El 4 de agosto último se realizó una reunión entre las cúpulas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) que se suma a las que tuvieron lugar en la inauguración de la Sociedad Rural para aplaudir el retrógrado discurso del presidente de esa entidad Hugo Biolcati quien poco después compartió un almuerzo con el Grupo de los 6.
En el comunicado de prensa la UIA y AEA destacaron el enorme potencial productivo de la Argentina y la oportunidad que presentan los mercados mundiales ante una demanda fuerte y sostenida de nuestros productos, tanto primarios como industriales.
Esa afirmación positiva fue el preludio para el reclamo permanente acerca de “la seguridad jurídica, reglas de juego estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada”. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señala que para los grandes empresarios seguridad jurídica significa superganancias sin límites y, así como Biolcati equipara patria con Sociedad Rural, se suman UIA y AEA para arrogarse en conjunto la representación de más de 1.500.000 unidades productivas del país.
La economía argentina está fuertemente concentrada y extranjerizada. De las quinientas primeras empresas, trescientas treinta son extranjeras. La consulta de los balances indica que en la última década sus utilidades han sido notablemente altas y en lo que va del año han girado a sus casas matrices varios miles de millones de dólares lo que no parece congruente con un marco de inseguridad jurídica como el que las alarma. Mientras tanto imponen, como formadoras de precios e importadoras de los principales insumos básicos, rigurosas condiciones a las Mipymes locales.
Un ejemplo de lo que entienden por ese término está dado por el rechazo que les produce la posible restitución de aportes patronales – que no incluye a las Mipymes – en niveles previos a los de 1993 para contribuir a fortalecer el régimen previsional.
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