Las organizaciones que venimos trabajando en la provincia por los derechos de lesbianas, gays y personas trans, convocamos a la prensa a fin de expresar nuestra posición a propósito del debate social que ha generado la modificación del Código Civil que posibilitará el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Este proyecto ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento el día 14 de julio en la Cámara de Senadores.
Dada la existencia de un sector extremadamente conservador, con mucho poder económico y político que se ha manifestado en contra de este proyecto, las organizaciones queremos aclarar algunos puntos confusos, a fin de poder establecer un debate claro, dilucidando las verdaderas razones que hacen necesaria la aprobación de esta ley.
Gays, lesbianas y trans ya existimos, ya convivimos, ya compartimos bienes, ya nos acompañamos en nuestros problemas de salud, ya construimos nuestras familias y ya cumplimos con nuestros derechos y obligaciones en la sociedad. Esta ley viene a
regular situaciones ya existentes y a dar un marco legal a realidades que vivimos.
En un estado constitucional de derecho, el respeto por los derechos humanos es uno de los valores fundamentales. El derecho a formar una familia, es sin duda, un derecho humano fundamental, que le pertenece a todas las personas por su calidad de tales.
Negar estos derechos a las personas por su condición sexual o su identidad de género es violatorio de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación y hace responsable internacionalmente al Estado Argentino por el incumplimiento de los tratados vigentes.
Respecto a la polémica que desata la posibilidad de que gays, lesbianas y trans accedamos a la adopción, se hace necesario aclarar que la ley en la Argentina ya permite la adopción a personas solteras sin especificar su orientación sexual o su identidad de género.
Lo que la modificación del Código Civil permitirá es que los niños, niñas y adolescentes (que ya existen) puedan ser coadoptados y accedan así a los mismos derechos que tienen los hijos de parejas heterosexuales. No pueden seguir restringiéndose derechos a niñas, niños y adolescentes sólo porque crecen en familias homoparentales o lesboparentales.
Leer todo el artículoUn niño o una niña necesitan amor, protección, cuidado y educación. Y esto no depende de la identidad sexual de los padres, sino de su calidad humana.
Lo que se debate en este momento es la reforma de una ley que, como tal, debe amparar a todas y a todos. No debemos caer en la confusión que se pretende generar: el matrimonio civil es un derecho constitucional y no un sacramento religioso.
Afirmamos también, que esta propuesta legislativa tiene un gran consenso social. Amplios sectores representativos de la cultura, académicos, políticos, de los derechos humanos y del arte han expresado su apoyo a esta reforma, y nos están acompañando.
Por el contrario, una parte de la jerarquía eclesiástica y sectores conservadores afines, pretenden como respuesta a este debate, la realización de audiencias consultivas y hasta la posibilidad de realizar un plebiscito.
Nosotros y nosotras decimos:
los derechos humanos no se plebiscitan y es el Estado quién debe garantizar los mismos derechos a todos los habitantes de un territorio.
Cuando estos derechos se ponen a consideración de los distintos grupos sociales a través de este tipo de consultas se ofende e insulta a la comunidad de lesbianas, gays y trans, se menosprecia la representatividad de los senadores y las senadoras nacionales electos/as por el voto popular y se atenta contra el ejercicio de la democracia.
A nadie se le ocurriría en la actualidad plebiscitar, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, el derecho al divorcio, los casamientos interraciales o la prohibición del acceso a la educación de judíos o afrodescendientes.
Respecto a las audiencias públicas, creemos que es una gran trampa a la que nos quieren llevar, ya que no solo no corresponde consultar a la población “si está de acuerdo con que se respeten o no los derechos humanos”, sino que se han organizado de manera tal que no sean representativas y solo puedan expresarse las voces de quienes están en contra. En primer lugar porque estas audiencias han sido propuesta por la Senadora Liliana Negre de Alonso, reconocida militante en contra de los derechos humanos. En segundo lugar porque de las audiencias que ya han acontecido en otras provincias pudimos comprobar lo que sospechábamos: la palabra no se repartió democráticamente.
En este sentido nos solidarizamos con las organizaciones LGTTB de la provincia de San Juan y repudiamos el accionar del gobernador quien no solo se manifestó públicamente en contra de este proyecto si no que fomentó la marcha que se hace en contra, dando asueto a la administración pública y justificando las faltas en los colegios.
El próximo lunes, 28 de Junio, se llevó a cabo en nuestra provincia esta audiencia que denunciamos.
El 28 de junio fue además, el Día Internacional del Orgullo lésbico, gay, transexual, travesti y bisexual, que recuerda una jornada de lucha, en donde nuestra comunidad se puso de pie para defender sus derechos.
Hoy a 41 años de Stonewall, es increíble que estemos discutiendo si somos o no sujetos de derecho.
La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia , la lesbofobia y la transfobia, sí. Vanguardia Queer, Redess Nueva Frontera, Colectiva Ultravioletas, Diversidad Universitaria, Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual CECPYS (Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas), Colectiva La Cortina, ACIDS (Asociación Ciudadana para la Integración de la Diversidad Sexual), OMIN (Organización Mendocina de Integración de Minorías sexuales), OIC (Organización Identidad y Conciencia), Diversidad Socialista, D más I (Diversidad más Igualdad)
Adhieren: INADI, Asociación Madres de Plaza de Mayo y Frente de Apoyo a Madres de Mendoza, María Susana Muñoz (Casa por la Memoria y la Cultura Popular), María Angélica Escayola (Partido Polo Social), Raquel Blas (ATE), Graciela Cousinet (Vicedecana Facultad Ciencias Políticas), Alejandra Ciriza (Campaña Nac. Por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito), MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Sofía D’Andrea (Juanas y las Otras), Ernesto Suárez, Gladis Ravalle, Mariú Carreras (Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas), Ana Montenegro (Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas), Vilma Rúpolo (Asoc. Ex presas y presos políticos de Mendoza), Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, Libres por las diversidades, Federación Ecuménica de Mendoza, Marcelo Stern (Observatorio de DDHH de la Nación), Barrios de Pie, Mujeres de Pie, Manuel Liberal (Partido Socialista Mendoza), Movimiento Universitario Sur, Movimiento Libres del Sur en Proyecto Sur.
La Quinta Pata, 03 – 07 – 10
La Quinta Pata
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