Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Ética (C.E.D.H.E.)
Luis Francisco Miret es camarista federal y ex docente de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Está procesado por el Juez Federal Walter Bento por más de 31 crímenes de lesa humanidad.
Luego de su expulsión de la Universidad, recurrió al Conjuez Santamaría para que lo repusiera al frente de las aulas. Santamaría le concedió, en forma irregular, una cautelar que lo repone a pesar del malestar, la indignación y el repudio de toda la comunidad universitaria. Miret controla la Justicia Federal de la que es parte desde hace más de 40 años. Así, hace uso de sus influencias utilizando al aparato judicial en provecho propio.
De esta manera, defendiendo sus privilegios, consuma un ataque más a nuestra Universidad. La resolución de Santamaría es clara muestra del tergiversado sentido de justicia que anima al camarista y a sus amigos, porque viola el art. 1 de la Constitución al asumir funciones ejecutivas y avanzar sobre materia no judiciable, imponiendo a la Universidad la contratación de Miret por tiempo indeterminado, afectando los recursos del Estado, lo que además prohíbe el art. 195 del CPCCN, entre otras irregularidades del fallo.
El contrato de Miret terminaba en diciembre. La universidad, en uso de sus facultades, rescindió el contrato y pagó todos sus honorarios, por lo tanto no hay derecho vulnerado. Sin embargo, Santamaría lo reincorpora en condiciones de privilegio inadmisibles, excediendo la pretensión original del propio Miret y afectando el derecho de los demás docentes.
Como estudiantes de Derecho de la Universidad Pública, impugnamos éticamente a quien está procesado por crímenes de lesa humanidad y predica el terrorismo de estado en sus clases.
No aceptar como docente a este personaje siniestro es una necesidad y una obligación de todo ciudadano realmente comprometido con una convivencia pacífica y democrática que repruebe la violencia y el autoritarismo como condiciones de vida en una sociedad.
Esta lucha constituye un avance necesario del colectivo social hacia la consolidación democrática y la construcción de instituciones sociales y políticas que reproduzcan verdaderos valores cívicos. Por eso, esta iniciativa ha generado la adhesión de los más diversos actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Universidad.
Estamos convencidos que nuestros legítimos derechos deben defenderse con altura, firmeza y convicción, contraponiéndolos a la maniobra artera de los impunes que pretenden victimizarse para obstaculizar la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria colectiva de nuestro pueblo para la realización de la justicia. Esta tarea de todos, impulsada hoy por los estudiantes, contiene un alto valor formativo y honra genuinamente una verdadera excelencia académica, la cual reivindicamos como base fundamental de una sociedad más justa e igualitaria.
Río de Palabras 29, 09 – 09 – 10
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