Ramón Ábalo
Los genocidas militares del '76, pese a artimañas leguleyas e institucionales - las leyes de impunidad - como tampoco los civiles cómplices - caso Cavallo y Martínez de Hoz - no han podido borrar las huellas de sus tropelías. Puede percibirse muy claramente que no han podido vencer la naturaleza humana en la búsqueda constante de los valores que les permita la recuperación de sus libertades y toda clase de derechos para una existencia plena y digna. Tiene que ver con que esa porción de humanidad, y concretamente argentina, que manifiesta, tras las caídas y derrotas, por ejemplo, que asume en conciencia ser a tener. Esa conciencia colectiva argentina que empieza a ser coherente con las exigencias éticas para la construcción de un nuevo país con el alto valor agregado de la solidaridad. Así de simple. Y claro, en ese alto de la ética aparecen cotidianamente las manifestaciones concretas de ello en el plano de la testificación para que los genocidas del '76, algunos ya en el banquillo de los acusados, reciban el condigno castigo de la sociedad y la justicia. Testimonios que significan vencer el miedo, el temor y las contradicciones en seres sencillos, humildes pero de una fuerte consistencia moral y solidaria, porque de lo que se trata es de reivindicación de los desaparecidos, los asesinados, los torturados y los decenas de miles de excluidos. Y esta recuperación se manifiesta ostensiblemente por un marco institucionalizado de la democracia y el Estado de Derecho, valores potenciados por políticas concretas del mismo Estado, representado por un gobierno con un perfil nacional, popular y antiimperialista.
Veamos algunos hechos:
Los restos de la joven mexicana Cristina Civaleceta y del francés Yves Domergue, desaparecidos ambos durante la dictadura, fueron identificados tras pasar 34 años enterrados , sin nombres, en el cementerio de Melincué, un pueblo rural de Santa Fe, a 340 kms. de la Capital Federal y con una población de 2.400 habitantes. Tras décadas de búsqueda, el círculo se cerró gracias los pobladores, entre ellos un ex-empleado del juzgado local, que protegió el expediente, Jorge Basaino, de 61 años de edad; y la profesora Juliana Cagrandi, de 48 años, que en el 2003 instó a sus alumnos de último año de la escuela media, a investigar este caso. Tras emprender el trabajo, estudiantes y docente no pararon hasta que la Sección de DDHH de Santa Fe, intervino en la investigación y se llegó a la conclusión, juntamente con el juez de Milincué, Leandro Martín (34), según se anunció oficialmente, el 5 de mayo último, a la identificación de la pareja. Este hecho, en que fueron sectores de la población los que hicieron las principales investigaciones del caso, mereció ser resaltado en forma pública y ante familiares de las víctimas, como también de los embajadores de México y Francia.
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