Penélope Moro
En general, los mismos sectores que interponen su proclama por un “debate amplio” cada vez que se plantea un proyecto orientado a legalizar íntegramente el aborto, o al menos a respetar su limitado carácter de no punibilidad, no ceden jamás un espacio destinado a habilitar una discusión seria a cerca del tema.
En este sentido, la incongruencia que destilan los mayores interesados en eternizar las condenas para las mujeres que deciden no continuar con un embarazo no planeado, queda al descubierto cuando ante el flagrante incumplimiento de la Ley Nacional Nº 26150 de Educación Sexual lo único que hay es solo silencio. Ellos son los responsables de la desprotección de las 80 mil mujeres que anualmente, como último recurso, acuden en busca de auxilio a hospitales públicos debido a las severas secuelas producidas en sus cuerpos por abortos realizados de manera clandestina. Se constituyen en los garantes por excelencia de la injusticia social que cada año se cobra la vida de un centenar de ellas, todas pobres y jóvenes impedidas de costear las mínimas condiciones de salubridad para efectuarse una intervención médica que no represente riesgos, como sí lo hacen, aún en términos de ilegalidad, las más pudientes.
En consonancia, los grandes medios, representantes activos de los sectores sociales reaccionarios, rara vez visibilizan la problemática, y cuando lo hacen la construyen bajo la fuerza simplificadora de la “polémica”, tal como sucedió en los últimos días frente a la refutada novedad de la resolución ministerial sobre la Guía de Abortos No Punibles. El asunto terminó convertido en un festín mediático para la prensa hegemónica abocada a la campaña de desprestigio contra el Gobierno nacional con el fin de salvaguardar intereses corporativos propios. En tanto, en el medio permanecen las invisibles, expuestas una vez más al grave peligro que representa la omisión.
A partir de la triunfante lucha sobre la Ley del matrimonio igualitario, quedó demostrado que cuando se trata de extender derechos humanos a personas despojadas de ellos, no hay debate social que tenga razón de ser. No obstante, esta no deja de ser la excusa predilecta del poder político, para el cual “nunca” es el “momento adecuado” para dar lugar a la “tan pretendida” discusión sobre la despenalización del aborto.
Por su tradición conservadora resulta poco creíble, pero Mendoza está ante la posibilidad histórica de convertirse en una excepción a la regla. Solo depende del pronunciamiento de sus senadores la oportunidad de efectivizar derechos que la legislación argentina no condena. Aunque acotado, este camino deparará para las mujeres una realidad menos injusta. Luego, habrá que continuarlo hasta llegar a la meta: una verdadera democracia que contemple el derecho a decidir.
Río de Palabras 28, 29 – 08 – 10
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