dictan sentencias y penalidades, teniendo en cuenta lo ocurrido en otras jurisdicciones como se advierte: "El Tribunal Oral No. 5 porteño, que condenó al general Jorge Olivera Róvere...absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos...se trata de los jefes del Regimiento de Infantería Patricios...el coronel Humberto José Lobaiza, acusado de 83 secuestros, y del general Teófilo Saa, acusado de 23 hechos aberrantes contra militantes populares. También resultó absuelto el coronel Felipe José Alespeiti, imputado por 34 secuestros".
Miret dejó de ser un preclaro académico Ha dejado de ser profesor de ética jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Luis Miret. La decisión la tomó el rector de dicha Univesidad, Arturo Somoza, revocándole el contrato que tenía Miret y que vencía a fin de año. La resolución tiene que ver con todos los testimonios que se aportaron desde los organismos humanitarios y las exigencias del alumnado de dicha Facultad, que testificaban terminantemente su rol de haber sido - y siguió siendo - un juez enrolado activamente en la causa del terrorismo de Estado. Lo de Somoza fue una decisión avalada en conjunto por el Consejo Superior de la UNCuyo, teniendo en cuenta que "los cuestionamientos recibidos por Miret sobre su rol en la dictadura y que generaron un clima que resulta inadecuado para una casa de altos estudios".
Vale señalar que el ya ex-académico está también acusado penalmente por un juicio iniciado por los abogados de los organismos, Pablo Salinas, Diego Lavado y Alfredo Guevara (h). Esta causa lo podría declarar como un cómplice real de los ejecutores del terrorismo de Estado.
Censo de ex-presos políticos desde 1955 Las ex presas y ex presos políticas mendocinas/nos de la dictadura han concretado la realización de un censo de los que sufrieron cárceles y vejámenes desde 1955, o sea abarcar no solamente los que sufrieron la persecución por la dictadura del '76. La idea es obtener datos precisos de cuál es el presente socioeconómico de esos ex-detenidos y a partir de allí lograr políticas públicas que puedan contenerlos. Uno de los expresos, Fernando Rule, afirmó que hubo 527 detenidos en la Penitenciaría provincial que estaban "blanqueados", pero que no hay registros de los que fueron alojados en otros centros de detención, como en los calabozos del D2 (inteligencia de la Policía) en el Palacio Policial ubicado en calle Belgrano y Peltie, de Ciudad.
En la nómina de las víctimas mendocinas figuran cinco bebés apropiados, uno de ellos de la actual presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, María Domínguez. Hasta el presente, todos los diligenciamientos han sido infructuosos para dar con algunos de ellos.
La Quinta Pata, 27 – 06 – 10
La Quinta Pata
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